La vivienda se había convertido en uno de los grandes frentes de batalla de Más Madrid contra el Partido Popular de la región. Aunque, en el caso del Ayuntamiento de la capital, la estrategia está 'colapsando'.
Tanto en el Congreso, como en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, la formación liderada por Mónica García y Rita Maestre había apostado por colocar la crisis habitacional y, en concreto, la proliferación de pisos turísticos, en el centro de su ofensiva política contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.
Pero la estrategia está naufragando por dos frentes clave: la Justicia ha desestimado su principal denuncia contra el alcalde y el listado remitido por el Ministerio de Consumo se ha revelado como una herramienta poco efectiva con errores de "bulto" que se ha vuelto en contra del actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Todo ello, pese a que los datos del mercado confirman que el precio de la vivienda sigue escalando en Madrid y que el crecimiento de los pisos turísticos continúa tensionando el acceso al alquiler. Sin embargo, los dos principales movimientos impulsados por Más Madrid para señalar la "inacción" del Ayuntamiento frente a este fenómeno han terminado por desinflarse.
El último revés ha llegado este mismo lunes desde la Fiscalía de Madrid, que ha archivado la denuncia presentada por Más Madrid contra Almeida por presunta prevaricación en la gestión de los pisos turísticos ilegales.
La formación acusaba al Ayuntamiento y a la Agencia de Actividades de "consentir deliberadamente la ilegalidad" de los más de 15.000 inmuebles que operaban sin licencia. Pero el Ministerio Público no ha encontrado indicios delictivos en su actuación. Al contrario: avala el plan de inspecciones del Consistorio y considera que "ha actuado con diligencia".
Según el informe fiscal, el Consistorio ya había inspeccionado más de 4.300 viviendas —el 43,3% de las denunciadas— y había incoado cerca de 2.500 expedientes para restablecer la legalidad, además de haber revisado otras 3.400 viviendas no incluidas en la denuncia.
También subraya que el Ayuntamiento había puesto en marcha el Plan de Inspección Urbanística Municipal 2024-2025 y que ha incrementado el número de funcionarios dedicados a esta labor.
"Se han desarrollado sucesivamente planes de inspección con particular atención a este problema y se ha recurrido con mucha frecuencia (1.265 actuaciones) al mecanismo de la multa coercitiva", concluye el escrito, contra el que no cabe recurso.
El segundo intento de presión se ha visto debilitado por el cruce institucional entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Este departamento elaboró y difundió un listado con 3.565 pisos turísticos presuntamente ilegales en Madrid, que fue compartido primero con los medios y con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, antes que con el propio Consistorio.
En ese momento, el alcalde acusó al ministro de falta de "lealtad institucional" y de ejercer una "oposición subcontratada" en nombre de Más Madrid. También cuestionó la fiabilidad del listado, recordando que en una entrega anterior de más de 16.000 viviendas, apenas 1.400 contaban con una dirección completa y más de 200 estaban duplicadas.
"No le interesan ni las VUT ni regular el problema, sino hacer la oposición que Rita Maestre no es capaz de hacer", reprochó Almeida públicamente, en un tono muy duro hace ahora un mes.