Sebastián Piñera ha dado un paso de gigante contra los abusos sexuales a menores con la aprobación de una ley que hace que este tipo de delitos no prescriban hasta la muerte de la víctima. Tras los numerosos y polémicos casos sacados a la luz sobre abusos por parte de miembros de la Iglesia en el país, el presidente de Chile ha decidido impulsar esta medida para evitar que los acusados queden libres sin pasar por un juicio. 

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"A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad (...) la responsabilidad de los que abusan de nuestros niños será imborrable, igual como es imborrable el dolor que ellos causaron", afirmó Sebastián Piñera durante un acto en la sede del Parlamento Nacional.

Antes de la nueva legislación, promulgada el pasado jueves, los delitos sexuales contra menores de edad tenían un plazo de prescripción de entre 5 y 10 años desde que la víctima alcanzaba la mayoría de edad si no denunciaba, algo muy habitual. 

Vinka Jackson y James Hamilton en su vídeo pidiendo la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores. Youtube

"El silencio se debe al miedo, a la culpa, a la vergüenza, a los traumas, al sufrimiento y también al abuso de poder, porque detrás de los abusos sexuales muchas veces hay abusos de poder, manipulación, redes de encubrimiento", aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por Efe.

En dicho acto estuvieron presentes Vinka Jackson y James Hamilton, dos representantes de la sociedad civil que colaboraron activamente en la elaboración del proyecto a través de su plataforma conjunta Derecho al Tiempo. Jackson fue víctima de abusos por su padre y es una conocida psicóloga y escritora, autora del libro Agua fresca en los espejos: abuso sexual infantil y resiliencia.

El caso Karadima

Por su parte, James Hamilton es uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, acusado de cometer abusos sexuales a menores durante las décadas de 1980 y 1990. Las primeras denuncias contra Karadima se produjeron en 2004, aunque no trascendieron públicamente hasta 2010 cuando Hamilton, junto a los otros dos principales demandantes -José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz- acudieron al programa de televisión Informe Especial (TVN) para contar los hechos. 

Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, en mayo de 2018 en Italia. Stefano Rellandini | Reuters

La Iglesia chilena no se pronunció sobre el caso hasta 2011, cuando corroboró los cargos que se le imputaban y le sentenciaron a una vida de penitencia y oración, pero manteniendo el cargo de sacerdote. Finalmente, en septiembre de 2018 Karadima fue suspendido por el Vaticano. No obstante, nunca se le pudo llevar a un juicio ordinario puesto que los delitos de los que se le acusaba habían prescrito. 

Su caso golpeó con fuerza a la institución eclesiástica en el país y desde entonces se han abierto 166 causas en las que se investiga a 221 personas por presuntos delitos sexuales o encubrimiento. Según los últimos datos de la Fiscalía Nacional, proporcionados por Efe, estas investigaciones implicarían a 248 víctimas, de las cuales 131 eran menores cuando se cometieron los hechos.

Imagen del exsacerdote, Fernando Karadima, saliendo escoltado por la policía de la Corte Suprema chilena en 2015. Carlos Vera | Reuters

Encubrimiento de la Iglesia

Además, su impacto llegó a la cúpula más alta del Vaticano cuando se culpó al obispo Juan Barros de encubrir los abusos, algo que él siempre ha negado. Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes, dijo a la BBC que Barros recibió las primeras denuncias contra Karadima en 1984, cuando ocupaba el cargo de secretario del cardenal Juan Francisco Fresno, pero "simplemente las rompía". 

La crisis de la Iglesia se agravó aún más si cabe cuando el papa Francisco tachó de "calumnias" las acusaciones contra el obispo. "No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar", afirmó durante una visita a Chile en septiembre de 2018.

Juan Barros cuando todavía era obispo. Reuters

Más tarde, cuando se supo que el Vaticano había recibido una carta de las víctimas en las que se contaban los delitos cometidos por Karadima y el encubrimiento de Barros, el pontífice rectificó. Reconoció que había cometido "graves equivocaciones de valoración" e invitó a las víctimas a reunirse con él a finales de abril.

Poco después se produjo un hecho sin precedentes en la Iglesia: el 18 de mayo renunciaron los 34 obispos de Chile después de haberse reunido durante tres días con el papa Francisco para debatir sobre "los graves errores y omisiones" en la gestión de los abusos sexuales. Todos ellos pusieron su cargo en manos del pontífice quien ha aceptado, por el momento, la dimisión de al menos cinco de ellos, entre los que se encuentra Juan Barros. 

Magnitud del problema

Con esta nueva medida legislativa el gobierno de Chile da un claro aviso a los depredadores sexuales y a la Iglesia, y garantiza la protección de las víctimas ya que, además de impedir que prescriban los delitos de los abusadores, también se perseguirá a los cómplices, encubridores e incluso se podrán llevar a cabo acciones civiles contra instituciones y terceros "responsables por el hecho ajeno" para "dar una reparación adecuada a las víctimas".

Sebastián Piñera junto con miembros de su gobierno tras la promulgación de la ley. Reuters

A pesar de la polémica por los escándalos ya conocidos, el proyecto no tiene carácter retroactivo, una cuestión que suscitó un gran debate dentro del Gobierno. El presidente remarcó durante el acto en el Parlamento la gravedad de este asunto y aseguró que entre 2015 y 2018 las denuncias de abuso sexual aumentaron un 33% y el año pasado superaron las 10.000 aunque, como afirman los expertos, esas cifras están lejos de mostrar la magnitud real del problema.

Por su parte, la Iglesia intenta solucionar esta crisis global. En febrero de este año llevó a cabo una cumbre histórica de cuatro días para llegar a una solución, crearon un protocolo de actuación cuando se dieran casos o acusaciones contra miembros eclesiásticos, una comisión antipederastia, y muchas diócesis han elaborado y remitido al Vaticano informes sobre su situación. Así, el papa Francisco pretende lavar la imagen de la institución, que ha sido ensombrecida desde que se conocieron los primeros casos hace casi veinte años.