La Ciudad de México ha avanzado en la restricción de la venta de animales vivos en espacios públicos, como mercados y vía pública, pero el comercio de mascotas continúa de manera activa en plataformas digitales y redes sociales, donde la regulación es prácticamente inexistente.

A pesar de que la legislación local establece límites claros para la comercialización de animales, internet se ha convertido en un canal que facilita la operación de un mercado clandestino amplio y difícil de vigilar.

Desde hace algunos años, la capital mexicana prohíbe la venta de animales en mercados públicos, una medida que comenzó a aplicarse de forma visible en el Mercado Sonora y que se extiende a otros espacios no autorizados.

Sin embargo, esta restricción no contempla de forma específica el entorno digital. Como resultado, cientos de anuncios circulan diariamente en redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de comercio electrónico, donde se ofrecen perros, gatos, aves y reptiles como animales de compañía.

En redes sociales como Facebook, donde desde 2018 está prohibida la venta de mascotas, es posible encontrar publicaciones que esquivan las normas. Los anuncios suelen redirigir a grupos cerrados, conversaciones de WhatsApp o páginas externas donde se concreta la venta.

Además, existen grupos con miles de integrantes dedicados exclusivamente a la oferta de cachorros, con publicaciones diarias que incluyen fotografías, videos, precios, facilidades de pago y supuestas garantías sanitarias.

El fenómeno no se limita a redes sociales. En plataformas de compraventa en línea se contabilizan cientos de anuncios activos tan solo en la Ciudad de México, con una oferta que se extiende al Estado de México y al resto del país.

Las publicaciones incluyen razas populares y prometen envíos nacionales, pagos diferidos e incluso periodos de garantía tras la entrega del animal, reforzando la lógica de consumo aplicada a seres vivos.

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México prohíbe expresamente la venta de animales en mercados públicos, vía pública, vehículos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como en establecimientos cuyo giro no sea la comercialización de animales vivos.

La normativa también establece requisitos estrictos para los negocios autorizados, como licencias, registro ante la Agencia de Atención Animal, condiciones sanitarias adecuadas, supervisión veterinaria y la obligación de vender animales esterilizados y registrados.

No obstante, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los animales, la mayoría de los ejemplares que se venden en internet provienen de criaderos clandestinos que operan sin supervisión oficial.

Y es que estos espacios suelen ubicarse en patios o azoteas de viviendas particulares, donde no existe control sanitario ni seguimiento por parte de las autoridades. El objetivo principal, señalan activistas, es maximizar la rentabilidad, relegando el bienestar animal a un segundo plano.

Este tipo de prácticas se relaciona con otros problemas estructurales, como la sobrepoblación y el abandono de animales de compañía. Casos recientes, como el retiro de cientos de perros de albergues en condiciones de maltrato, evidencian la magnitud del problema en la capital y su zona metropolitana.

Especialistas y rescatistas advierten que la compra impulsiva es un factor determinante. La adquisición de mascotas motivada por modas, tendencias en redes sociales o apariciones en productos audiovisuales suele ignorar las necesidades reales de cuidado, espacio, atención veterinaria y compromiso a largo plazo. Cuando estas exigencias no se cumplen, muchos animales terminan en situación de calle o en albergues saturados.

Además, la reproducción indiscriminada en criaderos clandestinos conlleva riesgos graves, como la endogamia, la separación temprana de las crías y el desgaste físico acelerado de las hembras, que son explotadas de forma continua hasta quedar inutilizadas.

Por ese motivo, en 2023 se presentó en el Congreso capitalino una iniciativa para prohibir la venta de animales en línea y facultar a las autoridades de seguridad para investigar estas prácticas en plataformas digitales. La propuesta, sin embargo, no prosperó.

Organizaciones civiles consideran que la solución pasa por una legislación específica para el entorno digital, mayor presión a las empresas tecnológicas para aplicar filtros efectivos y un enfoque integral que involucre a autoridades, legisladores y ciudadanía.

Mientras tanto, la venta de mascotas en internet sigue operando en una zona gris legal, evidenciando las limitaciones de una regulación pensada para el espacio físico frente a un mercado que se ha trasladado, con rapidez, al ámbito digital.