La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que esta propuesta de Unidas Podemos es "inoportuna" porque este partido, que forma parte del Gobierno, debía haber esperado al dictamen del Comité de Expertos que debería tener listo su informe este mismo mes. Es bueno recordar que uno de los hitos para la llegada de los fondos Next Generation es, precisamente, la entrada en vigor de la reforma fiscal ligada al informe de ese comité.

Seguramente, hubiese sido deseable que se escuchase antes a los expertos, porque, prescindiendo de cuestiones ideológicas, el impuesto de sociedades está sometido a importantes desafíos.

Uno de los temas más discutidos es si las grandes empresas españolas pagan poco o mucho en el impuesto de sociedades, aunque según algunas ratios pagan menos que las pymes. Esto no necesariamente supone un problema de capacidad económica, ya que una gran empresa puede tener muchos accionistas pobres, y un rico puede tener muchas pequeñas empresas.

Sin embargo, lo que sí puede haber son problemas de competencia porque las grandes empresas, pagando menos impuestos, puedan impedir la entrada de pymes en los mercados que controlan. Pero, incluso admitiendo que las grandes empresas debiesen pagar más impuestos sobre sus beneficios, este objetivo no es sencillo de conseguir.

La principal razón por la que las grandes empresas pagan menos por el impuesto de sociedades en España radica en que los grandes grupos obtienen buena parte de sus beneficios en el extranjero. Estas rentas, cuando se traen a España en forma de dividendos suelen estar bonificadas al 95%, y hasta el año pasado estaban completamente exentas. Unidas Podemos en su propuesta propone reducir esta bonificación y que no se aplique a todos los dividendos.

Sin embargo, esto supondría que la inversión de las empresas españolas en el exterior pagaría más que en España. Y eso es contrario a la libertad de circulación de capitales, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recientemente por este motivo anulaba las sanciones ligadas a la declaración de bienes en el extranjero.

Otro problema es que España estaría incumpliendo sus convenios para evitar la doble imposición con muchos países. Y, por último, y todavía más sencillo, muchas empresas no repartirían dividendo si van a tener que volver a pagar por traerse beneficios de sus filiales a España.

Si las empresas no traen dividendos, el beneficio de las filiales tampoco tributaría en España. Esto supone que no se recauda, y que las empresas que quieran repartir dividendos, lo que harían sería pedir un préstamo. Esto es lo que hizo Apple hace unos años para repartir un dividendo, porque llevar el beneficio exterior a Estados Unidos era mucho más caro que pagar los intereses de un préstamo.

Si las empresas no traen dividendos, el beneficio de las filiales tampoco tributaría en España

Como vemos, esto es un problema global y para solucionarlo se necesita una solución global, como el acuerdo del "marco inclusivo" de la OCDE. Aquí, los planteamientos unilaterales no ayudan, ni nos ayudan, por ser suaves.

Con todo, el principal desafío que plantea el impuesto de sociedades es que cada vez recauda menos, incluso cuando se recupera la economía. Uno de los factores que influye es la compensación de pérdidas fiscales (bases imponibles negativas en la jerga fiscal) de años anteriores.

Aquí hay que tener mucho cuidado con las propuestas porque pueden tener un resultado contraproducente. Por ejemplo, Unidas Podemos propone limitar el plazo de compensación de las pérdidas fiscales a cuatro años, cuando ahora es ilimitado.

Muchas empresas han tenido pérdidas fiscales a lo largo de estos años. Si se les da un plazo de cuatro años para compensar, entonces las sociedades con pérdidas arrastradas deben poder aplicar todo el saldo en los próximos años. De otra forma, la norma les confiscaría el saldo a su favor y sería flagrantemente inconstitucional tanto por el principio de capacidad económica como por ser una limitación retroactiva de derechos adquiridos. En consecuencia, limitar el plazo de compensación supone que se debe dejar a las empresas que compensen todo el saldo pendiente de pérdidas anteriores con beneficios del ejercicio.

Ahora, las empresas más grandes solo pueden compensar con bases imponibles negativas, con pérdidas arrastradas, el 25% de sus bases positivas (beneficios ajustados) del ejercicio. Esto significa que el 75% del beneficio está sometido a tributación. Si este límite hubiese que eliminarlo, muchísimas empresas no ingresarían nada en los próximos cuatro años.

Esto no es teoría, fue lo que pasó en el primer pago fraccionado de 2016, cuando entró en vigor la subida del límite al 70% de los beneficios (a efectos fiscales) del ejercicio. Por esa razón hubo que restablecer estos draconianos límites en el Real Decreto Ley 3/2016 porque el déficit se disparó y España se enfrentaba a una multa de 6.000 millones de euros de la Comisión Europea. Lo ideal sería que no hubiese pérdidas fiscales acumuladas de este calibre, con lo que todas ellas se pudiesen compensar y además, en un plazo de tiempo más razonable, como cuatro años. Pero eso, simplemente, es no tener en cuenta la realidad de las empresas y del impuesto de sociedades en España.

Por último, otra idea que en principio suena bien es subir el impuesto de sociedades a las empresas eléctricas 10 puntos. Esto ya lo planteó en su día Podemos, como proposición de ley en el Congreso para la banca. Con la recaudación generada se buscaría financiar a los consumidores que menos ganan. Aquí el problema son los efectos secundarios.

En general, se elevan los impuestos a una actividad cuando se pretende penalizarla. Si una empresa eléctrica va a pagar más impuestos por el resultado de sus inversiones en España, entonces las hará en otros países. El problema es que para acometer la transición ecológica necesitamos más inversiones en producción y distribución de electricidad. Por otra parte, solo aumentando la oferta de electricidad será posible reducir unos precios que están disparados como todos sabemos.

Los impuestos también son política e ideología. Pero estos impuestos operan sobre una realidad económica. Además, estos impuestos no sólo recaudan, sino que alteran las decisiones económicas. Esto se da especialmente en el impuesto de sociedades.

Precisamente por eso, sería conveniente un debate técnico e informado también sobre las cuestiones fiscales. Más que debatir sobre lo que nos gustaría en materia de impuestos, necesitamos dialogar y acordar sobre las alternativas posibles con sus costes y consecuencias, positivas y negativas.

Precisamente por eso, los informes de los expertos son necesarios. Nos jugamos mucho, y no solo fondos europeos. No está de más recordar que, en ocasiones, el suelo del infierno está empedrado con las mejores intenciones.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.