Nuestro país importa todo el petróleo que consume, fundamentalmente para carburantes, y también todo el gas natural. Por lo tanto, la subida de precios supone pagar más a los países productores por el mismo producto. El efecto automático es el empobrecimiento de España a favor de estos países. Esto no se puede evitar. Lo único que se puede hacer es intentar consumir menos. Pero, el efecto es muy relativo.

Así, en 2018 y 2019 en España se consumieron unos 34.000 millones de litros de gasolinas y gasóleos. Esta cifra cayó a 29.000 millones en 2020. Esto quiere decir que las mayores restricciones a la movilidad de nuestra historia solo redujeron el consumo de carburantes y combustibles un 15%. Por supuesto, incentivar el teletrabajo o reducir el uso del automóvil particular son medidas positivas pero el efecto será reducido. 

Las mayores restricciones a la movilidad de nuestra historia solo redujeron el consumo de carburantes y combustibles un 15%

Para que nos hagamos una idea del impacto del shock energético, pensemos que, en enero de 2021, hace 14 meses, un barril de crudo Brent costaba 54 dólares. En enero, antes de la invasión rusa de Ucrania, la cotización ya era de 86 dólares, y hace unos días ya estaba a 120 dólares.

La traducción en precios de un litro de gasóleo (el carburante que utilizan más del 70% de los vehículos en España) era que, en enero de 2021, un litro de gasóleo costaba 1,10 euros, de los que 55 céntimos eran impuestos, 35 céntimos coste del producto, y el resto margen comercial.

Un año después, según los últimos datos disponibles de la CNMC, el litro ya estaba en 1,40 euros, los impuestos eran 62 céntimos, el margen comercial era de 22 céntimos, y el coste del producto era ya de 56 céntimos. Si con este margen comercial, el precio pasa a 1,90 euros, entonces los impuestos serían 71 céntimos, y el coste del producto habría subido a 98 céntimos.

Si el precio del barril se mantuviese a este precio, y también la cotización del dólar con el que pagamos el petróleo, la economía española transferiría al exterior unos 20.000 millones de euros más al año. Éste es el resultado de multiplicar el aumento de coste de 64 céntimos por 34.000 millones de litros de gasóleos y gasolinas.

Si se consiguiese reducir el consumo un 10%, que es muchísimo, a lo mejor nos empobreceríamos un poco menos, quizás sólo en 17.500 millones de euros, que es un 1,5% del PIB. Y aquí sólo estamos hablando de carburantes, a lo que habría que añadir el gas natural, que también importamos y que también ha duplicado su precio en unos meses.

 Todo esto debería disminuir la demanda de gas y combustibles derivados del petróleo para aumentar la demanda de energía eléctrica. Sin embargo, también la electricidad ha incrementado su precio de forma espectacular. Aquí tenemos un problema distinto, el disparatado precio del gas ha contagiado al mercado eléctrico.

Como el gas es una parte del mix eléctrico, y no todo, aquí una solución parcial es complicada y costosa, pero posible. En cualquier caso, los Estados que, en este momento están obteniendo su energía del gas, lo que les interesa es fomentar la oferta de estas energías retribuyéndolas al precio del gas.

A España, a largo plazo, también le interesaría, pero en una situación energética de precios límite, a corto plazo para contener la inflación, e incrementar la demanda eléctrica, habría que intentar limitar la retribución del resto de las energías, lo que haría que se disparase un poco menos el recibo de los consumidores.

En todo este shock energético, la recaudación del IVA está aumentando. Pero esto no significa que haya margen fiscal. En primer término, el margen depende de la recaudación general, no de un solo impuesto.

El aumento de costes empresariales y la contracción de la demanda acabarán lastrando la economía y por supuesto la recaudación fiscal. Por otra parte, las necesidades de gasto van a aumentar, lo que reducirá el margen para las ayudas. Por dar un solo dato, si la inflación se mantiene en el 6,7% de febrero, lo que es ser ciertamente optimista tal y como van las cosas, entonces, sólo para actualizar las pensiones, el extra de gasto el año que viene será, como mínimo, de 11.500 millones de euros, cerca del 1% del PIB. 

La recaudación del IVA está aumentando. Pero esto no significa que haya margen fiscal

Aún así, se pueden conceder ayudas o rebajas de impuestos. Pero hay que ser conscientes de que no es gratis. Esto supone trasladar el coste a todos los contribuyentes, que, en no demasiado tiempo, tendremos que afrontar aumentos de impuestos y/o recortes de gasto público para compensar.

Una política selectiva y temporal de reducción de impuestos a la energía, combinada con ayudas, también temporales, a los sectores más afectados tiene dos ventajas: mantiene cierta actividad y modera la inflación. Pero el precio es elevar el déficit público, que también necesitamos reducir con un nivel de deuda pública rozando el 120% del PIB. Tomar estas medidas sólo tiene sentido si el shock es temporal. Probablemente lo sea, pero no sabemos cuánto durará.

La duración del shock dependerá de la duración de la guerra en Ucrania, y también de la duración de las sanciones. Por otra parte, la capacidad de producción de crudo alternativo al ruso es bastante elevada, especialmente a precios elevados. Sin embargo, hay escasez de gas. También hay escasez de infraestructuras alternativas a los gasoductos que provienen de Rusia y que suministran a Europa Oriental y a Alemania. Todo esto indica que, efectivamente, el shock no será permanente, pero sí más largo de lo que nos gustaría a todos, incluso siendo moderadamente optimistas.

Todo esto resulta amargo, pero es parte del precio de la libertad y la seguridad en Europa. Y en Ucrania, los ciudadanos están pagando el precio más elevado de todos.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.