El Plan Reside, que tramita el Ayuntamiento de Madrid para abordar el fenómeno de los pisos turísticos de alquiler, incluye otra medida 'independiente'. Se trata de un mecanismo que abre la puerta a que los edificios protegidos y "obsoletos" del centro histórico de la ciudad alberguen viviendas con alquileres asequibles y 'colivings'. Hablamos, por ejemplo, de aprovechar como hogares conventos religiosos.
La medida está dirigida a 182 parcelas con posibles usos desfasados. Todas ellas se encuentran dentro del AP001, una área urbanística que incluye el distrito Centro al completo, casi todo Chamberí y buena parte de Arganzuela, Retiro y Salamanca. También engloba el barrio de Argüelles (en Moncloa) y parte de El Viso (Chamartín).
Sólo podrán acogerse a esta alternativa aquellas construcciones con un uso obsoleto que no esté justificado en estos momentos en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997.
La herramienta habilitará a estos inmuebles cambiar su uso dotacional privado a residencial. Todo dependerá, claro, de si sus dueños quieren.
Para el Consistorio también es una forma de poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de la capital.
Precios del alquiler limitados
En los edificios que cumplan los requisitos se podrá implantar un uso residencial. Este, a su vez, podrá ser en la categoría de 'vivienda colectiva' (toda parcela que cuente con espacios comunes) o en las de 'comunitaria' y 'compartida'.
En el caso de las colectivas -según recoge la memoria del Plan Reside- deberán "destinarse obligatoriamente a 'vivienda libre en régimen de alquiler'". ¿Qué es esto? "Un nuevo tipo de vivienda" con condiciones que "limitan la renta de alquiler para facilitar" el acceso a la población general. Además, estos hogares en alquiler deberán ajustarse a otras condiciones. Entre ellas, la renta máxima no podrá superar el 30% de los ingresos familiares medios del barrio en el que se ubique el edificio.
Hasta 1.600 viviendas
En total, Cibeles ha identificado 182 parcelas catalogadas y con posibles usos desfasados. Dentro de esa cifra se encuentran 106 edificios religiosos, 51 equipamientos educativos (como colegios), nueve espacios sanitarios y otros nueve culturales. Pese a que el Consistorio es consciente de que es difícil saber el uso real de todos estos edificios, sí que ha detectado algunos "aparentemente clausurados, sin uso, infrautilizados, o incluso no edificados".
Con todo, el Ayuntamiento ve posible que entre un 5 y un 10% del total recurra a esta solución. Si es así, resultarían entre 800 y 1.600 viviendas. Esta estimación municipal no distingue entre categorías de vivienda, es decir, no desglosa entre colectivas, comunitarias o compartidas.
Serán las comisiones de Patrimonio las que valorarán caso a caso las intervenciones en los bienes protegidos que quieran recurrir a este nuevo recurso.
Este lunes, el portavoz municipal de Urbanismo del PSOE, Antonio Giraldo, ha preguntado en el Pleno de Cibeles a Borja Carabante "cómo explica el tope de precios al alquiler incluido dentro del Plan Reside a determinados particulares, pese a la negativa que siempre han manifestado el alcalde Almeida y el PP a este tipo de medidas".
Giraldo compara así la Ley estatal de Vivienda con el novedoso mecanismo que incluye el plan municipal.
La Ley de vivienda -explica el concejal socialista- dice que "en una zona acotada (zona tensionada) los propietarios, si quieren, pueden acogerse a los precios marcados por el índice publicado y a cambio reciben beneficios fiscales en forma de deducción del IRPF hasta el 90%".
"El Plan Reside" marca que "en una zona acotada, los propietarios pueden acogerse a los precios marcados por el propio Ayuntamiento, a cambio de unos beneficios, en este caso no en forma de deducciones, sino en aprovechamiento urbanístico en forma de recalificación de dotación al privado a residencial", agrega.
"Mentira y falta de rigor"
Para Carabante, la conclusión a las que llega el edil socialista se basa en la "mentira, la manipulación y la falta de rigor". "Si para usted la vivienda asequible y protegida es topar los precios...", ha contestado.
El máximo responsable del Urbanismo de Madrid ha defendido la promoción de hogares asequibles por su "función social" y ha rechazado la Ley estatal de Vivienda porque "dice" que hay que "topar el precio para aquellos ahorradores que tienen una segunda vivienda". "La sacan al alquiler y [el Gobierno estatal] les interviene su vivienda en una concepción soviética de la vivienda privada", ha agregado.