El Gobierno ha autorizado este martas la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas del Plan de extensión de la banda ancha (PEBA), dotada en esta ocasión con 150 millones de euros, con la que el Ejecutivo quiere ampliar la conectividad de muy alta velocidad a las zonas rurales del país en la marco de sus esfuerzos para abordar el reto demográfico.

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En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes la concesión de estas nuevas ayudas a operadores de telecomunicaciones con el fin de que lleven a cabo proyectos de extensión de las redes de banda ancha de última generación y de "muy alta velocidad" en zonas rurales del país donde está previsto que haya cobertura o en las que esta sea de baja velocidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el importe de las ayudas para la convocatoria de 2020, que supone la sexta del plan PEBA, asciende a 150 millones de euros, de los que 125 millones de euros que proceden de fondos comunitarios Feder.

En este sentido, Montero ha recordado que hasta el momento este plan ha concedido ayudas por importe de 479 millones de euros y ha movilizado proyectos por valor de 871 millones de euros, que han permitido llevar Internet de alta velocidad a 5,48 millones de hogares y empresas en núcleos de población que carecían de ello.

Paréntesis del Covid

La portavoz del Gobierno ha remarcado que estos planes han permitido que España cuenta actualmente con unos ratios de conectividad que hacen que el país tenga un mejor indicador que el promedio de la Unión Europea (UE), especialmente en lo que se refiere a la cobertura en zonas rurales.

Montero ha remarcado que la conectividad y la accesibilidad a los servicios públicos en las zonas rurales del país es un factor "esencial y especialmente importante" a la hora de abordar el reto demográfico, que es una de las prioridades del Gobierno actual.

A este respecto, ha agregado que, a pesar del "paréntesis" que ha ocasionado la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo está trabajando para que no haya ningún lugar en España en el que, por dificultad de acceso a los servicios públicos o por un problema de conectividad, "no sea elegido como lugar de residencia habitual" por los ciudadanos