Maricarmen tiene 87 años y vive desde hace casi siete décadas en la misma casa de su barrio madrileño, Retiro. Ha visto pasar gobiernos, burbujas y crisis.
Lo que nunca imaginó es que, al final de su vida, tendría que sostener un discurso público para defender un derecho tan básico como seguir viviendo en su hogar.
Su testimonio, grabado en vídeo durante una concentración ciudadana, se ha convertido en un grito político: no es solo la historia de una jubilada amenazada de desahucio.
Es el retrato de una fractura social que atraviesa barrios, generaciones y patrimonios. También es especulación inmobiliaria, alquileres imposibles y una legislación que, según ella denuncia, no protege a quienes no tienen alternativa habitacional.
Su intervención dura apenas unos minutos, pero condensa una crítica frontal al modelo inmobiliario español y a la falta de herramientas reales para sostener el derecho constitucional a una vivienda digna.
Reclamo contra la vivienda
"Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, es una modificación de la Ley de Vivienda para que los contratos sean indefinidos", dice, sin temblarle la voz
La frase resume un clima en el que inquilinos que viven pendientes de la renovación anual del contrato, sin saber si podrán seguir en su casa o serán sustituidos por un arrendatario con mayor renta disponible.
Durante el último año, el debate sobre la duración de los alquileres ha vuelto a la agenda. Las prórrogas extraordinarias se han multiplicado, pero el marco legal continúa situando la estabilidad residencial muy por debajo de la necesidad social.
La seguridad jurídica del propietario ha seguido pesando más que la estabilidad vital del inquilino.
Maricarmen denuncia un escenario emocional permanente: "¿Cuándo me va a tocar a mí?" Habla de vecinos, jubilados que temen contestar al timbre. De familias que no saben si podrán mantener a sus hijos en el mismo colegio.
Ella no habla en clave estadística ni jurídica, sino desde la vivencia cotidiana. Sin embargo, su discurso conecta con los datos: España registra miles de desahucios cada año, mayoritariamente por impago de alquiler.
Aunque los desalojos se redujeron en pandemia, el repunte posterior ha devuelto a primera línea los dramas que parecían invisibles.
No solo pierde un techo
"Los especuladores hay que echarlos porque ya no solo se apropian de nuestras viviendas, se están apropiando de España".
Para ella, la Ley de Vivienda debe asumir una premisa básica: la casa no es un activo financiero, sino un derecho de vida. "Urbajesa sabía mi pensión": alquileres imposibles y sensación de humillación.
La vecina recuerda el momento en que la empresa propietaria le comunicó las condiciones para permanecer en su vivienda.
El precio que le propusieron como renta: 2.650 euros mensuales. Su pensión, en el año de la oferta, ascendía a 1.428 euros.
"Me sentí humillada", afirma. No describe una negociación, sino un callejón sin salida. Una demostración de fuerza. Este tipo de situaciones se han vuelto habituales en grandes operaciones de compra de vivienda por parte de fondos y gestoras.
Tras adquirir un edificio, reformulan contratos, suben rentas y fuerzan salidas. Quien no puede asumir los precios, queda fuera. Para Maricarmen esa factura no es solo económica: es moral.
Relata que los servicios sociales le ofrecieron dos alternativas: una residencia pública, con listas de espera interminables, o
un piso tutelado, fuera de su barrio, de su red y de su autonomía.
No quiere aceptar que su vejez se reorganice en función del mercado. Su frase más repetida resume la dimensión política de su pulso: "No me voy. La lucha continuará. Vamos a ganar." Y así fue, la historia de Mari Carmen tuvo un final feliz, ya que pudo quedarse en su hogar.