El Ministerio de Sanidad trabaja en varios escenarios de futuro a la hora de reformular el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras el terremoto que ha supuesto el Covid-19. Sin embargo, algunas de las posibilidades puestas sobre la mesa por el conjunto de expertos consultados por el departamento de Salvador Illa podrían romper los cimientos del modelo sanitario español.

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Según un documento de trabajo al que ha tenido acceso Invertia, los planes de Sanidad podrían pasar por un cambio completo de las reglas del juego con la industria farmacéutica. Para empezar, se apuesta por “revertir” en el SNS unos 8.000 millones de euros que se detraerían del gasto en medicamentos innovadores.

El argumento del Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-Covid-19 está en que esta cantidad correspondería al “gasto sobre precio (por encima de los costes de fabricación y de investigación)” que las Administraciones Públicas pagan a la industria del medicamento.

Unas píldoras.

Y es que a pesar de las drásticas medidas que se han aplicado sobre la inversión en medicamentos en los últimos 10 años, el documento considera que “el gasto farmacéutico público puede poner en riesgo la estabilidad económica del sistema”.

El informe también incluye importantes medidas en el campo de las mutualidades. Concretamente, apuesta por su supresión.

Reclama que se aplique lo orientado en la Ley 14/1986, según la cual “el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el SNS, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos”.

Final de las mutualidades

Es decir, poner fin a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), cuyos beneficiarios son atendidos en centros de la sanidad privada.

De hecho, la sanidad privada es una de las grandes perjudicadas por las propuestas recogidas en el documento, que son producto de una ponencia formada por “20 profesionales destacados conocedores del SNS de distintos ámbitos y áreas del conocimiento y por toda la estructura directiva del Ministerio de Sanidad, así como profesionales de los gabinetes del ministro y del secretario general de Sanidad”.

Este jurado considera necesario reforzar la gestión pública a todos los niveles. Es más, en el documento, de unas 33 páginas, solo se menciona la colaboración público-privada en el campo de la investigación y con la industria farmacéutica. De hecho, también apuesta por la eliminación de las desgravaciones a seguros de salud, a día de hoy activas para incentivar su uso.

De llevarse a cabo estos planes, el impacto en el sector privado sería catastrófico. Cabe recordar que muchas empresas afrontan una situación cercana a la bancarrota debido al impacto del Covid-19. La mayor parte de las consultas se han vaciado, pero como la sanidad ha sido un servicio esencial los hospitales privados han tenido que permanecer abiertos pese a no tener actividad.

De hecho, fuentes cercanas a estas empresas ya han expresado su sorpresa e inquietud sobre el contenido del documento de trabajo del Ministerio. 

Recentralización

Hay más. Aunque no habla de competencias, el texto sí hace hincapié en que el Ministerio de Sanidad debe recuperar “diferentes estructuras sólidas que den respuesta a su papel de liderazgo y coordinación en el SNS”, fortaleciendo su liderazgo.

Además, se propone poner fin a la formación continuada de los profesionales sanitarios tal y como está concebida a día de hoy. En este momento se financia a través de transferencias de valor de la industria sanitaria. Principalmente, de la farmacéutica. 

¿Qué dice el documento? Básicamente que “la formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público”.

No sólo eso, también se precisa que la formación debe obedecer a mejorar los objetivos del SNS y no tanto a las preferencias de las/os profesionales que, "siendo legítimas, pueden no coincidir con el desempeño de sus competencias en el sistema”. Es decir, que se podría obligar a un médico a formarse en competencias profesionales que no fueran las escogidas por él.