"La reconstrucción, para mí, ha sido como encender y apagar la luz: he recuperado algo que me quitaron de bebé". Estas palabras pertenecen a Aminata Soucko, originaria de Mali, activista y superviviente del triple golpe de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la violencia de género.
Llegó a España hace 18 años, sin saber una palabra de castellano, con una idea de normalidad en la que presuponía que ella merecía sufrir el menosprecio y las constantes agresiones de su cultura y seres queridos por el hecho de ser mujer, y desconociendo que —fuera de las fronteras del país al oeste africano— existían leyes y organizaciones dispuestas a protegerla.
"Vengo de una familia muy grande: somos 33 hermanos y hermanas —ella es la única que ha podido estudiar hasta segundo de Bachillerato— por parte de mi padre; en mi cultura, la poligamia es normal", relata. Con solo una semana de vida, la sometieron a una mutilación genital de tipo severo: le cortaron el clítoris, los labios menores y los mayores.
Explica que, en algunas etnias, cosen la herida con aguja e hilo, dejando apenas un pequeño orificio para la micción y otro para menstruar que el marido "abre el día de la boda para poder penetrar", una violencia que, pese a producirse en un momento que es incapaz de recordar, marcaría para siempre su relación con el propio cuerpo y con la sexualidad.
De niña soñaba con ser médica, pero a los 17 años su familia decidió por ella: "Me obligaron a casarme", cuenta. En su cultura, subraya, cuando una mujer contrae matrimonio es el marido quien pasa a decidir sobre su vida. Fue él quien impuso que se trasladara a España y, cuando ella se resistió, su familia la presionó hasta el chantaje afectivo.
El día en que todo cambió
"Lo que él dijera iba a misa. Me advirtieron que, si no obedecía, me iba a quedar sin familia", explica. Porque si ya es difícil ser mujer en Mali —país en el que desde 2012 atraviesa un conflicto armado entre las partes del norte y del sur—, una sin esposo afronta aún más violencias y estigmas. Por eso, ella no se resistió. "8 de octubre de 2008", repite en repetidas ocasiones.
Lo hace porque es una fecha que nunca olvidará, el día en que aterrizó en el país. Entonces, el Gobierno lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero pero ella no tenía idea de nada de lo que acontecía aquí. Un día, viendo el telediario, apareció un caso de asesinato machista y su marido le dijo que en España "si las esposas no hacen caso a sus maridos, estos las matan".
Esa mentira la paralizó de miedo y la llevó a pensar que debía "hacer todo lo que él quisiera" para no acabar así. El control no fue sólo psicológico: él le prohibía salir sola, integrarse o estudiar castellano; le decía que su francés aquí no valía nada y que la que cuestiona las normas "era mala y condenaba el futuro de sus hijos", relata.
Aminata Soucko, fotografiada en un evento reciente de Red Aminata.
Aun así, un día aprovechó que él trabajaba en el campo para salir a la calle y conoció a una mujer que la acompañó hasta una escuela de idiomas para adultos. Pese a que su pareja reaccionó con furia e intentó frenar incluso esa ayuda, una profesora decidió dejarla entrar sin pagar los 15 euros de matrícula al escuchar su historia y su deseo de estudiar Medicina.
Con el tiempo, rompió el círculo: se divorció, denunció los malos tratos y se convirtió en "la oveja negra de muchos maltratadores", dice. Ese paso le costó el rechazo de su propia madre, y la marginación en su comunidad, donde le exigían que retirara la denuncia porque, le recriminaban, "las mujeres de mi país no lo habrían hecho".
Sin embargo, eso le abrió el camino para ayudar a otras. De aquella experiencia de soledad nació Red Aminata, una asociación con sede en España que acompaña a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina y otras violencias, con especial foco en el aprendizaje del idioma como herramienta de empoderamiento.
