Cuenta el libro 'Angela Merkel: Crónica de una era' que quienes protagonizaron el histórico consejo del Banco Central Europeo (BCE) el 26 de julio de 2012, tras el que Mario Draghi se atrevió a pronunciar su famoso "whatever it takes" piensan que el italiano había recibido antes el visto bueno de la entonces canciller alemana. Siete años después, los líderes europeos eligieron a una abogada y política francesa, Christine Lagarde, para estar al frente de una institución independiente que tiene como mandato velar por la estabilidad de precios. Es decir, controlar la inflación.

Lagarde cuenta con economistas que asesoran sus movimientos. Pero el perfil político que ha tomado el banco central es relevante para entender la andadura del BCE de los últimos años, en los que sus decisiones han sido fundamentales para esconder las diferencias de déficit entre los países del euro y permitir a los gobiernos del sur llevar a cabo políticas de gasto público inviables sin su respaldo.

La inflación ya está aquí. Lo dicen los datos de Eurostat y lo vemos cuando vamos al supermercado. Pero el discurso en Europa se ha centrado en hablar de inflación subyacente (la que excluye a los alimentos con precios más volátiles y a la energía) para sostener que no hay que preocuparse por la estabilidad de los precios.

Christine Lagarde y Luis de Guindos EP

El mensaje oficial es insistir en que la inflación subyacente está en el 2,6% y que es mejor no mirar el dato del 5% porque a finales de 2022, la inflación volverá a registrar tasas inferiores al 2%, que es el objetivo que tiene marcado el BCE en su política monetaria. 

Ojalá tengan razón. Pero lo cierto es que en Fráncfort ya hay un gran debate abierto sobre si se deben subir o no los tipos de interés en la Eurozona antes de 2023 para cumplir con su mandato. Hay una fecha clave a anotar: el domingo 24 de abril, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Hasta entonces, es seguro que el BCE hará whatever it takes (lo que sea necesario) para insistir en el mensaje de que no hace falta adelantar la subida de tipos. Después, veremos.

El debate interno ya está abierto. Y la solución a cómo retirar los estímulos no es sencilla. España -un país de palomas, en el argot de la política monetaria- tiene dos figuras relevantes en el BCE y cuentan fuentes conocedoras de los corrillos de Fráncfort que no comparten cuál debe ser el calendario de la retirada de estímulos y la subida de tipos.

En el entorno del vicepresidente, Luis de Guindos, se considera que es mejor no retrasar esa decisión, que ya se ha anunciado en Reino Unido y EEUU, para evitar daños mayores en el futuro. De hecho, el exministro de Economía ya ha dejado caer en público que la inflación "quizás no sea tan transitoria" como se había previsto y que en algunos países se podrían estar originando burbujas inmobiliarias.

Luis de Guindos, Christine Lagarde, Emmanuele Macron, Christian Lindner, Pablo Hernández de Cos, Mario Draghi.

Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, está alineado con quienes defienden con más fuerza mantener el actual calendario de retirada de estímulos y retrasar la subida de los tipos de interés hasta 2023. El objetivo sería evitar ahora una recaída de la economía cuando países como España aún no han recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia.

En Alemania, sin embargo, los halcones -que, hay que reconocerlo, tras los errores de 2010, después han tenido paciencia- empiezan a insistir en que es hora de que el BCE actúe.

Scholz fue ministro de Finanzas de Merkel y su sucesor es un liberal, Christian Lindner, al que le preocupa que el ahorrador medio alemán que tiene su dinero en depósitos bancarios lleve años sin recibir remuneración por ellos y ahora, además, esté sufriendo la mayor subida de los precios de los últimos 30 años. Y, por si hubiera alguna duda de en qué dirección van a presionar a Lagarde una vez que Macron pase las presidenciales, basta con ver el perfil del nuevo presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, para entender hasta qué punto está alineado con los frugales.

Hay dos claves fundamentales para entender la dificultad de este debate. La primera es atender a lo que está pasando con la inflación. Si bien es cierto -como sostiene el discurso oficial- que la crisis de la energía es el origen de esta subida de precios, también lo es que una parte del encarecimiento de la factura energética de los europeos se debe a los derechos del CO2.

Hasta que seamos un continente verde, la energía va a ser más cara en Europa. Y sobre la incertidumbre que rodea a cómo evolucionará el precio del gas, basta con ver lo que está ocurriendo en Ucrania. Siendo cierto que los futuros del gas venían anticipando una bajada en el segundo semestre, también lo es que su precio sigue siendo más caro al de antes de la Covid-19.

A esto se suma que más allá de la crisis de suministros, la pandemia ha cambiado la visión de hasta qué punto Occidente debe depender de China y sus exportaciones baratas. Esto es algo que, explican los economistas, también juega en contra de una baja inflación. 

La segunda clave es saber si endurecer la política monetaria puede ser el detonante de la crisis de deuda que vienen anunciando las palomas europeas. El mercado de bonos soberanos está intervenido por el BCE, lo que impide conocer hasta qué punto hay demanda de deuda española o italiana y por tanto, hasta dónde subirán las primas de riesgo.

Sin embargo, hay margen para el optimismo. Que España comenzara a pagar más por su deuda pública en un mercado inundado de liquidez sin destino rentable, también atraería la inversión. Hoy en día ganar -por ejemplo- un 2% con un bono soberano europeo sería un lujo para cualquier inversor. Esa demanda ayudaría a controlar las primas de riesgo.

Con esto sobre la mesa, el Gobierno español tiene dos opciones: comenzar a preparar un plan de consolidación fiscal creíble para contar con la confianza de los inversores cuando llegue ese momento o No mirar arriba, como en la película, y confiar en que los precios no vayan a forzar un cambio en la actual hoja de ruta del BCE.

ATENTOS A...

A falta de unas semanas para que se publique el informe de la comisión de expertos nombrada por María Jesús Montero para la reforma fiscal, se comenta que el Gobierno descafeinará la propuesta, dada la impopularidad de muchas de las medidas para subir impuestos y al calendario de elecciones continuadas que se dibuja en España de aquí a 2023.

Héctor Izquierdo y María Jesús Montero.

El informe ha generado polémica incluso entre quienes fueron encargados de hacerlo. Hay dos expertos que abandonaron la comisión por discrepancias: Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio. Y, además, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, abandonó el Gobierno para ser sustituida por un economista de prestigio, pero no experto en fiscalidad, Héctor Izquierdo. Una muestra de cómo están las cosas en materia fiscal, cuando no se ha cerrado aún el episodio laboral.

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