Este jueves el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid celebra en Arganda del Rey sus tradicionales jornadas de inicio de curso político. La cita durará dos días y cerrará con la presencia del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien ha antepuesto la propuesta madrileña a la apertura del año judicial tras los ataques de Sánchez a los jueces.
Ayuso y los suyos utilizarán estas jornadas para ejemplificar sus diferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez y marcar la hoja de ruta de la Asamblea de Madrid para los dos años que quedan de legislatura.
El plan está claro: Ayuso va a terminar de cerrar sus terceros presupuestos autonómicos enseñando que el PP sí puede conseguir unas cuentas para gobernar, mientras que sigue legislando con mayoría absoluta y poniendo en marcha iniciativas que 'bloquean' a las del Ejecutivo central.
Prueba de ello es la ley de Universidades. La legislación, que ya ha dado mucho de qué hablar, es una contraposición al modelo de formación superior que quiere impulsar Sánchez desde la Moncloa.
Ayuso y los suyos sí apuestan por conjugar la pública y la privada, prueba de ello es que se está tramitando una nueva universidad privada en Madrid. Se trata del IE, una de las escuelas de negocios más importantes del país, que levantará su centro de educación superior en la capital.
Además, quieren poner coto a los profesionales no cualificados al frente de formaciones como los másteres o los títulos propios; un debate originado por la codirección de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al frente a algunos títulos de la Universidad Complutense.
Desde la Consejería de Educación insisten en que la ley de Universidades está tramitándose bajo un "intenso trabajo" con el sector público y privado. Tanto los rectores como los sindicatos han podido acceder ya a algunos borradores que han tenido sus luces y sus sombras.
Desde la representación docente critican que se vaya a evaluar la viabilidad de algunos títulos y se va a primar en las demandas del sector para sacar nuevos grados adelante. Muchos de ellos acusan a Educación de querer "privatizar" las universidades por primar la colaboración con la empresa privada en algunas formaciones superiores.
Por el contrario, los rectores aplauden que Ayuso se comprometa a una financiación finalista y con límites temporales. Algo que les ayudará a cerrar sus programas de estudios y les dará partidas específicas para aspectos como el mantenimiento de edificios.
Quita de la deuda
Además, durante este periodo de sesiones, que se iniciará el próximo 11 y 12 de septiembre con el Debate del Estado de la Región, se completarán dos tramitaciones importantes para el PP de Madrid: los nuevos presupuestos regionales y continuar con la comisión de la quita de la deuda catalana en la que el PP se quedó sólo tras el abandono de todos los grupos de la oposición, incluido Vox.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Carlos Díaz Pache, recordó que Pedro Sánchez lleva ocho años en el Gobierno y en todo ese tiempo solo ha convocado un Debate del Estado de la Nación. Todo lo contrario a Ayuso que la próxima semana celebrará su tercer Debate del Estado de la Región.
El portavoz también subrayó que en la presidenta de la Comunidad de Madrid, en los dos últimos años, ha conseguido aprobar 18 nuevas leyes o modificaciones legislativas. Para el próximo curso aseguró que se seguirá en esa línea, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la región.
"Madrid funciona y el proyecto de Ayuso funciona", defendió, antes de remarcar que el Ejecutivo autonómico ha cumplido ya más del 95% de su programa electoral.
Díaz-Pache contrapuso esa gestión con lo que calificó como la "inacción sectaria y paralizante" del Gobierno de Sánchez, al que acusó de ser incapaz de dar respuestas más allá de sus propios intereses. En este sentido, cargó contra la negociación del denominado "cupo catalán" y la "trampa de la izquierda", al entender que supone un perjuicio para comunidades como Madrid.
El portavoz popular (que inaugurará este jueves las jornadas en Arganda del Rey) sostuvo que, de aceptarse la condonación parcial de la deuda, cada catalán se beneficiaría de una reducción de 410 euros, mientras que cada madrileño pasaría a deber 483 euros más. Añadió que esta medida no permitiría generar nuevo gasto público, según ha advertido la AIReF, ya que la propia normativa lo prohíbe.