El trabajo autónomo se ha convertido en una pieza clave del tejido económico español. Según los datos de febrero, en el país hay 500.038 autónomos foráneos, profesionales que regentan sus propios negocios y que sostienen buena parte de la actividad económica cotidiana.
Sin embargo, muchos de ellos aseguran que trabajan en un entorno complicado, marcado por una alta presión fiscal, una administración compleja y una constante incertidumbre económica, a lo que se suman numerosos trámites fiscales que consumen tiempo y recursos.
Ante esta situación, varias instituciones europeas han impulsado medidas para aliviar la carga de los pequeños negocios, como el llamado régimen de IVA franquiciado, una normativa pensada para simplificar la actividad de autónomos y pymes. España, por ahora, es el único país de la UE que aún no lo ha aplicado.
El debate del IVA franquiciado en España
El régimen de franquicia del IVA forma parte de la Directiva europea 2020/285, una normativa comunitaria diseñada para facilitar la actividad de los pequeños negocios dentro del mercado único europeo.
Su objetivo principal es permitir que determinados autónomos y empresas con un volumen de facturación reducido queden exentos de repercutir el impuesto sobre el valor añadido en sus facturas, lo que al mismo tiempo les libera de presentar las declaraciones periódicas del tributo.
En la práctica, el sistema permitiría que profesionales que no superen un determinado umbral de ingresos —que la normativa europea sitúa en un máximo de 85.000 euros anuales— puedan operar con un régimen fiscal simplificado.
Esto significa que no tendrían que añadir el IVA a sus servicios ni presentar modelos como el 303 trimestral o el 390 anual, lo que reduciría notablemente la burocracia asociada a su actividad.
No obstante, el mecanismo también implica una contrapartida, ya que quienes se acojan a este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos o inversiones.
Aun así, el régimen puede permitir que muchos pequeños negocios ofrezcan precios más competitivos, especialmente cuando sus clientes son particulares que no pueden recuperar el impuesto.
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El problema es que España todavía no ha transpuesto completamente esta normativa al ordenamiento jurídico nacional, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró el 31 de diciembre de 2024.
Este retraso ha generado críticas tanto desde Bruselas como desde las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, que consideran que la falta de adaptación sitúa a los autónomos españoles en una posición de desventaja frente a sus homólogos europeos.
La situación ha adquirido mayor relevancia después de que la Comisión Europea anunciara su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar la normativa.
Bruselas considera que el incumplimiento puede provocar desequilibrios dentro del mercado único, ya que mientras en otros países los pequeños empresarios ya disfrutan de este sistema simplificado, en España todos siguen obligados a repercutir el impuesto y presentar sus correspondientes declaraciones.
Qué dicen los expertos
Este asunto ha sido analizado recientemente en el programa "La Linterna" de COPE, dentro del espacio Clases de Economía que dirige la economista y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, quien ha criticado con dureza la situación actual.
Durante su intervención, García de la Granja calificó el retraso como un "escándalo monumental", ya que, según explicó, mientras la recaudación fiscal del Estado continúa registrando cifras récord, no se aplican normativas europeas que podrían aliviar la carga administrativa y económica de miles de pequeños profesionales.
En este sentido, recordó además las estimaciones del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha calculado que los profesionales que facturan por debajo de ese umbral podrían ahorrar alrededor de 600 euros mensuales en costes asociados al IVA si el sistema se aplicara en España.
La economista subrayó que el problema no solo afecta al bolsillo de los autónomos, sino también a la competitividad del tejido empresarial español.
En muchos países europeos, explicó, el régimen de franquicia permite que pequeños profesionales desarrollen su actividad con menos burocracia y con una estructura fiscal más sencilla.
Sin embargo, en España los trabajadores por cuenta propia siguen obligados a cumplir con los mismos procedimientos administrativos independientemente de su volumen de ingresos.
La Comisión Europea ya había abierto un expediente contra España en enero y, posteriormente, envió un ultimátum en julio para que el país notificara la transposición de las directivas al derecho nacional.
No obstante, según las autoridades comunitarias, España todavía no ha comunicado formalmente la adaptación de ambas normativas, lo que ha motivado la denuncia ante el TJUE y la posible imposición de sanciones financieras.
La Comisión advierte de que la falta de adaptación de estas normas puede generar situaciones de doble imposición o incluso de ausencia de imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros aplican reglas distintas.
Mientras tanto, las organizaciones representativas del colectivo de autónomos insisten en la necesidad de acelerar la adopción del sistema.
Desde ATA recuerdan que ya presentaron una denuncia ante la Comisión Europea en diciembre y que muchos trabajadores por cuenta propia continúan enfrentándose a una situación que consideran injusta.