La semana pasada, la Unión Europea (UE) declaró que la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía en los EEUU fue un "abuso de poder" y solicitó una desescalada inmediata de las tensiones. Fue una intervención importante y muy bienvenida por parte de una organización que ha sido históricamente tímida a la hora de pronunciarse en temas de desigualdad e injusticia sociales. 

Ciertamente, en los últimos años las posiciones de la UE han sido heterogéneas en el mejor de los casos. Por ejemplo, sus representantes (al igual que la mayoría de los líderes europeos) guardaron un ensordecedor silencio en 2016 cuando un hombre romaní, Miroslav Demeter, murió a manos de la policía en circunstancias similares en la República Checa. Además, en marcado contraste con las protestas antirracistas en EEUU, hace apenas unos días se realizó una protesta neonazi en Hungría, sin que la directiva en Bruselas hiciera declaración oficial alguna.

Esta inconsistencia moral y política en la respuesta de la UE ante actitudes racistas y demostraciones públicas de intolerancia es aún más deplorable cuando se la ve en el contexto de los problemas que ha tenido el bloque con el terrorismo de ultraderecha en años recientes.

En Hungría, por ejemplo, se ha institucionalizado una cultura de uso de chivos expiatorios durante el mandato de Viktor Orbán. Esto ha dado como resultado que algunas minorías, como los romaníes (gitanos) ─que constituyen alrededor del 10% de la población del país─ y las comunidades de inmigrantes sean injustamente presentadas como culpables de las deficiencias internas del gobierno. 

El caso de Gyöngyöspata es un gran ejemplo de esto. En esta ciudad, y a pesar de un fallo judicial que determinó que la segregación racial histórica de los alumnos romaníes en sus escuelas era ilegal, el primer ministro Orbán ha capitalizado políticamente la ocasión bloqueando los pagos de las compensaciones y etiquetando a las víctimas como "agresores a la mayoría". 

Orbán usa los ataques a los romaníes como excusa para atraer a más votantes de la ultraderecha a sus filas

Para Orbán, la maniobra a utilizar está clara. Como resultaron perjudicados por su derrota en las elecciones regionales del año pasado, su partido Fidesz (en el gobierno actualmente) está usando los ataques a los romaníes como vehículo para atraer a los votantes ultraderechistas; como precedente para desbancar a los tribunales y como táctica para desviar la atención pública de sus tambaleantes políticas educativas y la exiguo financiación asignada a sus servicios públicos de salud más importantes.

Estos ataques van en contra de los valores fundamentales de la UE. Y sin embargo, la institución y sus principales líderes ─como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen─ no se dan por enterados. 

Esto podría deberse a tres motivos principales. En primer lugar, personajes como von der Leyen podrían considerar a los eventos en Hungría como "marginales", especialmente comparados con la crisis del Covid-19.

Sin embargo, esta perspectiva no abarca la totalidad de la situación. Está claro que Orbán está contribuyendo significativamente con la clase de racismo que alimenta el terrorismo de ultraderecha. En los últimos cinco años, el terrorismo de ultraderecha ha crecido en más del 320% a nivel mundial. Ahora mismo representa una amenaza transnacional, no solo en términos de ideologías racistas sino también en cómo opera sin respetar fronteras.

Este silencio también podría deberse a intereses económicos del principal país del bloque, Alemania. Después de todo, este vecino de Hungría es su principal socio comercial bilateral, y hay más de 3.000 empresas alemanas que operan desde Hungría.

Consciente de estos incentivos para las empresas alemanas, Orbán y su partido pretenden expandir la cooperación económica y por tanto fortalecer la estrategia de evasión que está implementando Alemania. Por ejemplo, Hungría fue el mayor comprador de armas alemanas en 2019.  

En tercer lugar, está el tema de que Fidesz está asociado con otros partidos, como el CDU de Angela Merkel, en el Partido Popular Europeo, y sus votos en el consejo europeo. Esto es parte de lo que se denomina el "equilibrio autoritario", un problema del que sufre la UE.

Las políticas partidistas que brindan legitimidad a la UE también le impiden interferir en la política interna de sus estados miembros. Los que ostentan el poder reciben financiamiento e inversiones de la UE, mientras que los ciudadanos que no están contentos tienen total libertad de movimiento hacia Europa occidental, cosa que tiene el doble efecto de mermar la oposición política y generar envíos de remesas. El primer ministro Orbán posiblemente sea el campeón del aprovechamiento de esta debilidad política de la EU.

Ya es hora de que la Unión Europea se pronuncie con un "basta ya" ante las políticas de Orbán en Hungría

Pero cada vez se vuelve más evidente que nos acercamos a un punto de inflexión. Como las más recientes acciones de Orbán van directamente en contra del sistema basado en valores de la UE, ya es hora de que la Unión Europea se pronuncie con un "basta ya". Esta sería una decisión profundamente ética, y precisaría de algunos sacrificios políticos y económicos. Y, ciertamente, podría ser que Orbán haya logrado convencer a suficientes miembros del establishment de la UE de que esos sacrificios serían demasiado grandes. 

Sin embargo, al adoptar esta perspectiva, la UE y sus principales actores, como Merkel, cometen un error de cálculo acerca de la rentabilidad a corto plazo que les produce la estabilidad del régimen de Orbán.

No parecen comprender las implicaciones que esto tiene, ni tampoco el hecho de que las políticas de Orbán de facultar a la extrema derecha están efectivamente erosionando tanto los fundamentos de la UE como los valores e intereses postsoviéticos de sus estados miembros.

En última instancia, la economía europea no depende de Hungría, sino todo lo contrario. Unas condiciones de inestabilidad en la UE tendrían unas consecuencias mucho más graves para Alemania que la inestabilidad de Orbán.  

Hemos de reconocer que, si bien la UE y sus estados miembros han desarrollado una memoria colectiva y una responsabilidad por las atrocidades cometidas en el pasado en conflictos a gran escala, como la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el racismo y la desigualdad está lejos de acabarse.

Por esta razón, es imperativo que la UE sea consistente en los mensajes que envía, y que emprenda acciones decisivas y enérgicas contra el racismo que aún se encona en Europa hoy en día. La muerte de George Floyd y el estallido de protestas en las capitales europeas ofrecen la oportunidad de emprender pasos en esta dirección y para garantizar que las minorías, como los romaníes, puedan disfrutar de los beneficios de la ciudadanía de la UE sin ser injustamente estigmatizados.

Zeljko Jovanovic es director de la Open Society Roma Initiatives Office