Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, ha declarado este martes que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos en residencias a hospitales durante la pandemia tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia.
Ha hablado ante los medios a su salida del juzgado tras comparecer como testigo en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las residencias.
Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un "componente discriminatorio claro".
A su llegada, Reyero ha sido recibido entre aplausos por familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia que estaban concentrados a las puertas del juzgado, donde también han acudido a declarar como testigos el exasesor del Gobierno madrileño Antonio Burgueño.
Además, también lo hizo el director de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, en la segunda causa judicial abierta por la gestión de la primera ola de la pandemia en las residencias.
En este procedimiento judicial han sido imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya investigados en una primera causa, así como el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Próximas declaraciones
Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, han sido citados de nuevo como investigados en una segunda causa por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
Según han informado las asociaciones de residencias 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias, y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, las declaraciones están previstas para el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.
La declaración se suspendió y aplazó porque las defensas alegaron falta de traslado de actuaciones. Se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.