La situación económica de España presenta una vulnerabilidad crítica en sus cuentas públicas que el Gobierno espera reconducir en base a la persistencia del fenómeno inflacionario y un crecimiento del PIB próximo al 2%. Fía todas sus esperanzas a que estos dos efectos contribuyan a reducir el déficit hasta el 3% y la deuda pública al 106,3%.

Se trata de una irresponsabilidad más en materia de política económica para un gobierno que parece ignorar que, sin un análisis detallado de la eficiencia del gasto público y la eliminación de partidas innecesarias e improductivas, será imposible reconducir nuestros desequilibrios de forma sostenible en el largo plazo.

La percepción que emana del Ministerio de Economía sugiere que la visión cortoplacista de Sánchez se ha instalado en los despachos del Ministerio de Economía, asumiendo con normalidad una proyección de incremento en el gasto público del 9,3% para 2024, alcanzando un nuevo techo de gasto récord (sin incluir los fondos europeos) de 189.215 millones de euros, un 58% más que en 2018 y ocupando con nuevo gasto estructural, los espacios de gasto coyuntural que se van liberando con la retirada paulatina de las medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania.

La deuda pública registró un volumen de 1,574 billones de euros en diciembre, 380.000 millones más que en junio de 2018, mientras se celebra con regocijo la fuerte demanda experimentada en las emisiones de deuda pública ante la inexistencia de alternativas de inversión atractiva para los hogares españoles. La tenencia de Letras del Tesoro está determinada por la subida de tipos de interés y una rentabilidad superior a la proporcionada por los depósitos a plazo del sector financiero.

La situación económica de España presenta una vulnerabilidad crítica en sus cuentas públicas

Sin embargo, que el coste medio de las nuevas emisiones de deuda se haya situado en el 3,4% o que el coste medio de la deuda en circulación haya crecido un 35% en dos años hasta el 2,085% deberían motivar a una reflexión más profunda por parte de los responsables políticos. La proyección del incremento del servicio de la deuda para los próximos años asciende a un coste esperado en 2028 de casi 46.000 millones de euros frente a los 31.275 del año pasado.

Ni toda la propaganda gubernamental es capaz de ocultar la ineficiencia en la aplicación de las medidas fiscales expansivas del gobierno. La Encuesta de Condiciones de Vida muestra como el año pasado se han superado los 4,3 millones de personas en situación de carencia material y social severa, alcanzando el 9% de la población. Es el peor dato de pobreza en nuestro país desde 2014.

¿Cómo explica el Gobierno más social de la historia que en 2023 el riesgo de pobreza infantil haya crecido hasta el 34,2%, que el 20% de los hogares no pueda mantener la vivienda a una temperatura adecuada o el 37,1% de los hogares no tuviera capacidad para afrontar gastos imprevistos?

No se trata de regar la economía de fondos por efecto inundación, sino de redistribuirlos de manera eficiente mediante una evaluación ex ante y un análisis riguroso. Un aumento del gasto público per se, no implica necesariamente que se mejore la efectividad para reducir las brechas sociales.

Además, el regreso de las reglas fiscales exigirá que España, pese a la inseguridad jurídica y la inestabilidad política actual, tenga que presentar en septiembre un plan fiscal a 4 años (2025-2028) que incluya compromisos fiscales y en nuestro caso, con una deuda superior al 60% del PIB, proporcione una senda creíble que garantice una reducción en la deuda durante los 10 años posteriores al plan.

La proyección del incremento del servicio de la deuda para los próximos años asciende a un coste esperado en 2028 de casi 46.000 millones de euros

Es un gran desafío como país que implicará a todas las Administraciones y que requiere de un liderazgo y excelencia en la gestión pública que no se atisba en un gobierno cercado por presuntos casos de corrupción y conflictos de intereses. Las pymes, autónomos y las clases medias y trabajadoras están soportando una creciente carga tributaria que exige que los recursos del Estado se gestionen de manera transparente y eficaz.

La expansión del tamaño del sector público, impulsada por las políticas intervencionistas del Gobierno, está provocando ineficiencias en la asignación de factores en la economía y un efecto expulsión del sector privado. Si se sacrifica la eficiencia productiva del sector empresarial y la promoción de iniciativas rentables en un contexto de creciente gasto público, los resultados que podemos esperar serán elevadas tasas de déficit público y una mayor acumulación de deuda.

Es socialmente reprobable observar cómo se negocian votos a cambio de amnistías, transferencias competenciales y asignaciones presupuestarias, en una práctica parlamentaria que daña la seguridad jurídica, la confianza imprescindible para generar inversión y provoca una pérdida de credibilidad institucional sin paragón.

Precisamente de uno de los beneficios más significativos que tendría una revisión y ajuste del gasto público se encuentra en la confianza. La disminución del coste de la deuda, la aplicación de unos recursos escasos en las medidas más eficientes y la mejora de la perspectiva de los inversores sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, proporcionarían señales positivas sobre nuestra economía, impulsarían el crecimiento y ahorros significativos que se podrían destinar a la reducción de impuestos, bonificaciones fiscales para incentivar la inversión o políticas sociales.

Esperar que el crecimiento inercial de la economía española y la inflación reduzcan el peso de la deuda es insuficiente. Lo difícil es realizar las reformas estructurales aplazadas, transformar y digitalizar la administración, gestionar eficientemente los fondos europeos, reducir las trabas burocráticas que penalizan la actividad económica o eliminar las estructuras innecesarias de este Gobierno sobredimensionado, diseñado para contentar cuotas políticas y comprar tiempo en La Moncloa. Lamentablemente, este Gobierno hace tiempo que escogió el eslogan frente al rigor.

*** Santiago Sánchez López es economista.