Las sociedades no se rompen de golpe. No hacen ruido al quebrarse. No se anuncian con estridencia. Se agrietan despacio, casi con educación, hasta que un día descubren que han normalizado lo intolerable.

Por ejemplo: que una persona con trabajo no pueda permitirse una vivienda.

Por ejemplo: que empiece a parecer un gesto de extravagancia emanciparse antes de los treinta y muchos.

Por ejemplo: que separarse se convierta en un privilegio económico.

Por ejemplo: que aceptar un empleo en otra ciudad dependa no del talento, ni de la ambición, ni siquiera del sueldo, sino de la improbable aparición de un piso habitable que no exija entregar medio salario y parte de la dignidad.

España ha conseguido convertir el acceso a la vivienda en una prueba de resistencia emocional.

Y, como ocurre con frecuencia en política, cuanto más evidente resulta el fracaso, más empeño se pone en fabricar un relato que lo explique de otro modo.

La versión oficial es conocida: el mercado ha fallado. Y cuando el mercado falla, naturalmente, la solución es intervenirlo aún más.

Es una explicación elegante por su simplicidad. También por su capacidad para desplazar responsabilidades.

Sin embargo, los datos cuentan una historia bastante menos complaciente.

El Banco de España viene alertando de un déficit estructural de 700.000 viviendas, concentrado especialmente en las áreas de mayor dinamismo económico y presión demográfica.

No hablamos, por tanto, de una incomodidad coyuntural ni de un capricho del mercado, sino de un desequilibrio severo entre oferta y demanda.

Mientras tanto, España cerró 2024 con 641.919 compraventas de vivienda, el segundo mejor dato desde 2007, según el INE.

Y, sin embargo, seguimos construyendo a un ritmo que apenas ronda las 90.000-100.000 viviendas nuevas anuales, muy lejos de las necesidades estimadas por distintos analistas y organismos.

Dicho de otro modo: cada año el agujero crece.

No parece una cuestión ideológica. Parece una operación aritmética.

Conviene aquí detenerse un momento en una de esas peculiaridades españolas que convierten cualquier conversación pública en una representación moral. En este país hemos decidido que construir viviendas puede ser sospechoso.

El recuerdo del pelotazo urbanístico —real, excesivo y profundamente dañino— ha terminado contaminando incluso la idea elemental de que un país que necesita casas debería facilitar que se construyan casas.

Como si entre la burbuja y la parálisis no existiera término medio.

Como si toda promoción inmobiliaria llevara inevitablemente gomina, sobremesa opaca y recalificación a medida.

Entretanto, desarrollar suelo sigue siendo una carrera de obstáculos administrativos, jurídicos y temporales incompatible con cualquier urgencia social seria.

Pero quizá el fenómeno más revelador esté en el alquiler.

Porque si la teoría gubernamental fuese impecable, después de años de intervención creciente el mercado debería ser hoy más accesible, más amplio y más protector. No parece exactamente el caso. Este fin de semana había manifestantes en varias ciudades.

Idealista ha documentado desplomes muy severos en la oferta disponible en alquiler en grandes ciudades durante los últimos años; Barcelona, por ejemplo, ha registrado contracciones dramáticas del stock disponible.

No es difícil comprender por qué. El mercado español del alquiler no está compuesto mayoritariamente por grandes fondos internacionales fumando puros en áticos acristalados, sino por pequeños propietarios. Personas que heredaron un piso. Familias que ahorraron. Jubilados que completan ingresos. Gente normal, en definitiva, a la que se ha ido trasladando un mensaje político bastante inequívoco: alquilar su vivienda les convierte, poco menos, en sospechosos habituales.

Cambios regulatorios constantes. Limitaciones extraordinarias. Topes temporales que luego se eternizan. Incertidumbre fiscal. Procesos judiciales desesperadamente lentos.

Y una pedagogía política basada en identificar al propietario con el problema, nunca con parte de la solución. El resultado no debería sorprender a nadie.

Una parte creciente de propietarios ha decidido salir del mercado del alquiler. Algunos venden. Otros no vuelven a alquilar. Otros simplemente no entran.

Lo llamativo no es que ocurra. Lo llamativo sería que no ocurriera. Hay un dato especialmente elocuente: en 2024 se vendieron más de 640.000 viviendas.

Muchas pertenecían a un parque residencial ya existente. Algunas, inevitablemente, procedían del alquiler. Y aquí reaparece una escena que muchos recordarán.

La subasta silenciosa. No la oficial, desde luego. La española. La de "yo pago más". "Yo adelanto seis meses". "Yo firmo hoy". "Yo no pongo condiciones".

Esa pequeña humillación colectiva que acompaña a la escasez.

La tragedia es que ni siquiera hemos conservado aquella apariencia de normalidad. Entonces, al menos, había viviendas por las que pujar. Hoy, demasiadas veces, ni eso.

Y quienes pagan el precio no son caricaturas ideológicas. Son jóvenes atrapados en una adolescencia logística. Familias monoparentales. Divorciados que descubren que rehacer la vida sale carísimo. Trabajadores desplazados. Mayores en alquiler. Clase media expulsada de sus propias ciudades.

Con una ironía cruel, quienes supuestamente iban a ser protegidos han terminado siendo los más desprotegidos. Porque no hay mayor indefensión para un inquilino que la ausencia de oferta.

Naturalmente, el Gobierno responde con nuevos anuncios.

La vivienda se ha convertido en el bálsamo de Fierabrás de nuestra política contemporánea: una solución universal que aparece oportunamente cada vez que arrecian otras tormentas.

La última propuesta fiscal invitaba a mantener determinadas rentas a cambio de incentivos. Puede sonar razonable. Incluso bienintencionada. Pero la confianza no se decreta.

Y ningún mercado funciona sobre promesas cuya estabilidad depende del siguiente titular. La vivienda merece una conversación adulta.

Más allá de consignas. Más allá del catecismo ideológico de unos y otros. Porque el problema no parece especialmente misterioso. España necesita más oferta. Más seguridad jurídica. Más agilidad administrativa. Más suelo disponible. Más certidumbre regulatoria. Menos demonización. Y bastante menos tentación propagandística.

El derecho a la vivienda no se protege proclamándolo. Se protege haciendo posible que existan viviendas. Lo demás son palabras. Y con palabras, por desgracia, todavía no ha conseguido vivir nadie.