"Si yo hubiera sabido que había una ley que protege a las mujeres y organizaciones que ayudan a las migrantes, habría acudido antes y quizá no habría tenido tantos embarazos fruto de violaciones, porque eso es normal en mi cultura", lamenta Soucko. Hoy colabora con ACNUR y otras organizaciones para visibilizar la lacra de la mutilación en el mundo.
En Red Aminata atienden a mujeres en situación de vulnerabilidad con un objetivo: que conozcan sus derechos y dejen de depender de sus maridos. Ofrecen clases de idiomas, talleres de empoderamiento, acompañamiento en procesos de reconstrucción genital y actividades dirigidas a niñas nacidas en Europa para que, si viajan al país de origen, no sufran esta práctica.
Recuerda que en su casa "mi padre pegaba a mi madre y mis hermanos pegan a sus mujeres; eso aquí no es normal", y subraya que una parte clave del trabajo es desmontar esos mitos que normalizan la violencia. La organización atiende a más de un centenar de mujeres con problemáticas diversas, cifra que desborda su capacidad.
Aminata Soucko se reúne con otras mujeres que se han convertido en activistas contra la mutilación genital femenina después de recibir su apoyo.
Sin embargo, esta también evidencia la dimensión del fenómeno entre las mujeres migrantes. En paralelo, la asociación ha empezado a incorporarlos a ellos en sus talleres: en 2025 formaron a más de 44 mujeres y 24 hombres en Mali que pasaron de considerar la mutilación algo normal a declarar que no quieren que sus esposas e hijas vivan lo mismo.
La mutilación genital femenina engloba todos los procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones en la zona por razones no médicas, y está reconocida como una grave violación de los derechos humanos, de la salud y de la integridad de mujeres y niñas.
Un problema a escala global
Según la OMS, más de 230 millones de mujeres y niñas vivas han sido víctimas de esta práctica, la mayoría entre la lactancia y los 15 años. Persiste en cerca de 30 países de África, Oriente Medio y Asia meridional, en pequeñas comunidades de América Latina y poblaciones migrantes en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
Aunque en las últimas tres décadas la prevalencia porcentual ha caído en varios países, el número absoluto de niñas mutiladas sigue aumentando por el crecimiento demográfico, lo que mantiene a millones en riesgo cada año.
Se clasifica en cuatro formas que pueden variar incluso en el mismo país en función del grupo étnico —Soucko pertenece a los mandingá—: la clitoridectomía (tipo 1), la escisión (tipo 2), la infibulación (tipo 3) y un tipo 4 que agrupa prácticas como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital.
Todas pueden provocar dolor intenso, hemorragias, infecciones, mayor riesgo de transmisión del VIH, problemas menstruales, complicaciones en el embarazo y parto, infertilidad, ansiedad, depresión y un daño profundo en la vida sexual y relacional de las supervivientes.
La ONU advierte de que, si no se aceleran las medidas, 23 millones de niñas adicionales podrían ser sometidas a mutilación en estos cuatro años y alrededor de cuatro millones estarán en riesgo en 2026. Desde 2008, el Programa Conjunto UNFPA–UNICEF ha prestado servicios de prevención y protección a casi siete millones.
El Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina sirve para recordar que detrás de cada cifra hay una biografía concreta. En la República Unida de Tanzanía, Olivia Albert fue sometida a este ritual a los 13. "Ocultaba mi dolor porque todos a mi alrededor decían que era normal", recuerda.
Su mirada cambió al participar en un diálogo impulsado por UNFPA en el que otras supervivientes rompieron el tabú: "Me di cuenta de que mi voz tenía poder; si la alzaba, tal vez una niña se salvaría". Hoy lidera un grupo juvenil que entra en escuelas, trabaja con líderes tradicionales y apoya comités para crear espacios seguros.
Otro ejemplo: en Guinea, el imán Ousmane Yabara Camara usa el púlpito para desmontar una de las coartadas más repetidas: "En mis sermones digo que no es una prescripción del islam". En un país donde más del 95% de las mujeres mayores de 15 años la han sufrido, la proporción baja a menos de la mitad entre las menores.
