El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado sin efecto la suspensión de la ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impide catalogar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como lugar de Memoria Democrática.
La decisión, adoptada por unanimidad por el Pleno del TC este mismo martes, levanta la suspensión del artículo 4 de la Ley 8/2024 de la Comunidad de Madrid, una norma aprobada a finales del año pasado que regula la protección, la instalación de placas y la celebración de actos en este inmueble situado en la Puerta del Sol.
La ponente del auto ha sido la magistrada María Luisa Segoviano.
El artículo en cuestión fue recurrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que invade competencias estatales en materia de memoria democrática, según lo previsto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre.
La admisión a trámite del recurso, el pasado 8 de abril, supuso automáticamente la suspensión del precepto, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.
Ahora, el Constitucional ha resuelto no prorrogar esa suspensión tras recibir la solicitud expresa tanto de la Asamblea de Madrid como del Ejecutivo regional.
El tribunal considera que no se ha acreditado con certeza que la ley autonómica cause un perjuicio irreparable a los intereses generales.
En particular, señala que la posible instalación de placas o la celebración de actos relacionados con la memoria democrática sigue siendo un escenario “futuro e incierto”, ya que el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria aún no ha concluido.
Además, recuerda que el mantenimiento de suspensiones cautelares es de carácter excepcional y debe basarse en un análisis de los intereses en juego. En este caso, los magistrados concluyen que no se justifica esa medida y, por tanto, reactivan la vigencia del artículo impugnado.
El origen del conflicto se remonta al 16 de octubre de 2024, cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició el procedimiento para declarar el edificio —antigua sede de la Dirección General de Seguridad franquista— como lugar de memoria democrática.
La Comunidad de Madrid respondió con un conflicto de competencias que fue admitido a trámite en marzo. Con esta decisión, el Constitucional avala de forma provisional el marco legal impulsado por el Gobierno autonómico, mientras se resuelve el fondo del asunto.