Por compartir en Facebook una noticia sobre las largas colas para conseguir comida que se han formado en Cuba durante la pandemia, la periodista Camila Acosta fue multada y se le confiscó su teléfono móvil. El motivo: incumplir el Decreto 370 "sobre la información de la sociedad en Cuba" según el cual está prohibido "difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

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La organización Prisoners Defenders considera que este decreto, que entró en vigor el 4 de julio de 2019, es una nueva forma de "normalización legislativa de la represión de la libertad de expresión en Cuba en el único reducto que les quedaba", internet, y que la "ferocidad" con la que se aplica contra disidentes, periodistas independientes e incluso funcionarios, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad.

Por esa razón, el pasado 8 de junio interpusieron una denuncia ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ya ha sido aceptada y de la que esperan una resolución en menos de cuatro meses. 

"El Decreto-Ley 370, es solo la punta del iceberg de Cuba para coartar la libertad de expresión", afirmó el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en la rueda de prensa convocada para dar a conocer la denuncia. "Define que quiere consolidar el uso y desarrollo de las TIC como instrumento para la defensa de la Revolución, si en España Telefónica hubiese puesto este objetivo entre sus metas, hubiésemos tenido miedo".

Multas y penas de cárcel

Entre las sanciones que se pueden imponer en caso de incumplir el decreto está una multa de 3.000 pesos, una cifra inalcanzable para gran parte de la población que vive al día y donde el salario medio mensual es de 16 dólares. Pero lo peor es lo que ocurre si no pagas la multa. 

Camila Acosta denuncia el acoso que sufren los periodistas independientes como ella en Cuba. Facebook

"El Código Penal -artículo 170.1- pone la guinda a esta represión, establece la cárcel para quien no paga. Este es el gran sistema que ha montado el Gobierno cubano para controlar la libertad de expresión", lamenta Lorranda. Según los datos que maneja Prisoners Defenders, el 10% de los presos políticos en Cuba están condenados a más de dos años y nueve meses de media, por el impago de las multas. 

Además, junto con el Ministerio de Comunicaciones y de Interior, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias las que "garantizan la regulación, control y fiscalización para asegurar el cumplimiento de lo que establece el presente Decreto-Ley".

En lo que llevamos de año más de 30 opositores cubanos han sido multados pero es que también hay decenas de amenazados, pues las sanciones económicas y la pena de cárcel van precedidas muchas veces de coacciones por parte del régimen.

Camila Acosta denuncia que las medidas de represión se han incrementado durante la pandemia y "en el mes de abril, en el peor momento de la crisis, se impusieron unas 12 multas". "No a todos les han presentado pruebas para imponer la multa, se busca un efecto ejemplarizante. En mi caso los supuestos inspectores inspectores del Ministerio de Comunicación me lo dijeron por las claras: nosotros revisamos todo lo que ustedes publican en redes sociales", cuenta Acosta.  

Esta periodista del medio independiente, Cubanet, es una de las 33 personas -10 amenazadas y 27 multadas- que forman la denuncia de Prisoners Defenders. A través de entrevistas, documentación probatoria, imágenes y un formulario online, atestiguan la violación de los derechos humanos que se comete con el Decreto 370 o "ley del azote", como ha sido bautizado.

Nombre de las 33 personas que han presentado su caso en la denuncia de Prisoners Defenders.

Acosta relata otros casos como el de Ángel Mario Peña, que no pertenece a ninguna organización política opositora pero "por denunciar en su Facebook el desalojo de una familia en su localidad le impusieron la multa". O el de Yantiel Gutiérrez, un joven que también fue multado por ser uno de los promotores de una campaña nacional que abogaba por la bajada de precios de acceso a internet en cuba.

"Tratan de fiscalizar internet que para los cubanos ha sido ese espacio de libertad del que hemos carecido por más de 60 años", subraya.

Críticas al pacto de la UE con Cuba

Acosta critica el acuerdo de diálogo político y cooperación al que llegó la Unión Europea con Cuba en 2016 y que se basa en el fomento de respeto a los derechos humanos. "El régimen de Cuba se burla de todos estos acuerdos internacionales, es como pactar con un mafioso. Es muy ingenuo pensar que con darle la mano se va a resolver la situación, de alguna manera los gobiernos que hacen eso se convierten en cómplices de la dictadura", afirma.

En este sentido, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, también presente en la rueda de prensa, confirma que dicho acuerdo "hasta ahora ha fracasado". "Desde que entró en vigor en 2017 desgraciadamente no se ha producido el cambio positivo en Cuba que muchos esperábamos. Peor aún, hemos visto una nueva ola de represión. La poca libertad de expresión de los cubanos está siendo aplastada con esta ley".

Asimismo, reprocha la respuesta "generalmente muy floja" que ha dado la UE a este problema y asegura que al nivel del alto representante de la UE, cargo que actualmente ostenta el español, Josep Borrel, "no se han utilizado las herramientas que tienen para responder a estas violaciones tal y como el Parlamento Europeo (PE) les ha exigido". 

La "hipocresía obscena" del PE

Javier Nart, eurodiputado por Renew Europe y vicepresidente de la Delegación del PE para las relaciones con los países de América Central y Cuba, va más allá y considera que la "cláusula democrática" del acuerdo europeo-cubano representa una hipocresía obscena por parte del Parlamento. 

"Cuando veo Cuba veo lo que era la España de Franco. "Eso de ser 'contrario a la moral'. ¿Qué es la moral? ¿Cuál es su moral? Pueden ser sus intereses económicos y políticos. ¿Las buenas costumbres? ¿Qué es esto? Es tan reaccionario que es casposo, ni los conservadores del siglo XIX eran capaces de decir 'las buenas costumbres'. Me recuerda al franquismo más rancio de los años 40".

Nart sostiene que en Cuba no se ha producido ningún "movimiento de regeneración hacia principios democráticos" y por eso "esta situación obscena de absoluta represión va unida a una situación de hipocresía obscena del PE". "Cuando se produjo el acuerdo yo dije: 'Miren, en España había una película que decía Por qué le llaman amor si lo que quieren es sexo. O sea, por qué queremos hablar de derechos y libertades en Cuba si lo que queremos son negocios'".

El eurodiputado está a favor de eliminar el artículo segundo (la cláusula democrática) que él denomina "cláusula hipócrita" porque "se lo aplicamos con absoluta eficacia a Ruanda pero somos incapaces de aplicarla en otros lugares donde los vientos son sólidos. En consecuencia el ser fuertes con los débiles y débiles con el fuerte".