Los expertos dudan de que el enorme despliegue logístico que la UE deberá poner en marcha para deportar a todos los refugiados a Turquía, tal y como han acordado este viernes los líderes de los 28, pueda funcionar. Sobre todo por las carencias del sistema de asilo de Grecia y por las dificultades que ha tenido hasta ahora la UE para repatriar a inmigrantes irregulares o para el reparto de refugiados.
A continuación explicamos cómo se pretenden llevar a cabo estas expulsiones a gran escala y el mecanismo que ha previsto la Comisión Europea para que, según su análisis, respeten la legalidad internacional.
Un análisis individualizado de los casos
Bruselas sostiene que las deportaciones a Turquía de todos los migrantes y refugiados no son expulsiones colectivas, prohibidas por la legislación europea y rechazadas por todos los grupos políticos en España. La diferencia es que Grecia, que como país en primera línea tendrá toda la responsabilidad, se compromete a tratar cada caso de forma individualizada. Eso significa que todos los migrantes serán registrados e identificados en las islas griegas. Cada persona que presente una solicitud de protección internacional tendrá derecho a una entrevista por parte de la autoridad helena de asilo, que podrá así detectar si hay alguna circunstancia excepcional.
Rechazos acelerados
En el acuerdo está previsto que la práctica totalidad de las demandas de asilo que presenten los sirios y otros migrantes en Grecia sean declaradas “inadmisibles”. Ni siquiera se examinará la sustancia de la petición, sino que se aplicará un procedimiento acelerado de rechazo. Esta posibilidad se contempla ya en la directiva de asilo de la UE. Se puede aplicar si la persona en cuestión viene de un país que ya le ha concedido protección internacional (y Turquía ya prevé un régimen especial para los ciudadanos sirios). La norma europea también permite rechazar las solicitudes de protección de los migrantes procedentes de un país tercero que puede considerarse seguro. La declaración de Turquía como país seguro no depende de la UE, sino de cada Estado miembro, en este caso Grecia, que ya ha declarado su intención de hacerlo. Esta interpretación ha sido avalada precisamente este jueves por un fallo del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que dice que es legal que los Estados miembros deporten a refugiados a países seguros.
Los migrantes tendrán derecho a recurso cuando se deniegue su petición de asilo. No obstante, los sirios serán deportados sin esperar a que se resuelva porque ya gozan de protección en Turquía. El resto de demandantes podrán quedarse en las islas griegas hasta el dictamen final, según prevé la directiva. Todos estos procedimientos de devolución deben completarse “en cuestión de días”, según Bruselas. Algunos países, como Hungría, van más allá y defienden un plazo máximo de 48 horas.
Grecia y Turquía todavía deben cambiar leyes
Para que las devoluciones de todos los migrantes sean plenamente acordes al derecho internacional, tanto Grecia como Turquía tienen que cambiar algunas leyes. El Gobierno heleno tiene que aprobar legislación para reconocer a Turquía como país seguro y para mejorar los procedimientos de apelación en materia de asilo. En el caso de Ankara, las modificaciones legales son tres: 1) renovar el estatus de protección temporal a los sirios que se han ido de Turquía para que siga vigente cuando sean devueltos; 2) garantizar un acceso eficaz a los procedimientos de asilo a todas las personas que necesitan protección internacional; 3) conceder una protección equivalente a la de la Convención de Ginebra a los refugiados no sirios. En la actualidad, Ankara sólo aplica la Convención de Ginebra a los europeos. En cualquier caso, el acuerdo se aplicará a todos los migrantes que lleguen a partir del próximo domingo 20 de marzo.
Centros de detención de migrantes en Grecia
Para poner en marcha este sistema de deportaciones a gran escala, Grecia tiene que construir las infraestructuras necesarias. Entre ellas, centros de detención para evitar que los migrantes traten de escapar mientras esperan a ser devueltos. Los cinco centros de registro que hay en las islas helenas (hotspots, en la jerga comunitaria) tendrán como prioridad a partir de ahora poner en marcha los retornos a Turquía. Allí se instalarán las oficinas de asilo y readmisión. Además, la UE pide a Atenas que aumente las plazas de acogida en las islas. En particular, debe haber instalaciones separadas para los inmigrantes irregulares y para aquellos a los que se aplique el procedimiento normal, y no acelerado, en la tramitación de su solicitud de asilo. “Esto exigiría que se ponga en marcha una capacidad de detención suficiente para las personas que presenten riesgo de huida”, dice la Comisión.
Un coste de 20 millones al mes para la UE
El acuerdo prevé el envío de funcionarios turcos a las islas griegas para acelerar las repatriaciones. El Gobierno de Atenas tendrá que aumentar la capacidad de su sistema de asilo para tramitar rápidamente tanto las peticiones de asilo como los recursos. Le asistirá la Oficina Europea de Asilo (EASO). Además, habrá que poner en marcha un sistema de transporte “a gran escala” desde las islas a Turquía. Según los cálculos preliminares de Bruselas, que se basan en la llegada de 2.000 migrantes al día, todo ello tendrá un coste de 20 millones de euros al mes que asumirá la Unión Europea.
No aumentan las cuotas de refugiados
El pacto con Ankara mantiene la fórmula “uno por uno”. Por cada sirio que se devuelva a Turquía desde las islas griegas, otro sirio se reubicará desde Turquía hacia la UE. El objetivo de esta medida es sustituir los flujos irregulares por un canal legal de migración. Por ello, los sirios interceptados en Grecia de forma irregular pasarán al final de la lista. En este esquema de reasentamiento participará el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), pese a sus críticas al pacto con Ankara. Pero no se aumentan las cuotas de demandantes de asilo asignadas a cada Estado miembro.
La UE ya aprobó en julio trasladar a 20.000 personas desde los campos de refugiados de Turquía, Líbano y Jordania a los Estados miembros. Pero hasta ahora sólo se ha reubicado a 2.000 refugiados. Las 18.000 plazas restantes se utilizarán ahora para esta fórmula “uno por uno”. España se comprometió a acoger a 1.449 personas, pero todavía no ha traído a ninguna. Una vez que se agote este cupo, los Estados miembros se comprometen a acoger a otras 54.000 personas desde Turquía. Pero esta cantidad se descontará de los 160.000 que estaba previsto repartir desde Grecia e Italia. Este mecanismo tiene carácter voluntario, así que no corre el riesgo de ser vetado por Hungría y el resto de países del Este que se oponen a las cuotas. Su eficacia a la hora de frenar los flujos se evaluará semanalmente.