Vodafone anunció este miércoles un nuevo ERE que afectará a un máximo de 515 empleados, el 12% de su plantilla. Es el segundo expediente de regulación de empleo de la operadora en tres años después de que en 2018 zanjara la salida de otras 916 personas. En este periodo, se ha pasado de 5.165 empleados a 3.734 tras este último anuncio.

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El ERE de Vodafone se suma al anunciado en mayo por Orange, su principal rival, en el que apuntó a la salida de otras 400 personas, poco más del 10% de los 3.000 empleados de Orange Espagne. La operadora tiene unos 5.700 trabajadores en España, incluyendo tiendas propias y plataformas. 

En 2019, Telefónica acordó un Plan de Suspensión de Empleo Individual (PSI) que incluyó a 2.636 empleados en España, los que recibirán un 68% del salario bruto. Esto supuso reducir la plantilla activa de la operadora a los actuales 19.000 empleados de las sociedades Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

Si solo se incluyen EREs, hay al menos 900 bajas en cuatro meses, que se elevan a 3.500 si se incluyen las salidas pactadas de Telefónica desde 2019. En definitiva, una pérdida de empleo nunca vista en la historia reciente del sector y una nueva prueba de que estamos ante un sector que necesita cambios urgentes para asegurar su supervivencia.

Una destrucción de empleo que es consecuencia de un modelo agotado, abonado al bajo coste, deflacionario y que ha llevado al sector a reducir notablemente sus ingresos y a poner en riesgo la importante inversión en digitalización que deben afrontar los operadores industriales.

Caída de ingresos

Un entorno favorecido por el regulador, la CNMC, que ha hecho la vista gorda ante la proliferación de decenas de marcas y ofertas que no han hecho más que destruir valor. Competencia vela porque haya el mayor número posible de actores en el mercado, lo que ha generado que el sector se devalúe y entre en una profunda crisis.

Estamos hablando de un sector estratégico, pero deflacionario, y con una rentabilidad negativa. Un contexto de enorme presión e intensidad competitiva en precios que repercute en un bajo valor de mercado provocando una caída muy significativa de los ingresos en los últimos años.

Los datos son reveladores: el sector ha perdido el 30% de los ingresos minoristas en diez años, la pérdida de valor del sector de las telecomunicaciones en cinco años ha sido del 45%, el 60% de las nuevas altas de líneas del sector se producen en el segmento low-end y las principales operadoras (Telefónica, Orange y Vodafone) han perdido, aproximadamente, 600.000 clientes desde enero, 2.460 clientes cada día. 

Ni siquiera el maná de los fondos europeos y las promesas de la vicepresidenta primera Nadia Calviño de aprobar un paquete de rescate al sector han traído la calma a unas empresas que ven como los próximos meses son decisivos para la supervivencia de sus cuentas.

Esta dinámica de migración de valor tiene serias implicaciones para el desarrollo de las infraestructuras críticas para el país, ya que los operadores industriales que se espera que enfrenten el riesgo del nuevo ciclo de inversión son los que tienen el peor punto de partida y las perspectivas más complejas en términos de rentabilidad, por lo que están en una posición débil para invertir.

Frente a esta situación, todas las voces piden consolidación en el sector. De hecho, las últimas operaciones van en esta línea tras la compra de Euskaltel por parte de MásMóvil por 2.000 millones de euros más deuda.

El problema es que, con la regulación existente, siempre habrá un cuarto operador que, beneficiado por los remedies de la integración de las partes consolidadas, volverá a poner en marcha la maquinaria para sacudir el mercado y volver a la casilla de salida. Así ocurrió con Ono, Jazztel y MásMóvil.

¿Qué hacer? las fuentes consultadas por este diario insisten en que las operadoras deben cambiar, evolucionar su modelo de actividad, entrar en nuevos negocios y buscar de nuevo la rentabilidad para crecer de forma sostenible y saludable para invertir.

Nuevos operadores

Por otro lado, en el sector ya se empieza a hablar de que los grandes players digitales como Amazon, Netflix, Twitter o Facebook comiencen a pagar por utilizar las redes de estas compañías de vocación industrial. Un ejemplo interesante es lo que ha pasado en Corea del Sur, donde conscientes de la situación el regulador ha forzado a Netflix a pagar por el uso de la red.

Pero estos esfuerzos, al igual que el plan del Gobierno para mejorar la fiscalidad de las operadoras de telecomunicaciones en España, serían inútiles si no hay una voluntad de todo el sector de parar con la guerra comercial y el bajo coste. Si esta decisión no se toma pronto, no habrá dinero para redes ni para 5G y la digitalización que demanda la economía española se quedará a medias.