El marcaje fiscal del Gobierno a las criptomonedas promete una escasa factura a favor de las arcas públicas. Los expertos del sector cuantifican en menos de 40 millones de euros la recaudación extra que la nueva normativa será capaz de aflorar en su primer año de aplicación.

Esta cifra, como ha ocurrido con otros gravámenes de reciente aprobación como la ‘tasa Tobin’, se queda corta con respecto a las previsiones que baraja el Gobierno. Y es que, si bien el Ministerio de Hacienda no ha dado cifras concretas con respecto a esta iniciativa, sí que se puede inferir un objetivo cercano a los 60 millones de euros.

Desde la industria se apunta en primer lugar a que muchos inversores ya están tributando cuando liquidan su posición en criptomonedas. Después, señalan que el objetivo de que también se tribute por operaciones entre diferentes ‘criptos’ es “intentar poner puertas al campo”. Y eso va en contra de lo que han estipulado otros países europeos y además exige un control muy exhaustivo, continuado y costoso de cada contribuyente.

Objetivo recaudatorio

El montante objetivo que se habría propuesto el gabinete de María Jesús Montero se desprende de los números que su ministerio baraja para todo el paquete de normas contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal aprobado este último miércoles por el Consejo de Ministros. En total, Hacienda mantiene la aspiración de conseguir 828 millones de euros gracias a estas medidas.

De esta cifra, se espera percibir 110 millones de euros gracias a la ampliación de la lista de morosos, otros 218 millones por la limitación de los pagos en efectivo y otros 300 millones más del control a los sistemas de contabilidad de las empresas. Una vez detraídas estas partidas, solo quedan 200 millones para el resto de iniciativas cuyos objetivos particulares quedan sin detallar por ahora.

A pesar de esta falta de concreción, con base en el peso que representan en la huella fiscal del sistema tributario cada uno de los sectores a los que van referidas, se puede alcanzar la referida cifra de 60 millones de euros para los cambios normativos que se han establecido para las criptomonedas.

Si bien estos números son los mismos que Hacienda aireó cuando lanzó el anteproyecto de ley en la materia a finales de 2018, lo cierto es que las criptomonedas son ahora mucho más populares que entonces entre la población española. Este factor, a diferencia de los señalados al principio, podría ayudar a que los objetivos del equipo de Montero pudieran ser más realistas que por aquel entonces.

Impulso inversor

Y no solo eso. Más allá de la cautela inicial con el impacto recaudatorio de la norma, desde la industria se defiende que las medidas para dar más transparencia al mercado de criptomonedas ayudarán a que más y más inversores se decidan a dar un paso que hasta ahora evitaban por desconfianza. Y, a más base inversora, más operaciones y más recaudación fiscal.

El portavoz en España del bróker eToro, Javier Molina, es tajante al señalar que “una vez que dejamos atrás el ‘Antiguo Salvaje Oeste’, esto viene a legitimar todo el entorno de las criptomonedas”. Además, insiste en que “viene a dar forma a algo que la mayoría veníamos haciendo”, en alusión al control de las operaciones de sus clientes y el origen del patrimonio invertido.

En este sentido, el impulso que los registros de inversión podría suponer para esta masa de inversores indecisos o con ciertas restricciones de cartera -como algunos institucionales- hace pensar a algunos en cifras mucho más favorables para el Gobierno a corto plazo. Aquí, a diferencia de lo que se prevé que ocurra con la ‘tasa Tobin’, los mecanismos para el control de Hacienda apuntan a garantías adicionales para la inversión que ayudarían a mejorar el atractivo de las ‘criptos’.

El fundador, consejero delegado y director tecnológico de Eurocoinpay, Herminio Fernández de Blas, reiteraba sus palabras en una reciente entrevista con Invertia: “Con seguridad jurídica, las ‘criptos’ serían imparables”. Una percepción que muchos colegas del sector comparten en España.

Plazos y costes

No obstante, reconocen que la implantación de las necesarias herramientas de registro de operaciones para su remisión al supervisor también supondrá un reto para la industria. En algunos casos, no se descarta que ciertos costes puedan terminar repercutiéndose a los clientes, especialmente si se despliegan herramientas avanzadas que faciliten la obtención de la documentación necesaria para la liquidación de los tributos correspondientes en cada caso.

En este sentido, el texto de la norma tal y como ahora está redactada prevé que el Banco de España cree un registro de plataformas de negociación y cambio de criptomonedas seis meses después de que la norma vea la luz en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ahí, comenzará a contar un plazo de tres meses más para que estas firmas comiencen a registrarse y enviar la información de sus clientes.

Si a estos plazos se le suman los habituales de trámite parlamentario, Hacienda podría ver atrasado el inicio de su recaudación hasta finales del año que viene. No obstante, esto no supondría un golpe para los planes del Gobierno más allá de que se trata de una partida menor.

Esto se debe a que esta partida no se contempla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en cuya aprobación parlamentaria ya está trabajando el equipo económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez.