Las familias de las presuntas víctimas del padre Marcelino, el cura de los Legionarios de Cristo detenido e investigado desde hace un mes por agresiones sexuales contra cinco niñas de seis años del colegio Highlands El Encinar de La Moraleja, piden al juez que se investigue al colegio, al director del centro y a dos profesoras por su responsabilidad y conocimiento de los hechos.
Así lo señala el abogado que representa a la primera denunciante del caso, en un escrito dirigido a la magistrada Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid, a cargo de la investigación del caso.
Según el escrito, conocido por EL ESPAÑOL, las víctimas piden a la jueza ampliar la denuncia que dio lugar a las actuaciones contra el sacerdote. El abogado de las víctimas pide dirigir la investigación frente al Colegio Higlands El Encinar y la Congregación Legionarios de Cristo, ambas entidades debido a su presunta responsabilidad civil subsidiaria en los hechos.
También pide a la magistrada que cite a declarar al exdirector del colegio en calidad de investigado. El también sacerdote Jesús María Delgado dimitió hace unos días de su cargo tras las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre la investigación de la Policía Nacional.
En ella, se incluían los testimonios de casi una decena de progenitores que señalaban a los agentes a cargo del caso cómo en innumerables ocasiones se habían dirigido al colegio para expresar su incomodidad con que ese párroco estuviera a cargo de sus hijas, sabiendo lo que se sabía de su pasado como secretario personal del fundador de los Legionarios de Cristo, el pederasta múltiple Marcial Maciel (más de 60 víctimas a sus espaldas).
Del mismo modo, la defensa de las víctimas pide a la jueza que cite en calidad de investigadas a dos de las profesoras del centro. Tal y como reveló este periódico, las niñas les contaron a dos maestras del colegio las situaciones que habían vivido en los últimos meses con el párroco.
Luego las víctimas contaron a sus padres que las profesoras les dijeron "que no pasaba nada, que en sus zonas íntimas no las podían tocar y que no podían estar solas". Fue a mediados del pasado mes de febrero cuando las trabajadoras del colegio habrían recibido esa información de parte de las niñas.
El cura no sería detenido hasta varias semanas después, y los agentes de la UFAM supieron de este hecho por los padres, y no por el colegio, desde donde no se hizo gestión alguna para ponerse en contacto en primer lugar con las autoridades.
A juicio de la representación letrada, resulta necesario "depurar responsabilidad penal frente a personas e instituciones que no fueron diligentes en sus funciones, e incluso que conocían los hechos y no dieron la alerta sobre ellos".
Las cámaras del colegio
Los fotogramas extraídos por los agentes de la UFAM de las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio, publicados por EL ESPAÑOL, mostraban cómo el investigado, el padre Marcelino llevaba a las niñas al lugar en el que describieron que eran víctimas de las presuntas agresiones sexuales que cometía el religioso.
Según el abogado de las víctimas, el cura "permanecía constantemente con niñas menores de edad, y las conducía a zonas reservadas del Colegio sin que se dieran cuenta el resto de empleados".
Los padres de las niñas piden que se investigue al colegio tras revelar que pusieron "en conocimiento en numerosas ocasiones el pasado del investigado y algunas actitudes sospechosas del mismo y haber sido ignorados".
"Todo ello", remacha el escrito del abogado, "porque en el ámbito educativo debería tenerse en cuenta que, además de los agresores, incurren también en responsabilidad penal quienes tienen obligación de impedir que se lleven a cabo las conductas delictivas y, sin embargo, adoptan una actitud pasiva ante las mismas contribuyendo a que estas se produzcan (comisión por omisión)".