Sin contar a los propios andorranos, los españoles son la segunda minoría más grande del país y a principios de 2025, había aproximadamente más de 20.000 españoles viviendo en Andorra. La gran mayoría de ellos —especialmente empresarios e influencers— motivados por una sola cosa: su baja fiscalidad.
El fenómeno, sin embargo, no se observa de forma unánime. Mientras una parte de la sociedad española critica a quienes deciden trasladar su residencia fiscal fuera del país, otros comprenden —e incluso justifican— esa decisión. En este grupo está Raquel Martínez, autónoma y creadora de contenido en España.
La situación de los autónomos en España
Raquel es una de las creadoras de contenido más populares en España. Conocida como Bonbon Reich, cuenta con 5 millones de seguidores en TikTok y más de 800.000 en Instagram, y, precisamente, este oficio es el que le hace seguir con atención el goteo constante de españoles que cruzan la frontera en busca de un sistema fiscal más favorable.
Todos ellos, como autónomos, han asegurado en varias ocasiones la cantidad de impuestos que pagan en su país natal. En el caso de Raquel, ella reconoce que llega a destinar cerca del 50% de sus ingresos al pago de impuestos y cotizaciones que, a su juicio, no disfruta.
Es este motivo el que hace que Raquel —y cientos de personas más— entiendan el motivo por el que cada vez hay más españoles en Andorra. "Viendo el panorama, es normal", confiesa la influencer.
La comparación entre España y Andorra resulta inevitable. En el Principado, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es notablemente más bajo. El tipo máximo apenas alcanza el 10%, frente a los tramos progresivos españoles, que en algunas comunidades autónomas superan el 47%.
A ello se suma un impuesto de sociedades que también se sitúa en el 10%, muy por debajo del tipo general español del 25%. Para los trabajadores por cuenta propia, la diferencia se amplía todavía más si se tienen en cuenta las cotizaciones sociales, que en Andorra son inferiores y se reparten entre trabajador y empresa con un impacto menor sobre los ingresos netos.
Este escenario ha convertido al país pirenaico en un paraíso no solo para aquellos con grandes fortunas, sino también para nuevos oficios como los creadores de contenido y pequeños empresarios que buscan una mayor previsibilidad fiscal.
La normativa andorrana exige, eso sí, cumplir con ciertos requisitos de residencia efectiva, como pasar más de 183 días al año en el país y demostrar que el centro de intereses económicos se encuentra allí. Aun así, el ahorro fiscal sigue siendo lo suficientemente significativo como para compensar el cambio de vida.
Desde España, el discurso institucional suele insistir en que la presión fiscal es necesaria para sostener el Estado del bienestar. Sanidad, educación, transporte público o prestaciones sociales se financian, en gran medida, con los impuestos que pagan ciudadanos como Raquel.
Ella no cuestiona ese principio. Al contrario, reconoce que contribuir es parte del contrato social. Lo que pone en duda es el retorno real de ese esfuerzo. "Pago impuestos para que tengamos facilidades, estudios, sanidad, transporte… y me parece bien. El problema es que luego no las tenemos", lamenta.
"Yo siendo autónoma no puedo ponerme enferma y, al final, estoy pagando para que otros sí puedan cogerse la baja", explica la influencer en sus redes sociales.
A diferencia de los trabajadores asalariados, las bajas de los autónomos funcionan de manera diferente. Aunque existen, suelen ser económicamente insuficientes o llegan tarde, lo que obliga a seguir trabajando incluso en situaciones de precariedad física o mental.
El Gobierno andorrano, consciente de la presión demográfica y del impacto que este crecimiento tiene sobre la vivienda, los servicios y las infraestructuras, se manifiesta preocupado. Las autoridades han comenzado a plantear límites y reformas para frenar una expansión que consideran difícil de gestionar a medio plazo.