El juez del caso Sinclair & Wilde, que investiga una supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la venta de 500.000 mascarillas, ha emitido una orden de busca y captura internacional contra el empresario francoisraelí que suministró este material al consistorio en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19.
Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En dicho documento, el magistrado pide localizar y detener a Philippe Solomon, quien figura como responsable de la empresa Sinclair & Wilde, una consultora con sede en Nueva York. El juez ordena que sea puesto a disposición de las autoridades españolas.
Al parecer, este empresario habría suministrado al consistorio medio millón de mascarillas defectuosas por la cantidad de 2,5 millones de euros. Por ello, el juez también pide que cuando Solomon sea detenido, ingrese en prisión provisional.
La negociación entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa de Solomon fue tensa. Finalmente, cuando las mascarillas llegaron a Barajas el 23 de abril de 2020, el consistorio comprobó que no reunían los requisitos pactados. El envío tampoco incluía los certificados de calidad pertinentes.
La funcionaria Elena Collado, responsable de las compras de material sanitario en el Ayuntamiento, escribió un e-mail al empresario 4 de agosto de 2020. Le reprochaba que el pedido no cumpliese con lo pactado.
"Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto, te he enviado varios mensajes que no has contestado", le reprochó Collado.
Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero. Espero acuse de recibo de esta comunicación para continuar el "procedimiento más adecuado", advirtió la funcionaria. El asunto del correo era "mascarillas". Su relevancia: "alta".
Finalmente, el Ayuntamiento denunció a Solomon por supuesta estafa. Ante las primeras sospechas, el consistorio ya había ordenado a su banco, el 7 de abril de 2020, la "retrocesión de la transferencia realizada por importe de 1,25 millones de euros", debido al "incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario". No obstante, nadie devolvió el dinero.