La manipulación del kilometraje de un tacómetro de un vehículo se ha convertido en uno de los mayores problemas en el mercado de segunda mano, lo que supone una estafa en toda regla utilizada para aumentar el supuesto valor de los vehículos que posteriormente se venden de forma fraudulenta. 

La Guardia Civil, concretamente el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) ha desmantelado un grupo criminal compuesto por siete personas de origen rumano, con edades comprendidas entre los 22 y los 33 años, que habrían presuntamente manipulado el kilometraje de más de 100 vehículos con el fin de su posterior venta.

Las cifras son astronómicas, ya que las autoridades hablan de que en total se podrían haber recortado más de 30 millones de kilómetros, lo que supone una media por vehículo cercana a los 300.000 km. Hay algunos vehículos cuya cifra es sangrantemente alta, como el de un taxi al que recortaron casi 700.000 km. 

El grupo de investigación cifra el beneficio ilícito de esta organización criminal en el entorno de los 200.000€, a los que habría que añadir unos 350.000€ de supuesto lucro a la hora de comercializar los vehículos. Se habla además más de 130 afectados por esta estafa a gran escala. 

El modus operandi de esta banda organizada era sencillo, adquiriendo los vehículos de segunda mano simulando ser particulares para posteriormente, bien mediante manipulación mecánica o bien con sistemas electrónicos, rebajar el kilometraje mostrado en la instrumentación. 

Además del trucaje de los cuentakilómetros, realizaban modificaciones sobre todo en el plano estético para maquillar el kilometraje real de los vehículos, simulando así un buen estado que distaba mucho de la realidad. La voz de alarma saltó tras un chivatazo confidencial, detectándose inspecciones técnicas muy recientes en dos vehículos cuyo kilometraje no casaba. 

A partir de ahí se inició una investigación que ha destapado una red de manipulación que actuó entre 2014 y 2016, desembocando en la detención de estas siete personas, que se enfrentan ahora a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años