El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una condena contra España por la situación de los cortes de luz en la Cañada Real, en Madrid. La decisión, adoptada el 11 de septiembre de 2024 y hecha pública este 26 de febrero de 2025, considera que la falta de electricidad en los sectores 5 y 6 de este asentamiento vulnera derechos fundamentales recogidos en la Carta Social Europea, afectando especialmente a familias, niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Este comité no impone sanciones directas a España, ya que sus resoluciones no son vinculantes en términos judiciales, pero sí establece una condena en términos de responsabilidad por la vulneración de derechos recogidos en la Carta Social Europea.
El fallo marca un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos al profundizar por primera vez en la relación entre el acceso a la energía y los derechos sociales. Establece que los Estados no pueden delegar su responsabilidad en empresas privadas y deben garantizar que el acceso a la energía no se convierta en un factor de exclusión social.
El fallo responde a la denuncia presentada en marzo de 2022 por varias organizaciones internacionales y sindicales, entre ellas Defence for Children International (DCI), FEANTSA, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Comisiones Obreras (CCOO) y ATD Fourth World.
Estas entidades alegaron que los cortes de luz, iniciados en octubre de 2020 y aún persistentes, afectan a unos 4.500 residentes, de los cuales aproximadamente 1.800 son menores de edad.
Medidas insuficientes
El comité concluyó por unanimidad que España ha incumplido varias disposiciones de la Carta Social Europea, entre ellas el derecho a la vivienda (artículo 31.1), el derecho de los niños a un entorno favorable para su desarrollo (artículo 17.1), el derecho a la protección de la salud (artículo 11.1), y el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30).
En particular, subrayó que el Estado no ha tomado medidas suficientes para garantizar el acceso a la electricidad en estos sectores mientras se desarrolla el plan de realojo, lo que ha derivado en una situación de extrema vulnerabilidad para los afectados.
El comité recordó que la vivienda adecuada debe incluir acceso estable a electricidad para calefacción, iluminación, refrigeración de alimentos y otros servicios esenciales. Consideró insuficientes las medidas paliativas adoptadas, como la distribución de generadores o bombonas de gas, y destacó que los problemas derivados de la falta de luz afectan gravemente a la salud, la seguridad y la educación de los menores.
En este último aspecto, la decisión resalta que la falta de electricidad dificulta la asistencia a clase y el acceso a recursos educativos digitales, lo que constituye una violación del derecho a la educación reconocido en la Carta.
También menciona que el Estado "no había adoptado las medidas adecuadas para garantizar las normas de seguridad alimentaria e higiene" (artículo 11.3).
El fallo también critica la falta de participación efectiva de las familias afectadas y las organizaciones que las representan en la toma de decisiones sobre los cortes de luz. Además, señala que el Estado no actuó como se requería para prevenir accidentes domésticos relacionados con la ausencia de suministro eléctrico, como incendios e intoxicaciones por generadores de gasolina, que han provocado lesiones graves e incluso la muerte de un residente en 2023.
Plantaciones ilegales
En sus alegaciones, el Gobierno español argumentó que el problema de los cortes de luz en la Cañada Real está vinculado a sobrecargas en la red eléctrica provocadas por plantaciones ilegales de marihuana en la zona y que se han adoptado medidas como el reparto de recursos energéticos alternativos y un plan de realojo progresivo. No obstante, el comité concluyó que la falta de electricidad no puede justificarse por la existencia de actividades ilícitas y que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, dado que muchas familias siguen viviendo en condiciones inadecuadas más de cuatro años después del inicio de los cortes.
El plan de realojo contempla la reubicación de unas 1.631 familias en un periodo de hasta diez años, lo que, según el comité, no cumple con el requisito de garantizar soluciones en un plazo razonable. De acuerdo con el fallo, la duración prolongada de la falta de electricidad y la insuficiencia de medidas adoptadas suponen una vulneración continuada de los derechos de los residentes de la Cañada Real.
La decisión del ECSR no es vinculante, pero ejerce presión sobre España para que adopte medidas urgentes que garanticen el acceso a la electricidad y mejoren las condiciones de vida de los afectados. La condena se suma a los pronunciamientos previos del Defensor del Pueblo español y de diversos organismos internacionales que han instado al Gobierno a solucionar esta crisis humanitaria que persiste en la periferia de Madrid.