Cerca de 110 furgonetas, camiones y autocares con crespones negros han protagonizado este lunes una marcha lenta por las calles de Madrid para denunciar su "expulsión" del centro de la capital a partir del 1 de enero de 2024.

Pese a que la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) prohibía la entrada de las furgonetas más contaminantes al centro de Madrid, una moratoria permitía a estos vehículos seguir entrando a este área sin ser multados. Además de caducar la moratoria con el nuevo año, el TSJM anuló esta prórroga hace unas semanas por un fallo de forma. El Ayuntamiento de Martínez-Almeida ha anunciado este lunes que los transportistas deberán asumir este plazo de dos meses. 

La marcha ha partido minutos después de las 11 de la mañana de Méndez Álvaro con una hilera de vehículos con crespones negros y pancartas en las que se podía leer "el alcalde ultraecologista arruina a los transportistas".

La manifestación ha sido convocada por las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid y de viajeros discrecional y regular de uso especial en autobús (ATA, ATG, CETM-Madrid, Fenadismer Madrid y AETRAM), que representan a prácticamente el 100% del sector.

La larga fila de vehículos se ha dirigido desde allí hasta el Paseo del Prado para llegar al Paseo de la Castellana y, desde allí, dar la vuelta en la Glorieta de Emilio Castelar para retornar a esta vía hasta llegar a Cibeles, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento y finalizar en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia.

Con esta medida, los convocantes denuncian las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección en el centro de Madrid a partir de 1 de enero de 2024, así como por sus limitaciones horarias.

Reclaman una moratoria de tres años al Ayuntamiento de Madrid, hasta el 31 de diciembre del 2026 "para que las empresas y los autónomos del sector puedan adecuar sus vehículos a las exigencias de la normativa municipal".

Una vez que entre en vigor, no podrán acceder al distrito Centro los vehículos ligeros (furgonetas) hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Según los convocantes, esto afectará a prácticamente el 70% de la flota actual de distribución urbana de mercancías (DUM) y al 80% del sector de las mudanzas, que no podrán realizar su trabjo.

También a todos los vehículos de transporte de viajeros por carretera (autocares) de menos de 3.500 kilos con distintivo B, los cuales tampoco podrán acceder a dichas zonas a partir del 1 de enero de 2024, ampliándose esta medida a todos los vehículos B sin distinción a partir del 1 de enero de 2025. En este caso, más del 60% de la flota actual de autocares discrecionales y turísticos en la región no podrán acceder al Distrito Centro.

Por ello, el sector solicita una moratoria de tres años al Ayuntamiento de Madrid, hasta el 31 de diciembre del 2026, para que se permita el acceso de los vehículos profesionales con distintivo B al Distrito Centro, un asunto que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento que se está celebrando al cierre de esta edición, a petición de Vox.

El Ayuntamiento de Madrid concedió una moratoria a estos vehículos hace justo un año, pero los tribunales tumbaron la medida tras las denuncias de PSOE y Más Madrid. En la última reunión con el Consistorio, celebrada este mes de octubre, según los convocantes, no hubo avances posibles, ya que el equipo de gobierno de José Luis Rodríguez Almeida se escudó en la mencionada decisión judicial.

"La sentencia simplemente dijo que había un defecto de forma, dado que esta moratoria se había aprobado en la ordenanza de medioambiente y no en la Ordenanza de Movilidad, que es lo que tenía que haberse producido. Pero por supuesto que tiene los instrumentos legales necesarios, si el Ayuntamiento tiene voluntad, para volver a aprobar una moratoria y coordinarse con lo que establece la Unión Europea, que es que a partir de 2027 entre en vigor las nuevas medidas medioambientales en materia de vehículos de transporte", ha explicado Luis Gil, portavoz de Fenadismer Madrid (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte).

En este sentido, Gil ha subrayado los problemas de desabastecimiento que generará esta medida. "Si el 70% de la flota, que según nuestras estimaciones es la que se ve afectada, no va a poder seguir trabajando en el centro de Madrid, lógicamente los establecimientos y comercios no se van a poder suministrar o hacer el acopio necesario y por tanto el problema es del Ayuntamiento, no de los transportistas", ha indicado.

Jorge Somoza Martín, director general de CETM Madrid (Confederación Española de Transporte de Mercancías), ha recalcado que el sector de las mudanzas es el más afectado y esta normativa perjudica tanto al sector como a los madrileños porque "no se van a poder prestar los servicios como se han venido prestando hasta la fecha".

En este sentido, ha reclamado que se atienda "una particularidad específica" para el sector de las mudanzas. "En un servicio de mudanzas prácticamente la mayoría de la jornada el vehículo se encuentra estacionado, tienen un permiso específico de ocupación de la vía pública precisamente por el gran tiempo que se encuentran estacionados en la vía. Por lo tanto, no circulan prácticamente, tienen muy pocos kilómetros, de ahí que la flota sea bastante antigua, pero su nivel de emisiones y de contaminación es muy bajo", ha defendido.

Esfuerzos sí, milagros no

Desde la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid, Antonio Villaverde León, ha puesto el acento en el "grave problema de desabastecimiento" que se generará ya que el 70% de las furgonetas con distintivo B no van a poder entrar en la ZBEDEP, y ha llamado al Ayuntamiento a "entrar en razón".

"Nosotros somos conscientes de que hay un problema medioambiental y que tenemos que hacer esfuerzos para renovar. Esfuerzos podemos hacer, pero milagros no. Nos piden un milagro. En el mundo ideal es muy bonito y lo entendemos, pero tal y como está el sector, ahora es imposible. Pedimos tres años, entendemos que en tres años nos será más fácil. En tres años la gente se irá mentalizando y el que no pueda a lo mejor dejará la profesión. Pero sí que es verdad que con tan poco tiempo es imposible", ha defendido.

Cambio de horarios

En la misma línea, reclaman una ampliación de los horarios de acceso de los vehículos profesionales al distrito Centro, permitiéndose también en horario de tarde, a fin de evitar la concentración de estos vehículos en la circulación y en las reservas de carga y descarga en el horario de la mañana, a fin de que se produzca una mayor descongestión.

"Es incoherente que se concentren los vehículos en un periodo muy corto de tiempo, en concreto por la mañana. Si se estableciera un calendario mucho más amplio de reparto, lógicamente los vehículos de transporte no se concentrarían en tres horas por la mañana como es lo que ahora mismo está establecido", ha defendido el portavoz de Fenadismer Madrid.

Excepcionados

Desde el sector de los autobuses, David del Olmo, presidente de la Asociación de Transportistas de Autocares de la Comunidad de Madrid, ha subrayado que sin la moratoria se deja al sector "sin posibilidades" e incluso ha ido un paso más allá al defender que tendrían que estar "excepcionados".

"A fecha de hoy el autobús cuesta entre 100.000 y 285.000 y no tenemos vehículos eléctricos que funcionen para este tipo de autobuses", ha lamentado, para defender que "la sostenibilidad, la ecología" debería estar "al servicio de los ciudadanos, no al revés".

Finalmente, han recordado que el actual equipo de Gobierno municipal se mostró "muy crítico" con la regulación de Madrid Central que planteó en 2018 la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y que el alcalde actual, José Luis Martínez-Almeida, "se comprometió con el sector del transporte" a analizar la situación a raíz de la moratoria aprobada el año pasado, por lo que ven deseable "que abandone la senda "ultraecologista" que viene manteniendo y que adoptara medidas realistas y asumibles para los transportistas".