Laura Ojea Fernando Cano

El precio de la luz ha vuelto a marcar su máximo precio histórico en más de 122 euros por megavatio hora (MWh), el enésimo récord en lo que va del mes de agosto. Esto confirma definitivamente lo que muchos temían: este mes se pagará la factura de la luz más cara de la historia y lo que es peor, en septiembre y probablemente octubre, se vuelvan a batir sucesivamente estos precios.

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Los expertos consultados por este diario coinciden en que mientras no baje el precio del gas -y eso no pasará hasta llegar a finales de año- no se rebajarán los precios mayoristas de la electricidad y, por tanto, no se bajará la presión sobre la factura media que pagan los consumidores.

Esta escalada de precios lleva a que la factura de la luz de un usuario medio en agosto vaya a ser la más cara de la historia, con un encarecimiento en lo que va de mes del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según los cálculos de Facua-Consumidores en Acción. 

Si consideramos que la factura media en agosto del año pasado fue de 63,77 euros, el coste de este agosto estaría en torno de los 91 euros, 27 euros más que hace un año para un consumidor doméstico (una familia de cuatro miembros) acogido a la tarifa regulada (PVPC), con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo medio anual de unos 4.000 kWh. Hablamos de unos 10 millones de usuarios.

Hasta la fecha, las cinco facturas más elevadas han sido los 87,81 euros de enero de 2017; los 85,34 euros de julio de este año; los 83,55 euros de septiembre de 2018; los 82,13 euros de mayo de 2021 y los 81,55 euros de febrero de 2021.

Bajada de impuestos

De hecho, la factura de la luz batirá récords pese a los esfuerzos del Gobierno por reducir la factura tras reducir el IVA del 21% al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW; y la suspensión temporal, en el tercer trimestre del año, del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Los cálculos de las asociaciones de consumidores indican que la reducción de la factura de la luz de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC), de cuatro miembros en la familia y un consumo de 4.000 kWh/año, podría ser de seis o siete euros.

Esto significa que el impacto de estas medidas para rebajar la factura será testimonial y que será totalmente anulado por los grandes precios mayoristas que se han venido sucediendo en las últimas semanas de agosto. 

Como ya venían anunciando los expertos, los valores mayoristas de la electricidad han vuelto a máximos históricos, solo solo dos semanas después de registrar cinco jornadas de récords consecutivos. El viernes pasado se rozó el récord y este jueves se volverá a superar.

Una situación que llega sin que nadie pueda parar esta escalda. Después de días de disputas entre el Gobierno, Oposición, la Unión Europea y las eléctricas la única conclusión es que ninguna medida tendrá un efecto inmediato, al menos en el mediano plazo.

Medidas a medio plazo

La justificación de los precios está en los mismos factores que dispararon los precios la semana pasada: temperaturas altas que elevan el consumo, poco viento que frena la aportación de la energía eólica y precios disparados del gas y del CO2. Un mix que probablemente dispare los precios mayoristas por encima de los 120 euros de manera consistente en los próximos días.

Dentro de las medidas a medio plazo (fuera de las bajadas de impuestos) para rebajar la factura ya desde el punto de vista estructural, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para limitar los beneficios "caídos del cielo" de las eléctricas con carácter de urgencia. 

La medida impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases. Estamos hablando en cualquier caso de una ley que no tendrá efectos reales hasta al menos bien entrado el año 2022.

Frente a esta situación, la semana pasada el Ejecutivo deslizó nuevas soluciones para intentar bajar la factura. La primera fue la creación de una empresa pública de concesiones hidroeléctricas -no una empresa pública de electricidad como pide Podemos-, aunque nunca se llegó a concretar nada.

En cualquier caso, una medida de este calado solo tendría impacto en unos 50 años, cuando se tenga a disposición todas las actuales concesiones que no se renovarían en las próximas décadas. 

Subastas renovables

Por otro lado, el Ejecutivo ha abierto un expediente informativo para investigar el vaciado del embalse de Ricobayo, que ha visto reducida su cota en las últimas semanas hasta situarse en poco más de un 10% de su capacidad y del que Iberdrola es la empresa concesionaria del título para su aprovechamiento hidroeléctrico, cuya vigencia expira en 2039.

El Gobierno sospecha que Iberdrola ha utilizado los precios disparados de la electricidad para poder cobrar más por la energía hidroeléctrica que está en su poder, pero la compañía se defiende indicando que es una práctica normal en el sistema de generación eléctrica. Con todo, esta investigación no tendría impacto en el precio de la luz.

Finalmente, el Gobierno ha lanzado, casi sin esperarlo, una nueva subasta de renovables que se celebrará el 14 de octubre. Sería la segunda de este año y también de la era Ribera donde se aumenta el objetivo hasta los 3.300 MW, con una horquilla que podría llegar hasta los 3.498 MW.

"La impresión que da, con tanta prisa y corriendo, es que el Gobierno necesitaba tomar alguna decisión para hacer frente a las críticas por la imparable subida del precio de la luz", explica a Invertia Yann Dumont, CEO de la consultora de energía renovable Reolum Renewable Research y presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía.

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