Durante los últimos 10 meses, Luis Andrade ha padecido una rutina diaria funesta: cada mañana este exasesor de la firma McKinsey desayuna en su apartamento de Bogotá, se entrena en el gimnasio, se informa en internet y se pone a ver películas. No tiene mucho más que hacer. Está bajo arresto domiciliario y no puede salir del edificio por ley. Una vida que dista mucho de su anterior día a día: viajes a Nueva York y Sao Paulo con una cartera de proyectos de 20.000 millones de dólares.
Andrade era el director de la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) colombiana y el presidente colombiano Juan Manuel Santos le consideraba un servidor público "impecable". La prometedora carrera de este funcionario se ha visto truncada por el caso Odebrecht, el escándalo de sobornos que ha sacudido a Latinoamérica.
En el artículo del Financial Times 'Colombia y la corrupción: el problema del extremo legalismo' se profundiza en la complicada situación legal de este funcionario que dejó una consultoría en Estados Unidos para trabajar en el sector público colombiano. Su objetivo: limpiar el Instituto Colombiano de Concesiones, que se presumía inmerso en el mundo de la corrupción.
El propio Andrade fue el responsable de la creación de la ANI, entidad que en el 2014 obtuvo reconocimiento de P3 Bulletin, una revista especializada en infraestructuras. Según el Financial Times, bajo la dirección de Andrade esta institución otorgó más de 30 contratos sin que mediara queja legal alguna.
“Sin embargo, la ANI también tenía algunos contratos de infraestructura en curso con Odebrecht que le quedaba a INCO. Cuando estalló el escándalo, Andrade fue arrollado”, agrega.
Para el rotativo londinense, lo que hace inusual el caso de Andrade es que “todo el mundo está de acuerdo con su honorable reputación y con que él no aceptó sobornos de Odebrecht”. Más aún, el artículo subraya que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no tiene evidencia de que Andrade haya recibido sobornos.
"El sistema legal colombiano es kafkiano", resume el propio Andrade en el reportaje. No es el único que duda de la eficacia de la justicia en el país latinoamericano, una encuesta de Gallup demuestra que sólo un 11% de los colombianos tiene una visión positiva del sistema judicial.
El prestigioso diario británico alude a uno de los problemas esenciales del sistema judicial en Colombia: "Se ha corrompido. A menudo porque los jueces son nombrados a través de un proceso político". Además, el texto analiza la "extremada cultura legalista" del país que “pone de relieve no solo la curiosa situación de Andrade, sino también los desafíos que Duque enfrenta en los próximos cuatro años, muchos de los cuales tienen una base legal”.