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Las claves

España, y en especial regiones como la Comunidad de Madrid, viven agobiadas por el bajo nivel de los salarios que se ofertan en la mayoría de empleos. Esta es una lacra que se ha ido extendiendo en el país y que afecta a millones de trabajadores sin que parezca tener una solución clara. Todo sube menos los sueldos, especialmente la vivienda, ya sea de compra o de alquiler.

El salario medio en el país, y en ciudades como Madrid, cae en picado mes a mes y año a año. Sin embargo, lo que sí sube es el salario mínimo, una de las grandes peleas del Gobierno actual y una de las grandes banderas de su gestión. Bajo el mandato del actual equipo de Gobierno, liderado por el PSOE, este ha crecido más de un 54,1% desde el año 2018.

Una medida que podría ser positiva ya que implica que las personas que reciben este sueldo cobren cada vez más dinero. Sin embargo, también tiene una lectura negativa y es que en España se está facilitando, o empujando, según se mire, a las empresas a situar a sus trabajadores en esta escala salarial en lugar de en una superior como sucedía hasta hace solo unos años.

Por ello, cada vez más personas se ven obligadas a tener que salir adelante en esta situación que, aunque mejore, sigue definiendo la mediocridad de nuestro mercado laboral. Sin embargo, para hacer esta situación más llevadera, el Gobierno sigue sacando adelante medidas y ayudas que rescaten a los trabajadores peor valorados del sistema.

La última, y que afectará a miles de madrileños de manera positiva, será no tener que tributar por el IRPF en la declaración de la Renta. Esto supondrá un ahorro de cientos de euros al cabo del año. Aunque como la mayoría de expertos se atreven a definir, no es más que un parche que intenta tapar el mal mayor de esta situación tan crítica.

Guerra por el SMI

El Gobierno de España se ha visto obligado a intervenir en la guerra del Salario Mínimo Interprofesional para evitar una reproducción de los conflictos entre el Ministerio de Trabajo, controlado por Sumar, y el Ministerio de Hacienda, en manos del PSOE.

El eje del conflicto es decidir si las personas que reciben el Salario Mínimo Interprofesional deben o no tributar en el IRPF. Una cuestión importante, ya que varía de manera considerable la ganancia neta de ese sueldo al cabo del año.

La discusión se ha elevado tanto que ha obligado a Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, a salir al paso para aclarar la decisión final del Gobierno, que asegura que "aquellas personas que reciban el salario mínimo no pagarán impuestos". Una decisión que refuerza la posición de Yolanda Díaz.

De esta manera, el salario mínimo seguirá sin tributar un año más. Aunque Hacienda debe concretar aún de manera oficial la figura fiscal a través de la cual podrá hacerse. Y lo más probable es que pueda realizarse a través de una deducción, como ya sucedió en el anterior ejercicio.

De hecho, uno de los objetivos de la subida es, precisamente, que este siga sin tributar para que pueda aprovecharse en mayor medida. El objetivo es que los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento no tengan que tributar.

Las personas que se vieron en esta situación en la anterior campaña de la Renta sufrieron retenciones por su salario y por su situación personal y familiar. Sin embargo, tras realizar la declaración de la Renta, se les devolvió un total de 340 euros. El objetivo de Hacienda ahora es que esa deducción suba hasta los 600 euros.

De esta manera, al presentar la declaración de la Renta de la próxima campaña, todas las situaciones personales de los beneficiarios del SMI seguirán quedando exentas de tributar. Mientras que la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional llegará vía real decreto, la deducción del SMI en la Renta deberá certificarse mediante una ley.

Una situación que la patronal quiere aprovechar para incorporar también una relajación de las normas de desindexación del salario mínimo en los contratos públicos que las empresas tienen con las administraciones. Sin embargo, esta cuestión está mucho más abierta e incorpora a la disputa al Ministerio de Economía, no solo al de Trabajo y al de Hacienda.

Esta segunda petición de los empresarios y del PSOE abre una nueva grieta con Yolanda Díaz y con Sumar. Una falta de acuerdo que aleja la posibilidad de que los empresarios secunden la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% para este año 2026.