Anda revuelto el patio estos días entre las plataformas de vídeo y las televisiones. El run run en el sector es que el Gobierno ultima su proyecto de Ley Audiovisual para someterlo a audiencia pública antes de que acabe el mes. Una norma en la que, salvo sorpresa, se incluirá la equiparación de las obligaciones fiscales de los operadores extranjeros como Netflix o HBO a los operadores locales. 

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Se trata de una de las grandes exigencias del sector, que no entienden cómo es posible que se permita a esas grandes plataformas de vídeo pagar impuestos irrisorios en nuestro país. Así que es muy probable que el Ejecutivo intente poner coto a esa ingeniería fiscal a través de una pequeña artimaña legal que las obligue a descubrir su secreto mejor guardado: el número de usuarios. 

¿Y cómo podría hacerlo? Sencillo. A través de la equiparación de los deberes de los operadores nacionales y extranjeros en asuntos como la producción de cine europeo o la tasa RTVE. De este modo, se busca que también aporten el 5% de sus ingresos operativos para financiar el cine y el 3% de los ingresos brutos para financiar Radio Televisión Española (RTVE). 

Número de suscriptores

Por tanto, si la normativa obliga a Netflix, HBO o Amazon Video a pagar una tasa sobre sus ingresos, se verán obligadas a descubrir cuánta gente está realmente suscrita a cada plataforma. Algo que, hasta el momento, se desconoce con exactitud ya que tan solo existen estimaciones realizadas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y también del Estudio General de Medios. 

El último dato disponible de la CNMC, que data de finales de 2019, indicaba que la plataforma de Reed Hastings tenía algo más de dos millones de usuarios. Una cifra que, según se rumorea, podría ser ahora el doble. Y es que la opacidad que rodea a este dato en Netflix y el resto de plataformas de vídeo es máximo. 

Reed Hastings, CEO de Netflix.

Fuentes del sector explican que tiene lógica. A ninguna de ellas les interesa publicar la cifra, pues supondría desvelar la cifra de negocio que tienen en España. Eso implicaría que se podría comprobar cuál es el nivel de ‘trampa’ legal que hacen para evitar pagar el Impuesto de Sociedades. 

Por tanto, el objetivo que tiene el Ejecutivo es que las tasas recaigan sobre los ingresos. De ese modo, tendrán que desvelar los usuarios y, de paso, dejar de facturar desde otro país y pagar lo que les corresponde en España. 

El impuesto de sociedades

Por ejemplo, en el caso de Netflix su matriz en España abonó en 2018 algo más de 2.600 euros; en el caso de HBO la cosa no es mucho mejor, poco más de 45.000 euros. ¿Cómo es posible? Básicamente porque facturan a sus usuarios en España desde Irlanda, exactamente como hacen otras plataformas como Facebook o Youtube. 

El tema de los ingresos de las grandes plataformas no es el único cambio que tendrá la legislación audiovisual. El Gobierno tiene que transponer la normativa comunitaria aprobada en 2018, en la que se busca también una mayor protección de los menores ante contenidos no apropiados y poner límites a la publicidad. 

En breve se conocerá el detalle. En el momento en el que se someta a audiencia pública el sector tendrá quince días para las alegaciones y hacer contribuciones. A partir de ahí, el Gobierno podrá someter la norma a consideración y llevarla al Congreso de los Diputados para su aprobación. Por tanto, una norma cuya aprobación estaba prevista en el primer semestre del año, podría ver la luz antes de que finalice el ejercicio 2020.