Carolina Elías llegó a España hace 12 años cargada de títulos, expectativas y la convicción de que su formación le permitiría rehacer su vida. En El Salvador era abogada. Aquí, sin embargo, su currículum dejó de importar.
El único empleo que encontró fue el de trabajadora del hogar y de cuidados, un sector marcado por la precariedad y sostenido, en gran medida, por mujeres migrantes.
Su historia es el reflejo de un patrón estructural que empuja a miles de mujeres extranjeras a aceptar trabajos muy por debajo de su cualificación, en condiciones que muchas españolas ya no están dispuestas a asumir.
Desde sus primeros meses en España, Elías comprendió que su color de piel y su origen iban a condicionar su vida laboral. "Empecé a sufrir discriminación desde el primer momento, especialmente en el trabajo doméstico y de cuidados", explica. Jornadas interminables, salarios bajos y un trato que, en demasiadas ocasiones, rozaba el abuso.
A pesar de ello, decidió no quedarse inmóvil. En 2012 se incorporó a la Asociación del Servicio Doméstico Activo, SEDOAC, una organización creada para defender los derechos de las trabajadoras del hogar. Años después, acabaría convirtiéndose en su presidenta.
Una carrera que no sirve
Elías intentó abrirse camino por otras vías. Se graduó en la Universidad Complutense de Madrid con la esperanza de acceder a un empleo acorde a su formación. No lo logró. "Ser extranjera te lleva a los peores trabajos, en las peores condiciones, con mucha presión y sin una vida digna", resume.
En ese camino, la discriminación no se limitó al ámbito laboral. Elías relata episodios de abuso sexual y un clima constante de vulnerabilidad, agravado por la dependencia económica y, en muchos casos, por la situación administrativa irregular de las trabajadoras.
"La opresión es clara. Estas condiciones no las aceptan las mujeres españolas, pero las migrantes lo hacen porque no tienen alternativa", explica. La necesidad de enviar dinero a sus familias, saldar las deudas del viaje o simplemente sobrevivir en España pesa más que cualquier derecho.
Desde SEDOAC, Elías empezó a tomar conciencia de la magnitud del problema. Cada día recibía testimonios de empleadas sin vacaciones, sin permiso para acudir al médico o realizar trámites básicos. Algunas eran obligadas a sentirse "agradecidas" por trabajar sin contrato, sin cotizar y fuera de cualquier protección social.
Testimonio de una cuidadora de mayores.
La precariedad se intensifica especialmente en el régimen de internas. "Es una esclavitud moderna", denuncia. Jornadas de 24 horas, seis o siete días a la semana, sin tiempo libre ni vida propia. Mujeres que viven donde trabajan y que, en la práctica, no pueden formar una familia ni cuidar de la que dejaron atrás.
Denunciar, un lujo
La falta de derechos no es un fenómeno aislado de España. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la esclavitud moderna ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. En 2021 había diez millones más de personas en esta situación que en 2016, con mujeres y menores como principales víctimas.
En este contexto, denunciar se convierte en un acto de riesgo. La situación irregular actúa como una barrera casi infranqueable para muchas trabajadoras migrantes. El temor a una posible expulsión frena cualquier intento de acudir a la policía.
Elías lo ha visto de cerca. "Muchas compañeras saben que no serán escuchadas. Si no tienen papeles, lo más probable es que acaben con un expediente de expulsión", asegura. Relata casos en los que, incluso con señales evidentes de violencia, algunas mujeres han optado por huir antes que exponerse a una deportación.
Todo ello choca con el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo o religión. Sin embargo, en la práctica, muchas mujeres migrantes sienten que la ley no las ampara.
Violencia que no cesa
El compromiso de Elías no se limitó a la defensa laboral. Durante su etapa en SEDOAC, la asociación también sufrió ataques racistas. En su sede de Madrid aparecieron pintadas y se borraron murales que representaban a mujeres migrantes, un símbolo de la hostilidad que aún enfrentan estos colectivos.
Hace poco, Elías decidió dar un paso más y dejar la asociación para incorporarse a la política. Se presentó con Más Madrid con el objetivo de luchar desde las instituciones por los derechos de las personas migrantes. "La precariedad no se combate solo con resistencia, también con leyes", sostiene.
Desde asociaciones y organizaciones sociales insisten en la importancia de denunciar y buscar apoyo especializado, aunque reconocen que el camino está lleno de obstáculos. La situación, coinciden, es "complicada".
Carolina Elías sabe que el cambio será lento. Pero también que el silencio perpetúa el abuso. "Si no hablamos, si no señalamos lo que pasa, esta esclavitud seguirá siendo invisible", advierte.