La crisis de la vivienda en España afecta directamente a cerca de la mitad de la población, con más de 8,5 millones de personas sufriendo exclusión residencial o sinhogarismo oculto. El 85% de los jóvenes menores de 30 años no puede independizarse y hasta un 60% de los hogares experimenta dificultades para llegar a fin de mes.
En los casos más extremos, esta presión económica obliga a prescindir de gastos considerados básicos, como la calefacción, determinados tratamientos médicos o una alimentación equilibrada, para poder seguir pagando el alquiler o la hipoteca.
Si se pregunta a este grupo de personas por el origen del problema, muchas respuestas coinciden en un mismo diagnóstico: la especulación inmobiliaria y la creciente percepción de la vivienda como un activo financiero más, antes que como un derecho.
Frente a esta visión, existe otra narrativa, defendida por propietarios y empresarios del sector, que sostienen que el alquiler privado no solo no agrava la crisis, sino que suple las carencias de un Estado incapaz de garantizar vivienda suficiente. Una de las voces que encarna esta postura es la de Rosa María.
La crisis de vivienda en España
El debate sobre la especulación no es nuevo, pero se ha intensificado debido a la escasez de vivienda pública. España cuenta con un parque de vivienda social que apenas alcanza el 2% del total, muy por debajo de la media europea, que ronda el 9%.
Esta falta estructural obliga a millones de personas a acudir al mercado privado del alquiler, donde los precios han aumentado en la última década, especialmente en las grandes ciudades y sus áreas de influencia.
Al mismo tiempo, el país presenta una elevada concentración de vivienda en manos de pequeños propietarios: más del 90% de los arrendadores tiene una o dos viviendas, aunque existe un porcentaje que concentra más inmuebles.
Rosa María pertenece a este último grupo. La española es propietaria de seis viviendas en un mismo edificio situado en Pontons, un municipio de la provincia de Barcelona, a aproximadamente una hora de la capital catalana.
Los inmuebles fueron heredados de su marido y, según explica, han sido reformados progresivamente con el objetivo de destinarlos al alquiler.
Imagen de una vivienda en alquiler.
En un debate de laSexta Xplica centrado en la crisis de la vivienda, Rosa María defendió que alquila estos pisos por precios que oscilan entre los 375 y los 400 euros mensuales, una cifra inferior a la media del alquiler en la provincia de Barcelona.
Desde su punto de vista, su papel es claramente positivo. Asegura que gracias a sus viviendas seis familias pueden cubrir una necesidad básica como es la vivienda, algo que, en su opinión, el Estado no estaría en condiciones de garantizarles.
Para Rosa María, el alquiler privado cumple una función social que a menudo se ignora en el debate público, y considera injusto que se responsabilice de la crisis a propietarios que, como ella, afirman ofrecer precios ajustados.
Sin embargo, su relato también pone el foco en uno de los aspectos más controvertidos del mercado del alquiler: la inseguridad jurídica percibida por parte de algunos arrendadores.
Rosa María explicó la experiencia que vivió con uno de sus inquilinos, al que acabó desahuciando por falta de pago.
Según su testimonio, el proceso se alargó durante más de un año desde que dejó de cobrar la renta hasta que el juzgado admitió a trámite el desahucio, a lo que se sumaron varios meses adicionales hasta la ejecución efectiva.
Afirma que existe un colectivo que se dedica a ocupar viviendas o a dejar de pagar el alquiler sabiendo que los procedimientos judiciales son lentos.
En el caso concreto que relata, el inquilino tenía unos ingresos mensuales de alrededor de 1.500 euros, pero no cumplía los requisitos del seguro, que exige que la renta no supere el 30% de los ingresos.
Tras el desahucio, asegura que el piso quedó gravemente dañado y que la aseguradora le indicó que, dentro de lo habitual en estos casos, había tenido "suerte" al no encontrarse con un nivel de destrozos mayor.
Rosa María insiste en que no se siente una especuladora, sino una proveedora de vivienda. Rechaza la imagen del propietario como "monstruo" y reivindica su papel como parte de la solución.
Asegura que, sin personas como ella, muchas familias no tendrían alternativa habitacional y acabarían en la calle, ya que el sistema público no es capaz de absorber la demanda existente.