El documento de trabajo del Ministerio de Sanidad desvelado por Invertia en el que se propone la supresión de las mutualidades de atención sanitaria de funcionarios, militares y personal de Justicia no ha gustado ni en el sector de la salud ni en los usuarios. Se trata de una iniciativa que, además, tendría un importante impacto económico, puesto que la sanidad pública tendría que asumir una millonaria alza del gasto sanitario.

A día de hoy, más de 1,8 millones de personas son beneficiarias del sistema de mutualidad, ya sea a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas). Si tienen que ser absorbidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS), esto supondrá un incremento del gasto de más de 760 millones de euros.

La causa de este aumento está en la eficiencia. Según los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), la inversión que se hace a través del modelo mutualista, en el que la atención sanitaria se realiza a través de centros privados, es mucho más eficiente en términos económicos.

De esta manera, y poniendo de ejemplo a Muface (que es la mutua con más usuarios, más de 1,3 millones), cada mutualista supuso un impacto económico de 864 euros en 2019. En cambio, el gasto sanitario público por usuario fue de 1.291 euros. Es decir, que la Administración ahorró unos 427 euros por cada mutualista. 

Seguro de salud

Sin embargo, según los argumentos de la Fundación IDIS, también hay otro cambio que se propone en el polémico documento de trabajo que tendría impacto en el gasto sanitario público. El texto promueve que, además de las mutuas, se eliminen también las exenciones fiscales para las personas que tienen seguro de salud.

Este incentivo fiscal es una de la causas que contribuyen a que en España haya 8,7 millones de usuarios con seguro de salud privado. Según la fundación, esto permite unos ahorros para la sanidad pública de entre 4.949 y 11.328 millones de euros puesto que estos ciudadanos no usan los recursos sanitarios públicos aunque siguen financiándolos a través de impuestos.

¿Por qué esta orquilla de ahorro tan elevada? Porque depende del tipo de aseguramiento que tenga el usuario. Si el asegurado recurre exclusivamente a la sanidad privada sin ‘consumir’ la pública, se estima que el ahorro para las Administraciones es de unos 1.291 euros. En cambio, si hay un uso parcial del sistema público, el ahorro se queda en los 564 euros.

Inquietud

El documento de trabajo de Sanidad ha causado inquietud en todo el sector de la sanidad privada. El presidente del IDIS así como de HM Hospitales, Juan Abarca, ha avisado de que es incomprensible que desde el Ministerio se plantee una reforma este calado en el sistema sanitario y ha tildado de irresponsable este abordaje, dada la crisis generada por el Covid-19.

Para Abarca, este conjunto de medidas "intenta aprovechar el dolor de la gente" para cambiar las reglas de juego en las que se mueve el sector sanitario y avanzar en su "estatalización" con una “apuesta ideológica”.

La propuesta tampoco ha gustado entre los funcionarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dirigido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios.

En este sentido, y en un comunicado, CSIF recuerda que el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios (que hasta la transición democrática se encontraban desprotegidos). “El sistema de mutualismo administrativo, pese a su déficit de financiación, reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud”, aseguran.