Se cumple un año del éxodo de los rohinyás. El 25 de agosto de 2017, 700.000 hombres, mujeres y niños se vieron obligados a dejar atrás sus hogares en Myanmar debido a la ola de ataques violentos por parte del Gobierno y los vecinos. La huida tomó como destino Bangladesh, donde en teoría deberían haber adquirido el estatus de refugiados, pero no ha sido así.

Las consecuencias de esta crisis humanitaria pueden ser nefastas: el 60% de las 700.000 de las personas que tuvieron que huir son niños. Por tanto, UNICEF avisa de que esta minoría podría terminar con una "generación perdida": "Sin un final a la vista de su sombrío exilio, la desesperación y la desesperanza crece entre los refugiados, junto con un fatalismo sobre lo que el futuro tiene guardado. Los niños y los adolescentes que carecen de oportunidades para aprender o ganarse la vida corren un riesgo real de convertirse en una presa fácil para los traficantes y aquellos que los explotarían por fines políticos o de otro tipo".

Los crímenes contra la población rohinyá, como asesinatos, violaciones, tortura, incendios e inanición forzada, han sido una estrategia para llevar a cabo una "limpieza étnica". Esto se debe a que se trata de un grupo musulmán de alrededor de un millón de personas en el norte de Birmania, país donde la gran mayoría de la población profesa el budismo. Por ello, no alcanzan la categoría de ciudadanos: su gobierno los considera migrantes musulmanes provenientes de Bangladesh.

En el estado de Rakáin vivían completamente aislados, fuera de la sociedad birmana y sufriendo una represión constante, que se agravó con los ataques de ARSA, siglas en inglés del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, un grupo armado nacionalista. Tras estos, el Gobierno puso en marcha un plan de castigo colectivo que desembocó en la crisis humanitaria que continua todavía hoy.

Los rohinyás se encuentran en una situación pésima, ya que ninguno de los gobiernos, ni el de Myanmar ni el de Bangladesh, se hace cargo de su situación y permanecen en campos de refugiados bajo unas condiciones infrahumanas. Ni siquiera se les otorga la condición de refugiados.

Los refugiados rohingya esperan en un campo de arroz tras cruzar la frontera en Palang Khali. REUTERS

Rendir cuentas

Amnistía Internacional ha denunciado las circunstancias de este casi millón de personas que parecen haber sido abandonadas por todos. “Este aniversario conmemora un hito vergonzoso. La comunidad internacional, con su inacción a la hora de exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad, corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar no sólo gozarán de impunidad, sino que podrán cometer de nuevo esas atrocidades. No debemos permitir que esto ocurra”, declaró Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Además, esta organización ha puesto bajo el foco la inactividad de de los líderes del mundo: mientras este grupo étnico sufre una vida indigna en circunstancias deplorables, el Gobierno de Myanmar ha salido ileso después de llevar a cabo una campaña de exterminio. “Es la falta de voluntad política, no la falta de pruebas, la causa fundamental de la inacción de la comunidad internacional. Es innegable que las fuerzas de seguridad de Myanmar han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población rohingya. Pero mientras la comunidad internacional da largas para decidir qué hacer al respecto, hay pruebas vitales que podrían desaparecer o ser destruidas”, insistía Hassan.

Una pareja rohingya llevan a su hijo mientras caminan a través del agua del río Naf en Teknaf, Bangladesh. REUTERS

Ayuda internacional

La solución del conflicto parece, sin embargo, muy lejana. Diferentes organizaciones y países, como la ONU, Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, están intentando luchar para conseguir los derechos humanos básicos para esta minoría a través de sanciones selectivas. Sin embargo, desde Amnistía Internacional consideran que dichas medidas no son suficientes.

“Cuando el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU se reúnan el próximo mes, hace falta una actuación enérgica y resuelta para preparar el camino para la justicia para la población rohingya y las minorías étnicas del norte de Myanmar. El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir con carácter urgente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional; la amenaza del veto no es excusa para la inacción. No se puede perder esta oportunidad crítica”.

Los refugiados rohingya tras recibir el permiso del ejército de Bangladesh para pasar a Palang Khali. REUTERS

Regresar a casa

A pesar de que la intención de los rohingyas es volver a Myanmar, lugar que consideran su hogar, existen demasiados impedimentos que obstaculizan esta posibilidad. Se ha impuesto el pretexto de que los rohingyas podrán regresar dentro de un período de tiempo muy corto como estrategia para frenar la ayuda humanitaria. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras ha afirmado que "pueden pasar muchos años hasta que puedan regresar a Myanmar de manera segura, si es que eso sucede alguna vez".

Algunos rohingyas caminan en el campo de refugiados bajo la lluvia en Cox's Bazar. REUTERS