Desde el corredor de la muerte de las prisiones de Evin y Lakán —en Teherán y Rasht, ambas al norte de Irán—, tres mujeres aguardan la llegada de una decisión que podría ser irreversible. Más de 300 kilómetros separan a las activistas Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi y Verisheh Moradi, pero la posibilidad de que sus voces sean permanentemente silenciadas las ha unido, bajo la atenta mirada del resto del mundo.
Amnistía Internacional (AI) publica sus historias y asegura que ninguna empuñó un arma ni cometió un acto violento. En su lugar, denunciaron injusticias estructurales o prestaron ayuda a otras mujeres y niños refugiados, pero han sido condenadas en causas separadas por "rebelión armada contra el Estado", un delito que el régimen teocrático condena con la pena capital.
Desde hace meses, la oenegé sigue sus casos y recoge firmas para liberarlas, alarmada por la posibilidad de que las ejecuciones tengan lugar en cualquier momento.
El pasado junio, Sharifeh Mohammadi fue condenada hasta en dos ocasiones tras su detención y posterior traslado al centro de seguridad de Sanandaj, según denunciaron varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.
El fallo cita como "pruebas" de atentar contra la ley su apoyo a la abolición de la pena de muerte, su documentación de casos de mujeres detenidas por motivos políticos en Gilan, y su posesión de información sobre la participación de trabajadores y trabajadoras en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022.
Estas acciones, pese a la desaprobación de las autoridades, la han convertido en un "símbolo de lucha por la libertad" de las iraníes, destacó el mismo mes un comunicado emitido por un grupo de periodistas en un comunicado en reprobación de la sentencia.
La carta, publicada por la agencia de noticias Roj, llamaba entonces a la necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para proteger los derechos de Mohammadi, en concreto, y de las mujeres en el Kurdistán iraní en general.
El goteo de acciones represivas en la región no ha cesado desde que la muerte de Mahsa Amini —detenida por no colocarse el velo apropiadamente— bajo custodia policial desatase una oleada de protestas multitudinarias en septiembre de 2022.
La causa contra Mohammadi no ha hecho sino volverse más compleja con el paso del tiempo. La primera sentencia fue anulada por falta de garantías procesales, pero el juicio celebrado el pasado mes de diciembre tuvo otro resultado.
Su audiencia, insiste Olatz Cacho, portavoz de AI en España para Irán, "apenas duró media hora; ella tuvo que conectarse por videoconferencia y, lo más irregular, el juez que la condenó era familiar del que lo había hecho anteriormente".
Imagen de archivo de un grupo de mujeres en las oraciones del viernes en Teherán
Hasta la fecha, la activista ha denunciado "torturas" que nunca han sido investigadas, algo que también ha ocurrido en el caso de Pakhshan Azizi, trabajadora humanitaria y defensora de derechos humanos de la minoría kurda.
Fue condenada en julio de 2024 después de que las autoridades emplearan como pruebas su ayuda a refugiados sirios entre 2014 y 2022, y su participación en una protesta universitaria en 2009.
El informe de AI asegura que Azizi fue incomunicada y sometida a régimen de aislamiento durante cinco meses. Además, el Tribunal Supremo incurrió en errores graves, acusándola falsamente de pertenecer al Estado Islámico y más tarde al Partido Democrático Kurdo de Irán, sin presentar pruebas al respecto.
En el caso de Verisheh Moradi, también activista kurda por los derechos de la mujer, su apelación judicial todavía está pendiente. Pasó por un proceso de desaparición forzada, "el periodo en el que suelen aprovechar para torturar a las víctimas cuando nadie puede contactar con ellas", lamenta Cacho.
Un patrón contra las mujeres
La "rebelión armada contra el Estado" o baghi es un delito que "en Irán se utiliza ilegítima y sistemáticamente para criminalizar el activismo pacífico a veces ejercido por mujeres", afirma la experta de AI, quien asegura que Mohammadi, Moradi y Azizi son evidencias manifiestas de esta tendencia.
La arbitrariedad del sistema permite que todo cambie en cuestión de horas, y es que las ejecuciones se comunican, a veces, con solo unos días de antelación. Por ello, las oenegés reclaman investigaciones independientes y la liberación de las personas detenidas por su participación en protestas en defensa de la mujer.
Aquí la comunidad internacional juega un papel clave, pues la presión es capaz de salvar vidas. "Aunque no lo parezca, al régimen le importa su imagen exterior, y es por ello que muchas veces se escuda en la seguridad nacional como justificación de violaciones de derechos humanos flagrantes", recuerda Cacho.
En enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su profunda preocupación por el acusado incremento en el número de penas capitales en el país del golfo Pérsico durante el año pasado.
En 2024, Irán ejecutó al menos a 31 mujeres, la cifra más alta desde 2008 según informes de Iran Human Rights (IHR). Desde 2010, la oenegé estima que la vida de al menos 249 ha terminado tras el paso por el patíbulo, con ocho nuevos casos en 2025.
La laureada con el Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi también dirigió una carta abierta al Secretario General de la ONU y a los representantes de los Estados miembros, solicitando acciones concretas para poner fin a las ejecuciones en Irán.