La familia del hombre que se suicidó en una residencia de mayores de Madrid especializada en salud mental ha demandado al centro.
La viuda y los dos hijos del fallecido reclaman 292.864 euros de indemnización.
Recientemente, como informó EL ESPAÑOL, la juez que investigaba estos hechos, Inmaculada Iglesias, archivó la causa.
Considera la magistrada que no hay indicios de que se produjera un delito de imprudencia grave por parte de los responsables de este geriátrico. Ahora bien, Iglesias sí abría la puerta a que los familiares del fallecido exigieran ser indemnizados.
Y así ha sucedido, tal y como consta en la demanda, firmada por el despacho Zaballos Abogados y a la que ha tenido acceso este periódico.
La reclamación se dirige contra la empresa propietaria del centro Orpea Madrid Puerta de Hierro, ubicado en la calle Alfonso Fernández Clausells de la capital.
La juez, a la hora de archivar la causa penal, sí señaló que era posible que algún responsable de la residencia cometiese una imprudencia leve y que ello facilitase el suicidio.
Ahora bien, esta modalidad está despenalizada desde que el Código Penal fue reformado en 2015. Por tanto, la imprudencia leve no es actualmente un delito.
Así las cosas, la viuda e hijos del fallecido han optado por la vía civil y reclaman casi 300.000 euros a la mercantil dueña del geriátrico "en concepto de indemnización de daños y perjuicios".
El suceso
El suicidio ocurrió sobre las 19.30h del 16 de julio de 2023. El finado, de 79 años, accedió a la escalera interior del edificio desde la planta baja, forzando una puerta que sólo podía abrirse con un código de acceso.
Subió hasta la cuarta planta, penetró en la sala de máquinas y se precipitó al vacío. El cadáver quedó en el voladizo del primer piso. El hombre sólo llevaba 10 días interno en este centro especializado.
El anciano sufría una "sintomatología depresiva con tristeza", según reseña su historial médico, que recogía también "dos recurrencias depresivas (en 2019 y en 2021)".
Un informe de la Policía Nacional, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, confirma que la causa de la muerte fue "por etiología suicida (precipitado)". El parte de defunción, redactado por el Summa 112 minutos después de los hechos, certifica que se trató de una "muerte violenta/muerte por precipitación".
Tras caer al vacío, el cadáver quedó en el voladizo de la primera planta del centro, justo encima de la puerta de acceso principal, y tuvo que ser retirado por los bomberos y trasladado al Instituto de Medicina Legal, que certificó el suicidio.
Cuando la causa judicial penal estaba abierta, los dos hijos del fallecido y su viuda, los ahora demandantes, solicitaron a la juez que recabase las grabaciones de las cámaras de seguridad del asilo.
Sin embargo, ninguna de las videocámaras se encontraba instalada en el recorrido que siguió el interno antes de precipitarse por la ventana.
Por otro lado, el resto de medidas de seguridad, como los detectores de movimiento, estaban, tal y como constató la Policía, "desarmadas".