La petición de cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón se complica. El Gobierno de España ha presentado este jueves alegaciones y un recurso de reposición contra la orden emitida hace unas semanas por el Ayuntamiento de esta localidad madrileña.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha formalizado este movimiento dentro del plazo legal previsto para evitar la clausura de unas instalaciones que, en la actualidad, cuentan con 570 plazas para solicitantes de asilo.
Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el centro se alojan 395 personas: la mayoría de ellas, 178, son ciudadanos ucranianos desplazados por la invasión rusa. El resto se reparte entre solicitantes procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), de acuerdo con los datos facilitados por Accem, la ONG que gestiona el recurso.
El Consistorio de Pozuelo, gobernado por el PP, inició el pasado mes de julio el procedimiento para el cierre del Creade.
El argumento es estrictamente administrativo: la licencia con la que operan las instalaciones, en vigor desde 2013, corresponde a un centro de formación con auditorio y garaje, y no a un recurso de acogida migratoria. Con esa premisa, el equipo municipal abrió un expediente que ahora queda en suspenso a la espera de que se resuelvan las alegaciones del Ejecutivo central.
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Cerro de Los Gamos.
Ahora, tras conocerse la decisión del Gobierno de España, fuentes municipales han asegurado a Madrid Total que las alegaciones y el recurso presentados por el ministerio forman parte "de la tramitación habitual de cualquier expediente como este".
Por tanto, "no modifica en absoluto" la decisión de cierre del centro, "que no cuenta con la licencia correspondiente de uso", tal y como han recordado las mismas fuentes.
La Comunidad de Madrid y el Partido Popular respaldaron la iniciativa de Pozuelo. Lo hicieron después de que trascendiese que el Gobierno de Pedro Sánchez barajaba trasladar a este centro a unos 400 menores solicitantes de asilo llegados desde Canarias.
Tanto el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso como el Ayuntamiento se opusieron frontalmente a esta posibilidad, lo que tensó aún más las relaciones entre administraciones en materia migratoria.
Finalmente, el Gobierno central reculó con esa idea. Aun así, el movimiento de Pozuelo para cerrar el Creade siguió adelante. Tanto el gobierno regional como las autoridades municipales aseguran no tener "ninguna información" sobre lo que pasa en el espacio ni cuántas personas hay.
El Creade de Pozuelo de Alarcón se puso en marcha en marzo de 2022 como respuesta de urgencia a la llegada masiva de refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Fue el primero en abrir de los cuatro centros de este tipo que existen en España, junto a los de Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante).
La misión de estos dispositivos era clara: recibir a los desplazados y, en menos de 24 horas, garantizar su protección temporal. Este estatus concede permiso de residencia y trabajo, además de acceso inmediato a la red de servicios sociales, antes de derivar a los beneficiarios a otros recursos más estables para su integración.
Un año después, en marzo de 2023, el centro de Pozuelo amplió su labor y comenzó a acoger a solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, más allá de los refugiados ucranianos. Entre ellos se encuentran, según denuncia desde el PP, núcleos familiares con menores acompañados, un perfil que exige una atención más compleja y prolongada.
El recurso presentado por el Gobierno abre ahora un pulso administrativo y político.
Menores migrantes
Desde el Ministerio de Inclusión defienden la necesidad de mantener operativo el Creade ante la presión migratoria que afronta España, mientras que el Consistorio insiste en que carece de amparo legal para funcionar como tal.
Sea como fuere, la pugna ya trasciende lo jurídico. En estos momentos existe una batalla abierta entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid sobre el reparto de menores migrantes y la capacidad de acogida de la región.
Este mismo miércoles, el consejero portavoz, Miguel Ángel García, acusó a Pedro Sánchez de ser el último
. O lo que es lo mismo, considera que las políticas migratorias del Gobierno generan un efecto llamada y facilitan la labor a las mafias que coordinan la llegada de sin papeles a la península y Canarias.