La guerra judicial entre Azvalor y su exjefe de análisis, Víctor Moragas, se aproxima a su final. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la improcedencia del despido del analista, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2019, si bien ha echado atrás la obligación por parte de la gestora de readmitirle, tal y como había establecido previamente una sentencia del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid.

En la sentencia número 136/2021 de la Sala de lo Social del TSJ Madrid, a la que ha tenido acceso Invertia, “y tras confirmar la declaración de improcedencia del despido de fecha 17/05/2019”, se falla “condenar a la mercantil Azvalor Asset Management SGIIC, S.A.U., a estar y pasar por tal declaración, y a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión o el abono de una indemnización cifrada en 47.413,01 euros”.

Así pues, Moragas ya no tiene relación profesional de algún tipo con Azvalor y le han sido satisfechas tanto la cantidad inicial de 203.000 euros en concepto de salarios dejados de percibir, fruto de una ejecución provisional de sentencia que pidió el analista, como la indemnización por la cantidad arriba citada en concepto de despido improcedente, según ha podido confirmar este periódico con fuentes conocedoras.

En total, la gestora de Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad, Beltrán Parages y Sergio Fernández-Pacheco ha tenido que abonar a Moragas cerca de 250.500 euros.

Moragas siempre ha defendido que su despido fue improcedente, mientras que la firma lo calificaba de disciplinario. De hecho, fue Azvalor quien presentó el recurso de suplicación ante el TSJ Madrid tras la sentencia del Juzgado de lo Social. Preguntadas al respecto, ninguna de las partes ha hecho comentarios a esta noticia.

¿Qué queda pendiente?

A la guerra judicial que lleva dos años abierta entre Azvalor y Moragas ya le quedan pocos frentes que dirimir. Por parte de Moragas, al ser su despido improcedente y tener firmado un pacto de socios, debería cobrar los dividendos generados por la gestora durante cuatro años, pero tiene interpuestas hasta cinco reclamaciones de cantidad a Azvalor por la vía laboral por la parte del beneficio que no ha estado cobrando a tenor de este pacto.

Por parte de Azvalor, queda pendiente una querella contra su exempleado por la vía penal en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid por los supuestos delitos de “calumnias, injurias, extorsión, coacciones y amenazas”.

Esta vía penal fue reabierta a petición de Azvalor tras haber sido sobreseídas y archivadas varias querellas previas de la misma índole y sin que a Moragas se le imputara nada ni se le llamara a declarar por estos supuestos delitos.