El pasaporte es un documento público, personal e intransferible, expedido por las autoridades de un país para acreditar la identidad y nacionalidad de su titular. Gracias a él, las autoridades pueden verificar datos y garantizar desplazamientos más seguros dentro de la Unión Europea.
Sin embargo, esta obligación ya no afecta únicamente a las personas. La Unión Europea ha decidido que también los perros y gatos deberán contar con su propio pasaporte individual para poder viajar entre países comunitarios.
La medida busca reforzar el control sanitario y combatir el tráfico ilegal de mascotas, un problema que preocupa cada vez más a Bruselas. Además, permitirá unificar las normas en todos los Estados miembros y facilitar inspecciones más homogéneas durante los desplazamientos.
Un documento obligatorio para moverse por Europa
El pasado 22 de abril entró en vigor un reglamento europeo que obliga a que todos los perros y gatos dispongan de un pasaporte europeo individual si van a viajar entre países de la Unión.
No se trata de una recomendación, sino de un requisito imprescindible para cualquier desplazamiento sin fines comerciales, como vacaciones o visitas familiares.
Este documento no es meramente administrativo, sino que funciona como una ficha completa del animal. En él se recogen datos clave como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios, lo que permite tener un control preciso en cualquier punto del trayecto.
Además, esta normativa se enmarca dentro del Reglamento (UE) 2016/429 y su desarrollo más reciente aprobado en enero de 2026. Ambos textos buscan armonizar las condiciones de viaje de animales en toda la Unión Europea, evitando vacíos legales entre países y facilitando controles homogéneos.
En este sentido, el objetivo principal no es burocratizar los desplazamientos, sino combatir problemas graves como el tráfico ilegal de mascotas. Gracias a la trazabilidad que ofrece el pasaporte, se dificulta la circulación de animales sin origen claro o con documentación falsificada.
Al mismo tiempo, se refuerza el control sanitario, ya que el documento acredita que el animal cumple con los requisitos zoosanitarios exigidos. Esto resulta clave para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles entre animales y también a humanos.
Imagen de ilus
Conviene subrayar que esta obligación afecta únicamente a los viajes internacionales dentro de la Unión Europea. Es decir, no cambia nada en el día a día de quienes no se desplacen fuera de su país con su mascota.
En el caso de España, la situación genera menos impacto del que parece a primera vista. La mayoría de los perros y gatos ya cuentan con este pasaporte, ya que está vinculado al microchip,cuya implantación es obligatoria según la legislación nacional vigente.
Esto significa que, en la práctica, muchos propietarios ya cumplen con la normativa sin necesidad de hacer trámites adicionales. El pasaporte se entrega habitualmente en la clínica veterinaria en el momento de identificar al animal.
Qué otros datos se necesitan
Sin embargo, sí hay aspectos que deben revisarse antes de viajar. Uno de los más importantes es la vacunación contra la rabia, que será obligatoria para todos los desplazamientos y deberá haberse administrado al menos 21 días antes del viaje.
A esto se suma la necesidad de una desparasitación interna específica contra Echinococcus multilocularis, que debe realizarse entre uno y cinco días antes de cruzar la frontera. Además, el veterinario deberá certificar que el animal se encuentra en buen estado de salud.
También se establece una edad mínima de 12 semanas para poder viajar, lo que busca garantizar que los animales tengan un desarrollo suficiente y hayan recibido las vacunas necesarias.
Las consecuencias de no cumplir con estas normas pueden ser importantes. Un animal sin pasaporte no podrá acceder al país de destino, y podría ser retenido, sometido a cuarentena o incluso devuelto a su lugar de origen.
Por otra parte, el propietario también se expone a sanciones económicas. En España, la falta de identificación mediante microchip —estrechamente ligada al pasaporte— se considera una infracción grave, con multas que pueden oscilar entre los 10.001 y los 50.000 euros.