La segunda oleada de revisión del gasto público (spending review) de la AIReF ha reabierto el debate sobre el impacto de las comisiones en la rentabilidad final de los planes de pensiones, incluida en ella las ventajas fiscales a las que se pueden acceder. Según los cálculos del organismo, quien puede beneficiarse de los incentivos, recibe un mordisco de las comisiones que puede dejar el saldo final incluso en negativo.

En concreto, el informe de la AIReF apunta a que las rentas altas son las que tienen esa capacidad de ahorro para realizar aportaciones. Sin embargo, el beneficio fiscal que pueden exprimir durante 20 años es de 773 euros, mientras que las comisiones que pagan ascienden a 7.776 euros.

Las rentas más bajas sí obtienen un beneficio fiscal superior, de 9.096 euros, frente al coste que suponen las comisiones. Pero de poco sirve, pues según la AIReF, es precisamente este colectivo el que menos contrata planes de pensiones por su poca capacidad de ahorro. 

Equilibrio en los costes

Desde la industria financiera rechazan estas perspectivas. Siempre han defendido la proporcionalidad de las comisiones y desde Inverco recuerdan que España es uno de los pocos países que mantienen regulada, por ley, la comisión de gestión de estos productos.

Es cierto. De hecho, en 2014 y en 2018 se llevaron a cabo notables rebajas en los precios máximos que las gestoras pueden cobrar a sus partícipes por la gestión de ese ahorro para la jubilación. En concreto, se establecieron tres niveles máximos de comisiones.

El primero es para los planes de renta fija, los más ‘baratos’ al ser los de menor riesgo con una comisión de gestión del 0,85% anual. El segundo nivel está compuesto por los planes mixtos, que pueden cobrar hasta un 1,3% y el tercero por los de renta variable, con comisiones de gestión que no pueden superar el 1,5%.

“Somos muchas gestoras operando en el mercado y el cliente puede decidir con cuál de todas quiere operar. También hay que tener en cuenta que la comercialización del producto tiene un coste, no puede ser gratis para el cliente”, defienden desde una gestora nacional.

A pesar de la firme defensa que desde el sector realizan sobre el coste de los planes de pensiones, lo cierto es que los datos que maneja la OCDE evidencian que estos productos son más caros en España que en otros países. El organismo calcula que la comisión media se sitúa en el 1,1%, solo superada por la aplicada en Letonia y República Checa, con un coste global del 1,5% y del 1,3%, respectivamente. El dato se limita al 0,2% en Alemania o Reino Unido, donde es cierto que el sistema de planes de empleo, más baratos en comisiones, está mucho más desarrollado.

Desde las asociaciones de consumidores indican, además, que el mayor coste en España también está ligado a la forma de comercialización de estos productos. Y es que en muchas ocasiones los partícipes no llegan a él como fórmula de ahorro para la jubilación, sino como un producto vinculado para rebajar el coste de otro como, por ejemplo, una hipoteca. Aunque se tenga en cuenta el perfil del ahorrador, el banco suele ofrecer en estos casos los productos que más le interesan para ingresar más por comisiones.

Otros costes

Además de la comisión de gestión, el partícipe también asume la de depósito, que por ley se establece en el 0,20%. Pero más allá de saber qué comisiones cobran los planes de pensiones, hay que entender cómo se cobran para averiguar por qué impactan de distinta forma según las rentas.

En concreto, el dinero que se paga en comisiones se incrementa a medida que aumenta el capital del plan. “Esto es así por que a efectos prácticos no es lo mismo gestionar un fondo de 20.000 euros que uno de 200.000.. . cuanto más dinero, más complicada es la gestión”, indican los expertos. Además, las comisiones se aplican sobre el total del dinero invertido, y no sobre los beneficios generados. Es decir, tanto si gana como si pierde, las comisiones se cobran igual.

Nueva fiscalidad, sin eliminar ventajas

En lo que sí coinciden todas las partes, industria, Gobierno, partícipes y AIReF, es que el incentivo fiscal actual no funciona para favorecer el ahorro a largo plazo. El estudio de beneficios refleja cómo los hogares españoles acumulan unos 11.000 euros cuando llegan a la jubilación, el producto financiero al que menos ahorro se destina. En la parte alta de distribución, el saldo apenas supera los 20.000 euros.

"Solo este análisis lleva a la conclusión de que el beneficio fiscal no funciona, igual que pasa en otros países", indican desde la AIReF.

Pero que no funcione no significa que haya que eliminarlo, como en su día planteó el Gobierno para trasladar la ventaja de los planes del sistema individual a los del sistema de empleo. Desde las gestoras de fondos y del sector seguros, a través de su patronal Unespa, abogan por que el desarrollo de esa fiscalidad vaya a la par en los dos pilares del sistema.

Además, y de cara a los planes del Gobierno, recuerdan que los 1.643 millones de euros que, según AIReF, el Estado ‘pierde’ por el incentivo fiscal, tiene un impacto real de 450 millones de euros si se tiene en cuenta la tributación de las prestaciones de estos sistemas. Es decir, un 1,28% sobre el total del coste fiscal analizado por la AIReF (35.000 millones de euros).