Esta decisión de Francia se ha acelerado tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la inclusión de la nuclear dentro de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles (qué se considera 'verde' y qué no) lo cual permite acelerar los planes de inversión en energía nuclear anunciados por el presidente Emmanuel Macron en la COP26 en Glasgow en noviembre del año pasado.

Si bien este movimiento del Gobierno francés sirve para mostrar firmeza frente a los socios europeos y el mundo ante posibles problemas de suministro energético en los próximos meses, se trata de una decisión poco novedosa y que supone volver a las mismas políticas que se pusieron en marcha durante la crisis energética de los años setenta.

Es volver 50 años atrás, pero en un mercado mucho más complejo, con un poder de negociación muy concentrado en pocos países tanto productores como distribuidores de productos energéticos, y bajo un escenario de pérdida de confianza de los inversores internacionales en Europa y, más concretamente, en el euro.

Uno de los elementos que más llama la atención de esta operación es que sea precisamente Francia –el país con mayor autonomía energética de las grandes economías europeas– quien tome la decisión de controlar la totalidad de la generación eléctrica.

Llama la atención de esta operación es que sea precisamente Francia quien tome la decisión de controlar la totalidad de la generación eléctrica

Aunque cuenta con un parque de generación nuclear que la semana pasada generó el 70% de la electricidad según el Operador del Sistema RTE y su escasa dependencia del gas (apenas un 12%, con un 9% de la potencia instalada proveniente de hidroelectricidad), cree que es necesario realizar un mayor esfuerzo en materia de soberanía energética instalando más plantas de energía atómica (especialmente, minirreactores) y modernizando las ya existentes.

Precisamente, ante la necesidad creciente de mantenimiento observada en los últimos meses (el caso, por ejemplo, de la central nuclear de Civaux que provocó la parada de otros reactores similares), las decisiones de paros por motivos técnicos y otras razones técnicas y de mercado, hacen que sea urgente aprobar un plan de inversiones para tener a punto los más de 26.000MW del parque nuclear francés (el segundo mayor del mundo por detrás de EEUU). Ello para reducir la volatilidad y escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad.

En cuanto se produce la parada inesperada de algún reactor nuclear, el mercado reacciona de manera extrema llegando a marcar precios horarios por encima de los 3.000€/MWh.

La falta de alternativas viables y seguras como la nuclear, junto con la ausencia de un plan integral de inversiones a gran escala tanto en las centrales existentes como las que se construirán en los próximos años, se descuenta en los mercados de futuros desde hace bastante tiempo en forma de diferenciales de precio superiores en Francia con respecto al resto de mercados europeos. A 2023 el futuro de la electricidad cotiza a 439€ frente a los 359€ de Alemania o los 330€ de Italia.

En este sentido, Macron busca tranquilizar al mercado para embridar la dinámica de precios y, de esta forma, controlar los costes para una industria que es fuertemente dependiente de tener unos costes energéticos reducidos frente a sus altos costes laborales.

 Macron busca tranquilizar al mercado para embridar la dinámica de precios y, de esta forma, controlar los costes

El problema de este planteamiento reside en la consideración de que el control al 100% de EDF por parte del Estado francés es una garantía de que se invertirá en aquello que es necesario, y que no se repetirá la historia más reciente de falta de inversiones y planificación en la potencia instalada nuclear.

Es evidente que es un error de libro: ¿qué nos lleva a pensar que el Estado francés va a hacer todo lo que es necesario de manera eficiente y eficaz en los próximos meses si se ha pasado más de dos décadas siendo dueño del 84% del capital de EDF y no las ha hecho? ¿Qué característica especial confiere a esta ocasión como "diferente" dado el historial de la intervención pública en el sistema energético francés?

Dado el contexto actual, la dinámica pública de las inversiones será algo distinta, ya que se acelerará la ejecución de una buena parte de las inversiones que se están prometiendo por parte del Gobierno francés (los más de 50.000 millones de euros anunciados en Glasgow hasta 2035-2037), probablemente a cambio de intervenir en la fijación de los precios de la electricidad.

Pero existe un riesgo muy elevado de que cuando desaparezca el incentivo de la urgencia actual, en los años siguientes se vuelva a dar la misma gestión ineficiente del pasado.

Estamos repitiendo punto por punto los errores de la crisis de los 70

En definitiva, estamos repitiendo punto por punto los errores de la crisis de los 70. El movimiento hacia una propiedad pública de la producción energética fue una de las decisiones que mayor coste económico generó junto con medidas como los controles de precios (el caso, por ejemplo, del tope del gas actual o los precios oficiales de los 70 y 80).

Todo ello sale especialmente caro en una crisis inflacionista donde, por mucho que la energía fuera una de las fuentes de la inflación, su canal de transmisión ya es tan poderoso que sólo puede pararse con políticas monetarias fuertemente contractivas.

Concretamente de la tendencia hacia la propiedad pública de las empresas energéticas, España afortunadamente se sitúa muy lejos, pero no sin haber asumido hasta la fecha un coste elevado por las medidas puestas en marcha por el Gobierno Sánchez.

Sus socios parlamentarios vuelven a agitar el fantasma de la nacionalización de la industria energética, resonando los ecos de los debates en las Cortes de 1979 cuando se discutía la aprobación del Plan Energético Nacional.

*** Javier Santacruz es economista.