Más de 80 personas han perdido la vida y muchas más han resultado heridas en un supuesto bombardeo con armas químicas el martes en la localidad bajo control rebelde de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional siria de Idleb.

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El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), que documenta las atrocidades del conflicto, reportó inicialmente 58 muertos, pero este martes ha elevado la cifra a al menos 87, incluyendo 31 niños.

La coalición humanitaria Union of Medical Care Organizations, sin embargo, contabilizaba ya el martes más de 100 víctimas mortales.

La tragedia se ha atribuido a fuerzas leales al régimen de Bachar al Asad, pero Damasco ha negado cualquier responsabilidad en el que podría ser uno de los peores con armas químicas en la guerra siria.

Rusia ha reconocido que la aviación siria atacó el pueblo, pero ha afirmado que sus proyectiles alcanzaron un arsenal químico rebelde y que eso provocó el desastre.

“Este uso de armas químicas constituye una violación atroz de la ley humanitaria internacional y un crimen de guerra”, denunciaron la Dirección de Salud de Idleb y la organización Defensa Civil Siria, que proporciona asistencia a los heridos, en un comunicado conjunto.

Ambas alertaban de la probabilidad de que el número de muertes ascienda debido a los repetidos bombardeos y la gravedad de las heridas de las víctimas.

Las fotografías y vídeos divulgados por activistas mostraban escenas de extrema dureza con niños inertes puestos en fila sobre mantas y heridos siendo atendidos de emergencia.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este miércoles para abordar el supuesto ataque con armamento tóxico.

La comunidad internacional ha condenado con dureza la tragedia y criticado al régimen de Asad.

Debe abrirse una investigación sobre el posible uso de armas químicas”, reclamó el Ministerio de Exteriores español. “La utilización de este tipo de armas está prohibida por el derecho internacional, constituye un crimen de guerra y los responsables del ataque deberán rendir cuentas ante la justicia”.

El enviado especial de la ONU para Siria, Steffan de Mistura, calificó lo sucedido de “horrible” y reclamado que se determinen responsabilidades.

“El mundo civilizado no puede ignorarlo”, afirmó el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, sobre el ataque, que tuvo lugar días después de que la Administración estadounidense anunciara que la revocación de Asad ya no es una prioridad en Siria.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró que Rusia e Irán, aliados de Asad, tenían una gran "responsabilidad moral" por las muertes civiles.

El presidente francés, François Hollande, aseveró que el régimen de Asad “cuenta con la complicidad de sus aliados para beneficiarse de una impunidad intolerable”.

Hasta ahora la ONU ha culpado de emprender tres ataques con armas químicas al Gobierno sirio y otro a la organización terrorista Estado Islámico en Siria.

El régimen ha negado repetidamente que utilice este tipo de armamento y en 2013 firmó la Convención de Armas Químicas accediendo a destruir su arsenal después de que cientos de personas se ahogaran intoxicadas en zonas rebeldes de Damasco.

La ONG Human Rights Watch denunció el uso de armas químicas por parte del régimen en la etapa final de la cruenta batalla por Alepo.