La vivienda se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla sociales en España. Para miles de jóvenes y familias, emanciparse ya no es solo una meta lejana, sino que es, directamente, un proyecto casi imposible.
Los precios del alquiler y de compra llevan años encadenando subidas, mientras los salarios avanzan a otro ritmo muy distinto.
Vivir solo en una gran ciudad se ha transformado en un lujo. Compartir piso ha pasado de ser una opción temporal a una solución permanente para buena parte de una generación. Y, en paralelo, cada vez más viviendas se destinan al alquiler turístico, reduciendo aún más la oferta disponible para uso residencial.
En este contexto, el Gobierno ha decidido intervenir con una reforma que cambia de forma sustancial las reglas del juego. A partir de ahora, los propietarios ya no podrán convertir su piso en alojamiento turístico sin contar antes con el visto bueno de sus vecinos.
La medida supone un giro relevante en la forma de entender el equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la convivencia en los edificios.
El objetivo es doble: frenar el impacto del llamado "sobreturismo" en los barrios y recuperar parte del parque de vivienda para quienes buscan un hogar estable. Menos ruido, menos rotación constante de personas y más pisos disponibles para vivir. Esa es, al menos, la filosofía que guía el cambio normativo.
Vivienda en alquiler.
Durante años, la proliferación de pisos turísticos ha alterado la vida cotidiana de muchas comunidades. Portales convertidos en un trasiego continuo de maletas, fiestas a deshoras y zonas comunes cada vez más deterioradas se han vuelto escenas habituales en barrios muy "de moda".
Al mismo tiempo, el efecto sobre los precios ha sido evidente. Menos oferta para alquiler tradicional significa rentas más caras y más competencia entre quienes buscan un techo. El resultado es un mercado cada vez más excluyente.
Contar con los vecinos no es opcional
La reforma introduce un cambio clave en la Ley de Propiedad Horizontal. Desde abril de 2025, ningún propietario puede destinar su vivienda al alquiler turístico si no cuenta con la autorización expresa de la comunidad de vecinos.
La norma establece que será necesaria una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios para aprobar ese uso. Es decir, ya no basta con una decisión individual, sino que el edificio, como conjunto, tiene ahora capacidad real para decidir qué tipo de actividad en la comunidad.
Esto supone un antes y un después en muchos inmuebles, especialmente en los centros históricos y zonas más turísticas de las grandes ciudades. Allí, el crecimiento de los pisos de corta estancia había sido prácticamente imparable.
El cambio también refuerza el papel de las comunidades de propietarios como garantes de la convivencia. No se trata solo de una cuestión económica, sino de preservar el carácter residencial de los edificios.
Para muchos vecinos, la reforma llega tarde. Pero para otros representa, al fin, una herramienta legal con la que poder frenar una dinámica que había desbordado la vida cotidiana de los barrios.
El Gobierno defiende que no se prohíbe el alquiler turístico, pero sí se somete a reglas más estrictas y a un mayor control social. La vivienda, subraya el Ejecutivo, no puede funcionar únicamente como un activo financiero.
Más costes para arrendatarios
La nueva normativa no se queda solo en el permiso previo. También introduce un mecanismo para repartir de forma más justa los costes que genera el uso turístico de los edificios.
Las comunidades podrán imponer cuotas adicionales de hasta un 20% a los propietarios que alquilen sus viviendas a turistas. La idea es compensar el mayor desgaste de ascensores, escaleras, portales y demás zonas comunes.
Hasta ahora, esos gastos extra se repartían entre todos los vecinos, incluso entre quienes no obtenían ningún beneficio de la actividad. Con la reforma, se busca corregir ese desequilibrio.
En la práctica, quien convierta su piso en un negocio deberá asumir una parte mayor del mantenimiento del inmueble. No es una sanción, pero sí un claro desincentivo al uso intensivo de las viviendas como alojamientos de rotación constante.
El objetivo es que la rentabilidad privada no puede imponerse sin límites sobre la calidad de vida colectiva. Y menos en un contexto de emergencia habitacional. Este nuevo reparto de costes también refuerza la capacidad de las comunidades para regular su propio funcionamiento, algo que hasta ahora estaba mucho más limitado por la ley.
Vigilar el mercado
La reforma se apoya además en una herramienta clave, la de Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Se trata de un registro estatal que centraliza toda la información sobre los contratos de alquiler turístico y temporal.
El sistema permite a las administraciones controlar mejor qué viviendas se destinan a estos usos, detectar irregularidades y sancionar a quienes operen al margen de la normativa.
La digitalización busca poner coto a uno de los grandes problemas del sector: la existencia de miles de pisos turísticos no declarados, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.
Con un mercado más transparente, el Gobierno confía en reducir el fraude y recuperar parte de las viviendas que hoy funcionan fuera de cualquier control efectivo.
El cambio de enfoque es profundo. Durante años, el propietario ha tenido libertad casi total para decidir el destino de su vivienda. Ahora, esa autonomía queda limitada por el interés general y por el derecho a la ciudad de quienes la habitan todo el año.