Son 11 años los que lleva cerrado a cal y canto el hotel del Real Monasterio de Santa María de El Paular, en el municipio madrileño de Rascafría. Un lugar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) donde antes disfrutaba la gente en sus lujosas instalaciones de cuatro estrellas y que ahora se encuentra en un avanzado estado de deterioro, con goteras, humedades y completamente vacío.

Todo este tiempo, los vecinos de la zona han estado luchando por su reapertura, organizados en una plataforma (sin constituir jurídicamente) en la que se encuentran unas 60 personas. Incluso llegaron a recoger en 2019 más de 6.000 firmas en la web Change.org.

Su petición de aquel entonces era que se reconvirtiera en Parador Nacional. "Nada mejor que una cadena hotelera pública para garantizar un patrimonio que es de todos", recogían en su propuesta. Posteriormente, también propusieron la convocatoria de un concurso para la gestión del complejo. Sin embargo, sus intentos no dieron resultado.

Hasta ahora, momento en el que el Ministerio de Cultura -del que depende el inmueble- ha publicado en el BOE del 29 de julio el anuncio al sometimiento de información pública del anteproyecto para su rehabilitación, acondicionamiento y puesta en uso. Ya ha sido aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

En dicho documento, definen "las directrices y aspectos generales para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución material de las obras necesarias con el fin de permitir su explotación turística".

Vecinos a favor y ecologistas en contra

Es una noticia que desde el vecindario han recibido con los brazos abiertos. Así lo explica su portavoz, Antonio Giménez, abogado de profesión, que valora el proyecto como "acertado" y "esperanzador".

Y es que para los vecinos esta es una oportunidad de impulsar el turismo en el municipio situado en el Valle del Lozoya, ya que "el hotel era uno de los motores económicos de la zona". Por eso, pretenden usarlo como reclamo para revitalizar la localidad y atraer al turismo.

"El pueblo no tiene otros recursos. Están cerrando muchos restaurantes o pequeños negocios. No hay ninguna esperanza de futuro para la gente joven. Además, crearía puestos de trabajo. Sería una solución extraordinaria", apunta Giménez.

Señala que cuando el complejo cerró en 2014, más de 50 empleados se quedaron sin trabajo (muchos de ellos son los que han estado luchando por su reapertura). Esto llevó a perder "un 20% de la población" en Rascafría: entre "300 y 400 personas". Así lo expuso en 2019 el alcalde del municipio en ese entonces, Santiago Marcos, en declaraciones a Efe (este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la alcaldía del Ayuntamiento actual, sin respuesta).

Según datos del INE, la cifra de población desde 2013 hasta 2024 ha ido en descenso: de los 1.893 a los 1.707 habitantes actuales.

Sin embargo, no piensan de igual manera los ecologistas con respecto a este proyecto. Su argumentación principal es que "la rehabilitación arquitectónica de un BIC se ligue a los intereses de explotación de una empresa privada", lo que califican de "inadmisible".

"Se trata de un conjunto monumental con amplios espacios exteriores ubicado en la Zona de Asentamientos Tradicionales de un Parque Nacional, que se entregaría a una empresa privada para que lo explote como complejo hotelero con carácter de lujo, con eventos multitudinarios en el exterior y en el interior", alegan desde Ecologistas en Acción en un comunicado.

A su modo de ver, "es necesario realizar y poner en conocimiento público un proyecto integral específico que coordine las distintas funciones que conforman El Paular y su entorno, y que lo gestione un organismo público para que redunde en la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental del Valle".

Asimismo, hacen referencia a una "falta de documentación" que "ha conllevado que de cara al público solo se identifique que se inician los trámites para la apertura de un hotel, y no un proceso para realizar una concesión privada".

"Respetamos su posición, pero no la entendemos", afirma Giménez con respecto a estas declaraciones. "Hoy por hoy creemos que la gestión pública es imposible. Habría que habilitar un parador y no hay medios. Además, antes de su cierre ya llevaba siendo de gestión privada muchos años".

Cierre en 2014

El monasterio al que pertenece el hotel inició su construcción en 1390 y llegó a ser una de las cartujas más poderosas del continente europeo. En 1836, mediante la Ley de Desamortización de Mendizábal, el Estado tomó posesión del conjunto, y lo vendió a precios muy bajos.

En 1876, lo volvió a adquirir y lo declaró BIC con categoría de Monumento. Posteriormente, recuperó su uso religioso en la época del Gobierno de Franco, cuando cedió parte de las instalaciones a una comunidad de benedictinos en los años 50.

En 1954 se cedió en usufructo todas las edificaciones de El Paular a la Orden Benedictina por 30 años prorrogables. En julio de 1973, la comunidad benedictina arrendó las instalaciones hoteleras del conjunto, que hasta entonces habían sido explotadas por la sociedad pública Entursa, a una empresa que, a su vez, cedió el arriendo a la cadena Ciga Hotels, propiedad de Starwood.

Su firma, Sheraton, fue la encargada de gestionarlo desde entonces y hasta 2014. Y es que en julio de dicho año expiró la concesión recibida por la Orden, lo que conllevó el cierre del hotel.

Así, en estos años, el futuro del hotel ha sido incierto, con algunos intentos fallidos de reapertura. En 2015, Tragsa -la empresa pública que se encarga desde su clausura de sus instalaciones- sacó a concurso público la explotación del hotel, quedando desierto. Ninguna empresa de hostelería quiso hacerse cargo por el elevado coste de su rehabilitación.

En 2019 se volvió a anunciar otro concurso público para la licitación de su explotación, pero finalmente nunca llegó a producirse. Durante ese tiempo, algunas informaciones apuntaban, incluso, que cuatro empresas hosteleras podrían estar interesadas en hacerse cargo, con nombres como ARG-Gestión de Activos Turísticos, entre ellas.

Ahora, el anteproyecto actual plantea la "reactivación de estas unidades de negocio", con la "necesidad de una intervención integral que aborde tanto la rehabilitación estructural como la adaptación funcional y equipamiento".

Unos trabajos que, según la estimación de Cultura, tendrían un presupuesto que ascendería a 22 millones de euros.

El coste a asumir para que el complejo, que en su día contaba con 44 habitaciones y servicios como una sala de juegos, parque infantil, restaurante y cafetería, grandes jardines, instalaciones deportivas y dos piscinas, pueda volver a estar en funcionamiento.