Y en Djibouti, como revela el testimonio de Nafissa Mahamoud Mouhoumed que recoge UNFPA, hoy cuentan con "dos escudos poderosos: la Constitución y la fatwa" que, en su país y en otros como Somalia o Eritrea, deja claro que no hay obligación religiosa que justifique esta práctica utilizada durante generaciones.
Persecución por motivos de género
Paula Barrachina, portavoz de ACNUR en España, asegura que la ablación constituye "una grave violación de los derechos humanos y una forma extrema de violencia de género cuyo ritmo de abandono es todavía demasiado lento". Sólo siete de los 31 países con datos están en vías de alcanzar la meta de erradicar este fenómeno para 2030.
Enfatiza que la mutilación suele practicarse sin consentimiento y en entornos que no cuentan con protección efectiva del Estado. Por eso, cuando una mujer se enfrenta a un riesgo real de sufrirla, o cuando ya ha sido víctima y no es asistida en su lugar de origen, "puede tener una base jurídica para solicitar protección internacional".
En esos casos, explica, puede considerarse "una forma de persecución por motivos de género o por pertenencia a un determinado grupo social". Cada solicitud debe evaluarse de manera individual, con enfoque de género, y teniendo en cuenta "no sólo la existencia de leyes, sino su aplicación efectiva".
Aminata Soucko en uno de los talleres que imparte su organización.
"Garantizar la protección internacional de las supervivientes no es sólo una cuestión legal, sino una obligación de protección de los derechos humanos", recuerda Barrachina, que vincula ese apoyo con el acceso a atención médica, asistencia psicosocial y procesos de integración que les permita, en sus palabras, "reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad".
A escala global, ACNUR trabaja con comunidades afectadas desde un enfoque integral que coloca a mujeres y niñas en el centro, pero que implica también a familias e instituciones. El trabajo empieza por la prevención y continúa con el acompañamiento a posibles víctimas y el trabajo con las autoridades para fortalecer los sistemas de asilo con enfoque de género.
Más allá de sus comunidades
Testimonios como el de Aminata Soucko reflejan una realidad: la mutilación genital femenina ya no puede verse solo como un problema de otros países. En este sentido, los informes más recientes del Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que unas 180.000 mujeres residentes en Europa podrían haber sufrido este daño.
En los últimos años, como respuesta a un problema cada vez más visible debido a los ciclos migratorios, España ha endurecido las penas contra la ablación y ha dado un paso más en su consideración como una de las formas más extremas de violencia machista.
Sin embargo, en Canarias, punto crítico en la ruta atlántica hacia Europa, en 2024 se detectó un repunte de 72 casos y se calcula que unas 5.000 mujeres y niñas podrían estar en riesgo en las islas, muchas de ellas procedentes de países como Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea, Guinea-Bissau, Ghana, Mali o Sierra Leona.
El problema está en que la ablación sigue siendo difícil de detectar y no se practica en territorio español, sino durante viajes al país de origen, lo que obliga a extremar la prevención, la vigilancia y el trabajo con las familias, algo en lo que la Red Aminata hace especial hincapié.
Protocolos como el de la Comunitat Valenciana —con la unidad existente en el Hospital Doctor Peset— o el circuito de reconstrucción del Hospital Clínic de Barcelona y las primeras intervenciones en hospitales como el Virgen Macarena de Sevilla muestran que el sistema sanitario empieza a asumir que esta violencia también está aquí.
Barrachina recuerda que el reto es doble: "Prevenir que esta violación continúe produciéndose y garantizar que las mujeres reciban protección, dignidad y oportunidades para rehacer su proyecto de vida". Y ese proyecto, para muchas, pasa por lo mismo que un día le faltó a Soucko: conocer sus derechos y saber que no están solas.