El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una nueva inversión de 800 millones de euros adicionales que se suman a los 1.000 millones de euros para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario. En total, 1.800 millones. Una lluvia de millones extra que entraña algunos riesgos en su ejecución ya que podrían traer consecuencias negativas, como ampliar una brecha entre pequeñas empresas y grandes. 

“En la industria agroalimentaria hay muchas empresas pequeñas y luego algunas empresas muy grandes. Las primeras, que suelen ser familiares y con menos de 10 trabajadores, lo tienen difícil para acceder a ayudas”, señala a este medio Eva Calonge, responsable de Financiación Pública en Ayming, una consultora especializada en innovación y fiscalidad. De ahí que afirme que se pueda crear una brecha más amplia entre ambos grupos. 

Lo cierto es que el sector (que supone el 10% del PIB) está compuesto por 915.000 explotaciones agrarias y ganaderas, 30.500 industrias agroalimentarias (un 96% son de menos de 50 trabajadores y un 79% no llegan a los 10 trabajadores) y 8.800 buques pesqueros.

El tamaño, por tanto, es un problema ya que para “participar en un proyecto de este tipo se necesita una estructura fuerte”, dice. Además, asegura que la mayoría de pymes “tiene problemas de innovación”. De las más de 30.000 empresas, la consultora calcula que solo 3.000 invierten.

Por eso considera que de este PERTE ‘agro’ solo se beneficiarán el sector público, empresas tractoras y las pymes que puedan asumir esa parte de inversión en innovación.  

Un grupo de vacas en una granja.

Aunque la experta apoya las ayudas que vienen de Europa, afirma que tienen “unos requisitos limitantes” ya que, por ejemplo, también deben ser solventes como dicta el criterio de la Comisión Europea. Y viniendo de una crisis de más de dos años, no todas las empresas se encuentran en buena posición financiera. 

De hecho, desde el propio sector son conscientes de la situación de indefensión de las pequeñas compañías. “Pedimos incorporar a otros agentes de la cadena y que se ayude a facilitar el acceso al PERTE a las pymes ya que les cuesta más seguir los aspectos burocráticos. Además, deben ser los más beneficiados”, asegura Tomás Pascual Gómez-Cuétara, el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

No obstante, los objetivos principales del PERTE son compartidos y aplaudidos por el sector y los expertos, que apuntan a que el problema reside en su ejecución. En un intento por transformar y modernizar la industria también se puede correr el peligro de dejar atrás a algunos actores solo por su tamaño, como reafirman otras fuentes del sector.

EL PERTE en cifras

Aunque ayer se presentó oficialmente el PERTE, este fue aprobado el pasado 8 de febrero por el Consejo de Ministros dotado con 1.000 millones de euros de inversión pública hasta 2023 y se prevé que genere un apalancamiento de inversión privada de 3.000 millones.

Estos primeros 1.000 millones anunciados se dividen en: 400 millones para incrementar la competitividad de la industria agroalimentaria; 454 millones de euros de apoyo a la adaptación digital de los agentes de la cadena de valor; y 148,56 millones de euros de apoyo a la investigación y la innovación.

Los 800 millones adicionales que anunció ayer el presidente del Gobierno se destinarán a la mejora del agua y la modernización de regadíos. En total, son 1.800 millones de euros.

En conjunto, se estima que tendrá un impacto de 3.000 millones en el PIB y permitirá crecer en más de 15.000 empleos. Solo se podrán compatibilizar con las de la Política Agraria Común (PAC) si son fondos destinados para una actuación global. 

El PERTE agroalimentario está codirigido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero también han participado el de Ciencia e Innovación y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital.