Con Madrid lleno de zanjas y obras, mucho se ha hablado de la admiración del actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, al ex dirigente Alberto Ruiz-Gallardón, responsable de transformaciones tan claves para la ciudad como Madrid Río.
La comparación por magnitud no tiene mucho sentido, ya que los grandes túneles de la M-30 poco tienen que ver con el soterramiento de tramos como Ventas o la A-5, pero permite al equipo de Gobierno del Ayuntamiento reivindicar lo mal que lo pasaron los madrileños en esos meses de obras y lo bien que ahora están.
Es decir, el éxito de las obras llega una vez acaba el calvario de las excavadoras.
Sin embargo, algo diferente también une a estos dos alcaldes y es conseguir una Ley de Capitalidad para Madrid que incluya, además de reconocimientos administrativos y concesiones cosméticas como llamar al teniente alcalde, vicealcalde, un régimen económico especial para Madrid que le dé mayor libertad e ingresos.
El regidor madrileño ha reconocido después del Debate del Estado de la Ciudad celebrado este lunes en el Palacio de Cibeles, que renuncia a pelear por la reforma de esta ley especial en los próximos dos años que le quedan de Legislatura.
En una entrevista en Onda Madrid, Almeida ha dejado claro que sería muy difícil, por no decir imposible, que el Congreso de los Diputados se pusiera de acuerdo para cambiar el régimen económico de Madrid y dotar a la Ley de Capitalidad que se aprobó en julio de 2006 de algo más que buenas palabras.
Promesa electoral
Y eso que la reforma de esta normativa era el primer punto del programa electoral con el que José Luis Martínez Almeida se presentó a las elecciones del pasado 2023. En él se establecía que los cambios podrían traer a Madrid más agentes de Policía Municipal y más ingresos, entre otros.
El entonces candidato del PP proponía "la reforma de la Ley de Capitalidad para que Madrid pueda contar con el número de policías municipales que necesita para atender todos los servicios de manera adecuada; para que tenga las infraestructuras necesarias que mejoren la movilidad de una ciudad que produce 12 millones de desplazamientos; para convertir a la ciudad en polo de atracción de empresas e inversión, y para tener una mayor participación en los ingresos del Estado que le permitan sufragar los recursos inherentes a la capitalidad", según aparece en la página 12 de su programa electoral.
Pero superada ya la mitad de la Legislatura, el regidor reconoce que la reforma es "inasumible para la ciudad", sobre todo por la "inestabilidad política" que hay en España y que hace imposible que se pudiera aprobar cualquier cambio en el Congreso de los Diputados, donde hay que reformar la ley.
Una Ley de Capitalidad de verdad, con financiación y autonomía de la ciudad, más allá de los simples reconocimientos lingüísticos, era el sueño de Alberto Ruiz-Gallardón. Cuando consiguió la primera aprobación, en 2006, había un Gobierno del PSOE, como ahora, que sí dio estatus a Madrid pero no mayor participación económica.
Ni PSOE ni PP
Luego vinieron gobiernos del PP a nivel nacional, pero nadie, ni en un lado ni en otro, plantearon en serio una reforma de la Ley de Capitalidad, como sí lo hizo Almeida de cara a esta segunda legislatura como alcalde.
Con este reconocimiento, habrá que esperar a la próxima Legislatura para ver si el Gobierno de Madrid salido de las urnas en 2027 vuelve a retomar la eterna demanda de Madrid: un estatus capitalino como París, por ejemplo, donde no sólo haya buenas palabras sino también ingresos y competencias.