No regular las redes sociales es siempre una opción a barajar; pero regular, si está justificado y se hace de manera proporcional, también debe ser una posibilidad de actuación. Espero que este artículo sirva de acicate de un debate vital para nuestras democracias. Un debate que, difícilmente, puede ser aplazable.
Si las redes sociales en su normal actividad provocan o habilitan algunas actividades claramente nocivas para el interés general deben estar sujetas a regulación. Uno de los fundamentos clásicos para la regulación pública es el control de las externalidades negativas. Es decir, que si una actividad privada puede provocar por su acción ordinaria o por una eventualidad catastrófica daños a los intereses comunes, por ejemplo la seguridad o el medio ambiente, se justifica su regulación pública.
La Comisión Europea constituyó un grupo de expertos de alto nivel para estudiar el problema de las noticias falsas y la desinformación. Este grupo descartó una regulación de las redes sociales, fomentando en cambio una coalición de agentes públicos y privados que colaboraran para mitigar el problema.
En el presente artículo pretendo contribuir al debate con una propuesta de regulación que afecte a las redes sociales y que se base en la mejor arma que tenemos las democracias para mejorar el debate público: “los periodistas”.
La idea, a modo de resumen, sería la siguiente:
Las redes sociales relevantes en el debate político que acepten publicidad de carácter político deberán financiar un programa de contratos de investigación para que los periodistas puedan incorporarse a medios de comunicación con probada trayectoria en la lucha contra las desinformaciones y la verificación de noticias.
También deberán poner a disposición de los mismos herramientas de investigación y análisis de las publicaciones y financiar un fondo conjunto de desarrollo o evolución de herramientas de análisis e investigación.
La justificación de la idea
Las empresas que requieren supervisión pública, como las pertenecientes al sector eléctrico o al de las telecomunicaciones, son quienes sufragan al organismo supervisor -en este caso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- y le dotan de los recursos necesarios para algunas iniciativas de interés general como la banda ancha universal o el bono social. Si las redes sociales habilitan la articulación de campañas de desinformación de alto alcance y viralidad, deberían contribuir a su mitigación.
El modelo de la medida
Los sistemas públicos de ciencia y tecnología llevan muchos años gestionando convocatorias de apoyo a la I+D+i mediante comités científicos internacionales. En este caso, se trataría de seleccionar a un número razonable de periodistas para que se incorporen a medios de comunicación con probada trayectoria bajo la coordinación de un tutor de reconocido prestigio.
Estos periodistas dedicarían la mitad de su tiempo a la comprobación e investigación de noticias e irían etiquetando aquellas según un código de buenas prácticas comúnmente aceptado.
Facebook reconoce que dispone de 15.000 empleados dedicados a la verificación de cuentas y contenidos y otras funciones de seguridad, y que para final de año serán 20.000. Por eso, una iniciativa como la que se propone en este artículo resultaría proporcional. Además, no parece razonable que sea una compañía privada quien desarrolle sus propias normas y tecnologías y contrate a su propio personal para tratar de resolver, por sí misma, un problema de interés general.
Se trata de una medida que podría aplicarse a nivel europeo o nacional, que requeriría de algún instrumento público-privado para su gestión y que debería hacerse de la mano de los principales interesados en que este problema se ataje: las propias redes sociales.
Como decía al comienzo, no regular es siempre una opción. Pero creo que debemos estudiar las formas de afrontar uno de los grandes retos de las democracias digitalizadas en las que vivimos y en las que queremos convivir: la desinformación, las injerencias y la propaganda que dificultan un debate público informado y racional.
Juan Corro es ingeniero, político y VP de Estrategia y Desarrollo de Negocio en SAYME