Marruecos continúa vulnerando derechos básicos como la libertad de expresión, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI), que ha documentado al menos 10 casos de "detenciones arbitrarias y procesamientos" a raperos, youtubers y un periodista desde noviembre de 2019. 

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Según esta ONG, las autoridades marroquíes "están intensificando la represión" contra las voces críticas y los manifestantes pacíficos, por cuestionar la figura del rey o de otros dirigentes.

Ofender o insultar a la monarquía es una de las tres "líneas rojas" de la libertad de expresión en Marruecos -el Islam, la monarquía y la integridad territorial-, un país que se encuentra en el puesto número 135 (de 180 países) del ranking mundial que presenta cada año Reporteros Sin Fronteras y refleja la libertad de prensa. 

La Justicia marroquí estipula en el capítulo 179 de su Código Penal que se pueda condenar a penas de prisión de seis meses a dos años y multas de hasta 200.000 dírhams -unos 19.000 euros- a quienes "insulten a los miembros de la familia real". Cuando se trata de insultos al rey o al príncipe heredero, estas penas aumentan hasta los cinco años de prisión.  

"Es urgente que las autoridades modifiquen el Código Penal", ha defendido el director de AI para la región, Heba Morayef, para quien las leyes marroquíes conservan "un arsenal de disposiciones que penalizan la libertad de expresión" y están siendo utilizadas "ilegalmente para suprimir la disidencia".

Causas por "criticar el sistema judicial"

Entre los detenidos desde noviembre se encuentra el activista y periodista independiente, Omar Radi. Fue arrestado el 26 de diciembre después de escribir un tuit criticando el sistema judicial por la confirmación de la sentencia contra los manifestantes del movimiento Hirak del Rif. 

El periodista y activista, Omar Radi.

Las protestas de Hirak del Rif comenzaron en 2016 tras la muerte de Mochine Fikri, un vendedor de pescado que murió aplastado por una máquina compactadora cuando intentaba recuperar la mercancía que las autoridades le habían confiscado.

Lo que comenzó como un clamor popular que exigía justicia para Fikri terminó convirtiéndose en un amplio movimiento de protestas contra la situación económica y social del Rif. Su líderes fueron condenados en 2018 con penas de hasta 20 años de cárcel por delitos como "socavar la seguridad interna del Estado" u "organizar protestas sin autorización". 

Aunque el periodista fue puesto en libertad a los pocos días, el juicio se mantiene y se celebrará el próximo 5 de marzo. Además, Radi explicó a Amnistía que el Gobierno de Marruecos también ordenó su detención tras unas declaraciones a un medio de comunicación argelino en las que criticó las expropiaciones de tierras tribales llevadas a cabo por el Estado. 

Las redes sociales, vigiladas

Los comentarios en las redes sociales están muy controlados por las autoridades. En este caso, varios 'youtubers' han sido acusados de varios delitos de "ofensa a las instituciones públicas", "insultos al rey" o por supuesta "incitación al odio". Son los casos de Mohamed Sekkaki, alias 'Moul El Kaskita', condenado por estos hechos a cuatro años de cárcel y a abonar 4.000 dólares; y de Omar Ben Boudouh, conocido como 'Moul El Hanout'.

Mohamed Sekkaki, alias Moul El Kaskita, en un vídeo de su canal de YouTube.

En el caso concreto de Ben Boudouh, Amnistía Internacional ha examinado el informe de su interrogatorio, y asegura que muestra en gran medida "que fue detenido con arreglo a cargos falsos por expresar sus opiniones". El 7 de enero, fue condenado a tres años de prisión, por lo que desde entonces está en huelga de hambre en la prisión de Tifelt, donde se halla recluido.

Omar Ben Boudouh en un vídeo de YouTube.

Uno de los casos que más polémica ha suscitado es la condena de tres años de prisión y una multa de 5.000 dírhams -cerca de 500 euros- a Ayoub Mahfoud, un estudiante de 18 años, por unos comentarios publicados en las redes sociales en los que "ofendía" a las autoridades e instituciones públicas. El 16 de enero quedó en libertad provisional, a la espera de la vista de su recurso de apelación, que está fijada para el 30 de marzo.

Ayoub Mahfoud.

Contra la situación socioeconómica

No todos los casos de detención se deben a ofensas al rey o a las instituciones, el 24 de diciembre, el activista Rachid Sidi Baba fue detenido y más tarde los tribunales condenaron a seis meses de prisión y al pago de 5.000 dírhams (alrededor de 500 dólares) por publicar en YouTube un vídeo donde expresaba su frustración por la cesión de tierras a inversores extranjeros para su explotación sin beneficios significativos para las comunidades locales. 

Omar Radi criticó en Twitter la detención y condena de Sidi Baba, e informó de que durante su juicio no se permitió la entrada de público en la sala por orden de la Fiscalía. 

El rapero Hamza Sabaar, alias 'Stalin', también criticó la situación socioeconómica de su país en una canción de rap, por lo que fue arrestado el 29 de diciembre y condenado unos días después a tres años de prisión, aunque luego se le redujo a ocho meses.

Hamza Sabaar.

Amnistía Internacional piden que las autoridades "retiren los cargos y dejen en libertad a todas las personas procesadas y condenadas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión". Heba Morayef también defiende que se dejen de "aplicar las arcaicas disposiciones del Código Penal que criminalizan la libertad de expresión".